Catálogo de reformas

El cambio de modelo y, lo que es lo mismo, la necesidad (no nueva) de aumentar la productividad requiere, junto a algunas políticas específicas, un conjunto amplio de reformas.

Sin pretender plantear un programa definido de reformas, para lo que se necesitaría de expertos de distintas áreas y requeriría un debate amplio y reposado, se puede realizar un catálogo de reformas, incidiendo más en los objetivos de cada una de las acciones que en el diseño de las mismas.

En educación, sería prioritario reducir el fracaso escolar en secundaria y desarrollar (y revalorizar) la formación profesional. En educación universitaria, habría que mejorar los incentivos y avanzar en la flexibilidad administrativa, para un mayor aprovechamiento del capital humano existente y para intensificar las relaciones con las empresas.

Resulta crucial una reforma de las Administraciones públicas, que suponga una simplificación de los procedimientos y una agilización de la gestión y que conduzca a una mayor transparencia y eficacia y avance en la introducción del principio de responsabilidad en la gestión. Para ello habría que cambiar el sistema de incentivos a los funcionarios y proporcionar una dotación adecuada de medios. Respecto a la estructura territorial de la Administración, el objetivo debería ser alinear los intereses de los distintos niveles entre ellos y con los de la sociedad y el resultado debería ser una total coordinación frente al administrado y la ausencia de invasión de unos niveles en las competencias de los otros.

También es fundamental la reforma de la justicia, que conduzca a que las sentencias sean ágiles, eficaces y previsibles y a que los jueces sean absolutamente independientes, pero también responsables. Parece absolutamente necesaria una mayor dotación de medios humanos y materiales, pero también una mejora de los procedimientos procesales. También, claro, que acabe la politización de los órganos de la justicia y la instrumentación que de ellos hacen los partidos políticos y los medios de comunicación.

Creo que, en general, se infravaloran las negativas consecuencias que para las decisiones empresariales más dinamizadoras y para la eficiencia productiva tienen un deficiente funcionamiento de las Administraciones públicas y una lenta e ineficaz acción de la justicia. Legión de empresarios, en cambio, conceden en distintas encuestas gran importancia a estas cuestiones.

Los mercados necesitan también mejoras en su funcionamiento. En los mercados de bienes, se puede avanzar en la simplificación de algunas regulaciones, y es necesario aumentar la competencia en varios mercados, notablemente en la distribución energética. En los mercados de servicios, lo mismo: simplificación regulatoria y mayor competencia en servicios profesionales y en el sector de la distribución. En los mercados financieros, los mecanismos de financiación empresarial (más allá de las restricciones actuales) son mejorables. La financiación de proyectos sin colateral es un factor fundamental en el dinamismo empresarial e innovador. Probablemente, como dice Eichengreen, es uno de los elementos diferenciadores de la dinámica estadounidense respecto de la europea.

Sin ser, ni mucho menos, la única reforma pendiente, la reforma laboral debería plantearse cambios en la contratación (que acabe con la actual dualidad y se adapte mejor a las posibilidades de las nuevas tecnologías), en la negociación colectiva (superando los niveles sectoriales y provinciales y facilitando unas condiciones más ajustadas a la realidad de las empresas) y de la protección al desempleado (siendo generosa pero ligada a procesos de formación). El debate sobre la reforma laboral debería hacerse desde la aceptación de un doble objetivo: aumentar la productividad y proteger y formar a los desempleados. El objetivo no debe ser el empleo por sí mismo. Aumentos en la productividad son los que permiten aumentar de forma sostenida tanto el empleo como los salarios reales.

Estas reformas necesitan de amplio debate y de cierto consenso social. Realmente social; es decir, no sólo de las cúpulas de los partidos políticos y de las cúpulas de organizaciones empresariales y sindicales de limitada representatividad.

Junto a estas reformas sería imprescindible una mejora sustancial de la transparencia en la esfera pública, con la consiguiente reducción de las prácticas de clientelismo y de los niveles de corrupción. Si las anteriores reformas necesitan, además de cambios normativos, cambios en códigos de conducta, hay pocas aportaciones legislativas para mejorar la transferencia y limpieza en la esfera pública: básicamente necesitaría de un cambio relativamente radical en los códigos de conducta. Un debate de las características que hemos mencionado sería condición necesaria para ello, aunque no sé si suficiente.

Para terminar, mi impresión es que resulta bastante poco probable que se emprendan las reformas necesarias, incluso me parece poco probable que se debatan. Una argumentación de este pesimismo necesitaría otro artículo.

Carlos Sebastián. Catedrático de análisis económico de la Universidad Complutense