Los embargos y el paro disparan los concursos personales en EE UU
Las rentas medias y altas caen también en estos procedimientos
Una buena parte de las declaraciones de concurso de acreedores individuales en EE UU tienen como origen la imposibilidad de pagar facturas médicas. Ahora, la crisis económica, los embargos de propiedades inmobiliarias y el paro se añaden a la lista de motivos que están disparando las solicitudes de concurso de acreedores por parte de los estadounidenses. Según los datos del Centro Nacional de Investigación de Bancarrotas divulgados por The Wall Street Journal y AP, el año pasado se instaron 1,41 millones de procedimientos por parte de particulares, lo que supone un 32% más que en 2008.
Desde el año 2005, fecha en la que se registró un movimiento atípicamente elevado, no se registraban cifras tan altas. Es más, 2009 se convierte en el séptimo peor año en este sentido.
En el 2005 hubo un aumento inusual porque se cambió la ley de bancarrotas y se endurecieron los términos para solicitarla. Muchas personas decidieron entonces anticiparse a la entrada en vigor de la ley, prevista para octubre de ese año, que efectivamente redujo durante un tiempo estos procedimientos.
Hasta que llegó la actual Gran Recesión. El año pasado, el mayor crecimiento en este tipo de procedimientos, que han mantenido muy ocupados a bufetes en todo el país, se h producido en uno regulado por el llamado Chapter 7, al que se opta cuando no se puede pagar ni siquiera una pequeña parte de las deudas que se tienen. Es algo que da una pista muy clara de la situación a la que han llegado los ciudadanos que no tienen más remedio que liquidar sus activos.
Durante 2008 se detectó que los afectados por estos procedimientos no sólo eran personas de clases económicas humildes sino que también eran arrastradas a los tribunales familias de clase media y de altos niveles de educación que no han podido resistir el zarpazo de la crisis y la caída del precio de sus viviendas desde los máximos de la burbuja.
Ahora que incluso hipotecas no consideradas subprime o en principio carentes de riesgo han entrado en mora, es de esperar que se consolide esa tendencia.
Una reforma que choca con la recesión
En 2005 y bajo una intensa presión por parte del sector financiero, el Congreso aprobó la Ley de Prevención del Abuso de la Bancarrota y Protección de los Consumidores, BAPCPA en sus siglas en inglés, que en efecto complicaba el procedimiento de protección ante acreedores en los tribunales para las personas físicas. Aquella ley fue muy criticada porque presumía que se abusaba de la bancarrota y, de hecho, se dificultó la posibilidad de entrar en el procedimiento más habitual para liberarse de las deudas más importantes.A la vista de los efectos de esta crisis, los muchos críticos de esta reforma han vuelto a salir a la palestra para reafirmar que lo único que se ha conseguido es aumentar el papeleo y los procedimientos en manos de los abogados especializados en esta materia.