La crisis pasa factura en España, pero no en la UE
El resultado global de las elecciones al Parlamento Europeo ha vuelto a dibujar una UE de centroderecha, con apoyos nítidos a Angela Merkel en Alemania y a Nicolas Sarkozy en Francia, y lejos de la opinión de quienes creían que la crisis pasaría factura a los numerosos Gobiernos conservadores y daría más votos a un giro hacia la izquierda.
En España, donde las europeas se han planteado en términos nacionales y casi plebiscitarios, ha ocurrido lo contrario. La crisis ha pasado factura al Gobierno, con un serio correctivo al PSOE, sustentado también en una capacidad de movilización del PP muy superior. La pérdida de más de 700.000 votos frente a las anteriores europeas obliga a recapacitar a José Luis Rodríguez Zapatero sobre sus políticas frente a la crisis, especialmente en el campo socioeconómico. Mariano Rajoy, una vez pasada la euforia inicial, tendrá que plantearse si ha sabido sacar suficiente ventaja a un Gobierno que afronta las horas más duras de una de las crisis más agudas de la economía mundial, con cifras de paro inéditas en la historia reciente.
En el conjunto de Europa, los resultados conocidos inciden menos de lo previsto en la fragmentación de la Eurocámara con grupos exóticos y extremistas, y se refuerza el importante dominio de los principales partidos (Popular, Socialista y Liberales). El nuevo Parlamento, de todos modos, estará sometido con seguridad a mayores tensiones políticas, lo que puede complicar tanto el futuro de las iniciativas legislativas de la Comisión Europea como la propia estabilidad y progreso de la integración comunitaria. El mayor riesgo del próximo lustro es la Unión Europea del 'ni': ni ampliación, ni profundización, ni consolidación.
Pero Europa no se puede permitir esa parálisis. El nuevo Parlamento tiene por delante una apretada lista de tareas para reformar la supervisión y regulación de los mercados financieros; reorganizar el mercado laboral -con normas pendientes sobre horarios, permiso de maternidad o desplazamiento de trabajadores de un país a otro-, y afianzar la apuesta comunitaria por políticas comunes en campos tan trascendentales como la energía, el medio ambiente, la inmigración o la defensa común.
También será crucial este lustro para la Unión Monetaria. La previsible incorporación de nuevos países al euro no debería producirse sin reformar, previamente, la estructura política de la eurozona, con un verdadero gobierno económico que complete, y no mine, la política monetaria del BCE. Todas esas materias tienen importantes implicaciones para una España necesitada, entre otras cosas, de interconexiones energéticas y de la solidaridad comunitaria para regular los flujos migratorios. España, además, va a adquirir protagonismo especial en el arranque de la legislatura, cuando el 1 de enero de 2010 reciba de Suecia el testigo de la presidencia europea. El Gobierno español quiere aprovechar ese mandato para impulsar las libertades y los derechos civiles, la igualdad y la innovación. Para esos objetivos, Madrid deberá convertir la Eurocámara en una aliada.
Estos cuatro días, casi 375 millones de europeos -entre ellos, 35,2 millones de españoles- han podido configurar el Parlamento Europeo hasta 2014. Pero la participación ha sido la menor de las siete convocatorias. Sin embargo, toca actuar. Quizá la prioridad más urgente de los 736 elegidos es convertir la Eurocámara en aquello para lo que nació, pero que nunca ha sido: un órgano legislativo relevante que atraiga el interés de los ciudadanos.
Para lograrlo, los eurodiputados deberán romper no tanto con la desidia -en contra de su mala imagen, la mayoría trabaja, y mucho- como con esa inmoderada tentación de pronunciarse sobre lo divino y lo humano al tiempo que se alejan de los intereses reales de los ciudadanos. La pasada legislatura, el Parlamento aprobó centenares de resoluciones sobre materias en las que no tenía competencia alguna. En cambio, los grandes grupos vaciaron de contenido político el proceso legislativo al negociar de antemano, y al margen del hemiciclo, la aprobación apresurada -en la llamada primera lectura- del 60% de las propuestas de directivas o reglamentos. Para convencer a los europeos de su razón de ser y seguir haciendo Europa, el Parlamento está en la obligación de demostrar lo obvio: que sus sesiones en Bruselas y Estrasburgo repercuten directamente en la vida de los ciudadanos. También en la de esos más de 210 millones de electores que no se han acercado a las urnas.