Otros tiempos, nuevos esquemas
El debate sobre la continuidad de la central nuclear de Santa María de Garoña, en Burgos, y el anunciado deseo del presidente José Luis Rodríguez Zapatero de cerrar la planta a corto plazo vuelven a poner sobre la mesa la controversia sobre el modelo energético en España. Y reabren otro frente, clave en un momento de crisis y desaceleración económica como el actual: el impacto que tiene el coste de la energía, especialmente de la electricidad, sobre la competitividad de la industria básica.
El momento no puede ser más adecuado para hacer esta reflexión. El parón de la demanda a nivel mundial ha provocado que grandes grupos industriales como ArcelorMittal o Alcoa acometan recortes de producción de entre el 40% y el 50%, lo que ha supuesto, en casos puntuales, el cierre definitivo de algunas fábricas y, de manera más general, la adopción de ajustes temporales de actividad y empleo. Ahí está el ERE propuesto hasta finales de año por el gigante del acero sobre toda su plantilla en España, 11.964 personas, en lo que supone el mayor expediente de regulación aprobado en el país. La cuestión es que, cuando el consumo se empiece a reactivar y las empresas tengan que relanzar la actividad de sus fábricas, lo harán sólo en aquellas plantas que sean realmente competitivas. Porque no cabe duda de que las grandes multinacionales van a aprovechar la situación actual para deshacerse de sus centros más ineficientes. Y en ese contexto, el precio que paguen por la energía será determinante.
En sectores como el de la siderurgia, el de los metales, el del cemento o el de la química, la energía eléctrica representa hasta un 50% de los costes añadidos. En algunos casos, esto equivale a tres veces el desembolso que supone la mano de obra directa o dos veces el valor de los gastos fijos más los de mantenimiento, administración, ventas y generales. Y el problema que tienen es que no todos cuentan con las mismas posibilidades de repercutir a sus clientes las subidas de precios de un producto que, a los niveles de consumo en los que se mueven estas industrias, debe considerarse una materia prima más. En España, las empresas intensivas en electricidad consumen unos 39.000 gigavatios hora al año, es decir, el 15% de toda la demanda a nivel nacional. Un consumo que, hasta que se inició la crisis, ha venido creciendo a tasas del 3,5% anual desde 2004. Estos sectores aportan el 22% del PIB español.
Hasta el año pasado, estas empresas se han venido beneficiando de unas tarifas especiales que les permitían contar con una electricidad entre 17 y 20 euros más barata por megavatio hora, generando unos ahorros de entre 500 y 800 millones de euros anuales, un importe mayor que el recibido por las eléctricas por los pagos por capacidad de todo el parque generador. A cambio de un precio más barato, los grandes consumidores de energía debían modular su consumo y aceptar interrupciones del suministro en el caso de que así lo exigiera el sistema eléctrico. Una posibilidad que, la última vez que se aplicó, fue en noviembre de 2007.
Pero el fin de esta tarifa industrial y de la aún más reducida G4 (de la que disfrutaban algunas plantas de ArcelorMittal, Asturiana de Zinc y Alcoa) ha abierto un nuevo escenario que obliga a adoptar soluciones innovadoras tanto a las industrias como a las eléctricas. Ya no valen los viejos esquemas. Los grandes consumidores de energía no pueden exigir unos precios especiales sin más, sobre todo después de que, en 2007, la Comisión Europea se pronunciara en contra de las ayudas recibidas por ThyssenKrupp, Cementir y Nuova Terni Industrie Chimiche en forma de tarifas eléctricas por debajo de coste por entender que eran incompatibles con el mercado común, sin aceptar siquiera las alegaciones, apuntando a un posible riesgo de deslocalización de las empresas. Las eléctricas, por su parte, tampoco pueden seguir con la mentalidad de que cuentan con unos abonados cautivos. La liberalización del mercado eléctrico, aunque sea todavía muy imperfecta, obliga a las compañías a buscar fórmulas para competir por captar nuevos usuarios, a los que deben tratar como clientes con todos sus derechos.
La gran industria ya ha buscado alternativas. La principal, la creación de una comercializadora eléctrica propia (Fortia), que gestiona las compras de energía de 70 fábricas con un consumo anual de unos 18.000 gigavatios hora. La puesta en marcha de esta sociedad ha permitido a la quincena larga de socios tener mayor capacidad de negociación con las eléctricas. Su objetivo principal ha sido tratar de lograr contratos bilaterales de suministro a 10 o 15 años. Además, ha propuesto diferentes fórmulas para negociar unos precios competitivos: desde tomar como referencia una planta virtual nuclear y de carbón hasta acuerdos directos con proveedores eólicos separando la prima del coste de producción, pasando por contratos específicos con plantas nucleares concretas.
Las eléctricas, sin embargo, han rechazado estas alternativas, al entender que estos modelos eran muy arriesgados con el actual marco normativo. Además, desde una posición de fuerza por su cuota de mercado, las principales generadoras sólo han ofrecido contratos a cinco años y con precios que en muchas ocasiones eran entre 7 y 10 euros por megavatio hora más caros que los que se podían conseguir en los mercados OTC. Una posición inicial que, sin embargo, la crisis les ha forzado a revisar para ofrecer unas condiciones que la industria ya empieza a considerar razonables. Al fin y al cabo, las eléctricas son las principales interesadas en mantener a unos clientes que son sus mayores consumidores por volumen contratado.
Pese a que los industriales han logrado una posición relativamente cómoda tras combinar diferentes opciones para garantizarse el suministro eléctrico (contratos bilaterales, subastas de energía primaria, mercados OTC y de cobertura de commodities), se encuentran todavía con limitaciones: las grandes eléctricas no tienen necesidad de cerrar acuerdos a muy largo plazo; existe un número muy limitado de generadores independientes; la oferta de energía primaria es restringida en volumen y exigente financieramente, y las escasas interconexiones no permiten recurrir a los mercados extranjeros. Las quejas de los grandes consumidores son entendibles pero también les queda a ellos hacer un esfuerzo adicional para ser todavía más eficientes, porque no tiene sentido basar toda la competitividad en unos precios de la energía que han sido muy favorables durante años. De lo contrario, habrían fundamentado todo en un espejismo.