Economía sostenible y obra pública
El ministro de Fomento, José Blanco, anunció ayer que su departamento licitará hasta diciembre obras por valor de 6.080 millones de euros, con lo que durante todo el año se habrán invertido unos 19.000 millones. Más del 60% de estos nuevos recursos se destinarán al ferrocarril, en especial a las obras del AVE. Las carreteras se quedarán con algo más de 1.000 millones y el resto, otros 500 millones, servirá para mejorar puertos y aeropuertos. Blanco insistió en que una parte, sin precisar ni cómo ni cuánto, saldrá de la inversión privada. Las constructoras españolas, a través de la CEOE, ya han ofrecido su disposición hace tiempo para cofinanciar infraestructura sin haber recibido una respuesta. Al menos, hasta ahora.
La agilización de la construcción pública es una herramienta clásicamente keynesiana para combatir la crisis: genera actividad y empleo. Y ya se incluyó en el primer paquete de medidas aprobadas por el Gobierno para atajar la recesión. Por tanto, este nuevo anuncio no implica una actuación novedosa y, previsiblemente, el ritmo inversor continuará activo hasta que el sector privado muestre suficiente dinamismo, incluida la construcción residencial.
Sin embargo, que se acelere la licitación no implica que arranquen ya las máquinas. Una obra puede durar años y en numerosas ocasiones la primera parte del proyecto exige poco personal. Convendría pues, no sólo licitar más rápido, sino también dando prioridad a aquellas actuaciones que puedan precisar más trabajadores. En definitiva, es ahora, con una tasa de paro de casi el 18%, cuando se precisa ocupar el máximo de mano de obra.
Es previsible que el Ejecutivo haga lo posible para que estas obras empiecen pronto y empleen al mayor número de trabajadores. Por eso cabe alabar la decisión de continuar acelerando la construcción pública para combatir la recesión. No obstante, llama la atención que Blanco anuncie que estos recursos saldrán, al menos en parte, de los fondos destinados a Ley de Economía Sostenible. La gran apuesta del presidente José Luis Rodríguez Zapatero para cambiar el modelo productivo español contará, según anunció, con 20.000 millones de euros.
No sería bueno que este proyecto se convierta en un sumando de medidas inconexas con el fin de presentar una cifra abultada que deslumbre a la opinión pública. Una infraestructura de calidad es imprescindible para que una economía sea competitiva, pero sólo es una parte de esa revolución de modelo que prodiga Zapatero. Para cambiarlo hay que conseguir una formación de calidad, un apoyo decidido a los emprendedores y a la I+D+i, un marco regulatorio estable, menos burocracia, fomentar las actividades con más futuro y un mercado laboral más competitivo, entre otras cosas. Y a esto hay que destinar muchos recursos.