Seguridad devaluada
El mapa de riesgos políticos que cada año edita una gran aseguradora especializada la coloca penúltima del mundo, sólo por delante de Zimbabue, en materia de riesgo de default soberano. El ranking Doing Business del Banco Mundial que mide diversos indicadores del clima de negocios, última de Latinoamérica. Uno mejor (penúltimo) es el puesto con el que aparece en el Índice de Percepción de la Corrupción que elabora Transparency International, si consideramos Haití incluida en la región. Y por acabar, el modelo de evaluación desarrollado por el Economist Intelligence Unit (el Infrascopio) para medir la adecuación de los países latinoamericanos para participar en asociaciones público-privadas en sectores de infraestructura la relega al puesto 19 de 19 (7,1 puntos en un índice de base 100), en una lista encabezada por Chile (64,3), Perú (58,9) y Brasil (57,8). Quien conozca Venezuela sabe que, obviamente, no estamos hablando de la Venezuela del futuro.
El Infrascopio se compone de 18 indicadores, agrupados en cinco categorías: Marco legal y regulatorio; Madurez operacional; Clima de inversión; Facilidades financieras, y Régimen institucional. æpermil;ste último contiene sólo dos indicadores, Calidad del diseño institucional y Riesgo de retraso y expropiación de contratos, en los que Venezuela puntúa cero (lo mismo que Ecuador, por cierto). Lo que significa para el autor del estudio, resumidamente, que no existen agencias específicas y que las instituciones relevantes en el sector carecen de responsabilidad e independencia, y que los tribunales aplican los derechos de los operadores e inversores de manera pobre y sin un proceso efectivo de apelaciones.
Esos conceptos, entre otros y no sólo ellos, se integran comúnmente en un cajón de sastre de manida referencia que se da en llamar "seguridad jurídica". El imperio de la ley o el respeto de los contratos son expresiones usadas con el mismo significado. Manida referencia que en el caso de Latinoamérica llega, por desgracia, a la condición de manoseada.
Aunque una medida de devaluación de la moneda difícilmente podrá considerarse una expropiación (los seguros contra riesgos no comerciales de MIGA, la agencia multilateral de garantía de inversión en la órbita del Banco Mundial, no sólo no la consideran como tal sino que la excluyen de su cobertura en materia de restricciones de remesas o de conversión), la reciente decisión del Gobierno del comandante Chávez no dejará de producir sus contundentes efectos en la valoración del país como receptor fiable de inversión extranjera.
Por no hablar de la contaminación que se extenderá sobre la región, normalmente indiscriminada y muchas veces injustificada. No está de más comparar el resultado del informe Panorama de inversión española en Latinoamérica elaborado por IE Business School y Kreab Gavin Anderson para 2010 con el que elaboraron para el año pasado, y ver cómo se comportan algunas economías según el criterio de las principales empresas españolas, y, sobre todo, cómo se comportan algunas de las principales empresas españolas en relación con las economías de la región.
Sin entrar en otras consideraciones, el problema de la seguridad jurídica no se puede limitar al ámbito de las inversiones extranjeras. Es como, por ejemplo, cuando se describe el problema de la complejidad del sistema fiscal brasileño como un obstáculo para la inversión extranjera: pregúntele usted a un brasileño. Sin embargo, sí que es razonable que en cada concepto ideal de seguridad jurídica ponderen diferentemente en función de la perspectiva transnacional o no las diversas categorías que lo integran. Según el Latinobarómetro 2009, la ciudadanía venozolana considera que el principal problema del país es la seguridad pública. La delincuencia es el problema más importante del país para un 55% de la población, el mayor porcentaje de toda la región para cualquiera de los problemas. Eso es también seguridad jurídica en un país que, según estos mismos ejercicios demoscópicos, es el que más confía de toda Latinoamérica en que el Estado puede resolver todos los problemas (por ello será también que es el segundo que menos se preocupa por el desempleo).
Estas fechas recientes, por veraniegas que fueran, dieron en Argentina otro notorio ejemplo de la lectura interna del principio de seguridad jurídica: la destitución por decreto presidencial del Presidente del Banco Central. Desde la creencia de que preservar y extender las libertades y el imperio de la ley es un reto en la región, y desde la convicción de que son esenciales para el crecimiento económico y la prosperidad que pueden efectivamente contribuir a la erradicación de las desigualdades, habrá que aguardar con la misma ilusión y escepticismo el desenlace del contencioso administrativo en Argentina que el de la elección parlamentaria venezolana de este mismo 2010.
Jaime Llopis. Socio y coordinador de la práctica latinoamericana de Cuatrecasas, Gonçalves Pereira
