Competitividad y energía eléctrica
El documento de la Comisión Europea Una política energética para Europa concretaba la vinculación entre energía y economía en estos términos: el objetivo de "mantener la competitividad de la UE" es el que se persigue con la puesta en práctica de la Estrategia Energética Europea y por tanto las medidas que se adopten para preservar tanto la seguridad de suministro energético como la sostenibilidad medioambiental del mismo, deben conseguirse "sin afectar a la competitividad económica de la Unión Europea".
Naturalmente, es a partir de esa asunción de principios donde empiezan las dificultades a las que actualmente se enfrentan las industrias energéticas -y en particular, la industria eléctrica- para alcanzar esa de convergencia de términos tan dispares y contradictorios. Nada menos que asegurar el suministro energético, realizando las inversiones necesarias para cubrir el crecimiento de la demanda y modificar al mismo tiempo la estructura de abastecimiento para reducir drásticamente el uso de los combustibles fósiles tradicionales en tiempos inciertos de crisis financiera como los actuales, y todo ello sin merma de competitividad de las economías europeas, es decir, en cantidades suficientes y a precios asumibles.
Todos deberíamos ser conscientes, vista la envergadura de ese reto, que cualquier carencia regulatoria o frivolidad conceptual que afecte negativamente bien a la retribución de los agentes a los que se encomienda el enorme esfuerzo inversor que requieren esos desafíos, o bien a la posibilidad de recurrir a cualquiera de las tecnologías o combustibles existentes que puedan contribuir a hacer frente a ese reto, deberían desaparecer, dejando el espacio despejado a unos esfuerzos comunes y a la contribución responsable de todos.
Por lo que respecta a España, en el proceso de apertura a la competencia, la evolución de los precios de las materias primas empleadas en las actividades eléctricas y la aparición de nuevos conceptos de coste, generalmente vinculados a la necesidad de hacer frente a los nuevos desafíos de sostenibilidad medioambiental, principalmente en el ámbito de la lucha contra el cambio climático, han provocado cambios muy relevantes en la estructura del coste del suministro eléctrico. En particular, el coste unitario del suministro eléctrico en céntimos de euro por kWh pasó de 5,8 en 1988 a 8,84 en 2008, produciéndose un aumento muy significativo de la participación en el mismo de los costes de aprovisionamientos (del 32% al 58%) debido en gran medida a la importancia creciente de los costes derivados de las emisiones de CO2, en particular del coste de derechos de emisión que hubo que adquirir para llevar a cabo el proceso de producción eléctrica.
En el ámbito de la competitividad, las empresas han realizado un gran esfuerzo a lo largo del decenio transcurrido desde el inicio de la liberalización del sector, tratando de mejorar la eficiencia del uso de sus recursos productivos, humanos, de capital y energéticos. En tal sentido, entre 2001 y 2007, la productividad por empleado pasó de 7 a 10,4 GWh, mientras que los costes de capital unitarios de las empresas de Unesa pasaron de 19 a 20 euros/MWh en términos reales, y la productividad o rendimiento energético pasó del 40% al 42,4%.
El cierre del ejercicio 2008 coincide con la culminación de un proceso iniciado en 1998 y que debe alcanzar su madurez en 2009 con la desaparición de las tarifas integrales reguladas. Coincide, asimismo, con un momento de incertidumbre económica que condiciona las decisiones estratégicas del sector.
Cabe resaltar para el inmediato futuro que, de un lado, la disminución actual y prevista del crecimiento de la demanda eléctrica no dejará de influir sobre los resultados económicos de las empresas y sobre su capacidad de generación de fondos. Por otro lado, las restricciones medioambientales seguirán incidiendo sobre los costes del suministro eléctrico y, pese a la menor demanda, seguirán exigiendo un importante esfuerzo inversor, ya que no cabe esperar que ni las empresas eléctricas ni los clientes renuncien a las cotas alcanzadas en seguridad del suministro. Finalmente, no olvidemos que las empresas tendrán que afrontar esta situación de incertidumbre lastradas por el endeudamiento asociado al déficit de tarifas -más de 10.400 millones de euros registrados en sus balances a finales de 2008-, que es el resultado de la aplicación de políticas tarifarias alejadas de la realidad de los costes directos del suministro eléctrico.
Acometer los nuevos retos planteados durante este periodo de dificultades económicas exige, por lo tanto, reequilibrar la situación financiera de las empresas, eliminando todas las rémoras originadas por los defectos del desaparecido régimen tarifario, y recuperar una regulación creíble y estable que permita que el sector afronte los objetivos del futuro, en especial el de seguir contribuyendo a la competitividad de la economía española.
Pedro Rivero Torre. Presidente de Unesa