Un gran pacto político y social contra el paro
La Encuesta de Población Activa (EPA) del primer trimestre arroja cifras escalofriantes. Por primera vez en la serie histórica el dato de parados supera los cuatro millones, y la tasa de desempleo sube hasta el 17,36%. La cifra es por sí sola alarmante, pero mucho más lo es la rapidez con que se está degradando el empleo. En sólo tres meses se han destruido 766.000 puestos de trabajo y más de 800.000 personas han acabado en el paro. Una agudización manifiesta, porque en el total de los doce últimos meses se han perdido 1,3 millones de empleos y el paro ha crecido en 1,8 millones.
No se trata de un problema cuantitativo. Cada trabajador sin empleo arrastra su propio drama y lo contagia a su familia. Pero todas las alarmas han saltado y las voces que consideran que se ha tocado fondo -incluida la de los responsables del Gobierno- pierden credibilidad a cada nuevo dato. Ni los españoles ni la economía podrán aguantar la sangría. Al actual ritmo de destrucción de empleo, el nivel de cuatro millones de parados -una frontera que ya ha superado las expectativas del ministro de Trabajo- puede superar límites insospechados, y algunos expertos no descartan los cinco millones de desempleados a fin de año.
El Ejecutivo, en su papel, niega tal posibilidad, sostiene que seguirá trabajando para corregir el desempleo e insiste en que se trata de su mayor prioridad. Sin embargo, continúa sin un plan integral para combatir el paro y confiando pertinazmente en el diálogo social. Una opción que, a la vista de la lentitud demostrada pese a la urgencia de la situación, empieza a rozar los límites de la dejación de responsabilidad. Al Ejecutivo le corresponde dar una respuesta creíble a este gravísimo problema; es su obligación y la sociedad así lo demanda. La responsabilidad, sin embargo, es compartida. La magnitud del problema y la perentoriedad de las posibles soluciones requieren la participación de los agentes sociales y la oposición política. Pero, no hay que confundirse, siempre que esto no constituya un obstáculo a la toma de medidas eficaces y rápidas.
La vicepresidenta segunda, Elena Salgado, compareció el viernes de improviso para presentar la peor EPA de la historia. Para ello tuvo que dejar la reunión del Consejo de Ministros. Un actitud que la honra, pero que da al tiempo una cierta imagen de improvisación. Porque lo cierto es que era el saliente secretario de Estado de Economía, David Vegara, quien inicialmente iba a lidiar este toro.
Aparte de reconocer que son datos peores de lo esperado, Salgado no ofreció alternativas y se encomendó de nuevo al diálogo social. Los agentes llevan negociando sin avances más de diez meses desde que se abrió el proceso. En etapas anteriores, el diálogo social ha dado muy buenos frutos y sería deseable que ahora también. Pero con 8.500 personas que pierden su empleo al día, no se pueden permitir más demoras.
Es urgente que el Gobierno acelere el proceso y exija un acuerdo para reformar las relaciones laborales que contribuya a crear empleo. Sería entendible establecer fecha tope para cerrarlo. Y de incumplirse el plazo, al Gobierno está obligado a aplicar las medidas oportunas. Lo contrario es un Ejecutivo prisionero o ineficiente. Es cierto que los puestos de trabajo no se crean a golpe de BOE. Pero en situaciones críticas como la actual, no emplear esa herramienta para crear un marco incentivador del empleo es un enorme error. Son las empresas las que tienen en sus manos la posibilidad de crear puestos de trabajo, pero sin un ámbito normativo, y especialmente fiscal, que lo active de manera extraordinaria será muy difícil. Corresponde también a los partidos políticos establecer un gran pacto que ponga las bases para facilitar esta labor.
En otros momentos, en España se ha puesto de manifiesto la capacidad de gobernantes y oposición para anteponer el bien común a los intereses partidistas. Si durante la Transición el riesgo era la involución política, hoy lo es la degradación social a la que llevará la ausencia de trabajo.
Cada vez hay más ámbitos de la sociedad civil que demandan medidas y ofrecen ideas. Un gran acuerdo, como el Pacto de Toledo, dará estabilidad en el tiempo a las reformas y evitará la inseguridad de la que cada vez con más frecuencia se quejan las empresas, nacionales o extranjeras. Sólo con el empuje común de agentes sociales, políticos y Administraciones, incluidas las autonómicas se podrá salir de este túnel. La pregunta es sencilla: ¿a qué esperan?