Escasos investigadores en la empresa y abandono de los alumnos
Un informe critica la función docente y el bajo nivel de creación de empresas de base tecnológica.
Luces y sombras. Las universidades españolas cumplen con sus dos misiones tradicionales en cuanto a formación e innovación y avanzan en su relación con el mundo empresarial, pero presentan carencias en temas docentes y de gobierno, así como en transferencia de tecnología impulsada desde los propios campus. Así lo indican, por un lado, el elevado número de años que los estudiantes emplean en completar sus estudios (hasta 6,3 años en ciclo largo, 4,5 en corto y tres años para el segundo ciclo) y las elevadas tasas de abandono, entre el 30 y el 50%, según cifras del ministerio de Ciencia e Innovación. Por otro lado, la creación de empresas de base tecnológica en las universidades, conocidas como spin offs, ha disminuido un 16% en 2008, a la vez que los ingresos por contratos de licencias lo han hecho en un 16%. Estos últimos datos sorprenden, sobre todo si se comparan con los de 2007, donde el incremento de creación de spin offs fue del 62,5% y del 81% en licencias de patentes. 'Es una realidad que estos indicadores, relacionados con la función docente, la transferencia tecnológica y la gobernabilidad de las universidades, no parecen ir también como, por ejemplo, la investigación y el desarrollo y las publicaciones científicas', asegura Martí Parellada, director del informe CYD 2008, realizado por la Fundación Conocimiento y Desarrollo (CYD), institución que preside la presidente de Banesto, Ana Patricia Botín.
En cuanto a la creación de empresas de base tecnológica, el vicepresidente de la citada institución, Francesc Solé, asegura que aquellas universidades que no tienen una unidad de apoyo a la creación de empresas no crean organizaciones. 'Tiene que haber un cambio cultural'. Botín advierte sobre las dificultades añadidas por los efectos de la crisis. 'Hay menos capital semilla que hace unos años y además los emprendedores universitarios se están viendo afectados, como todos, por el riesgo del país. Ahora se asocia a España con la caída inmobiliaria y es difícil romper esa mentalidad'. El informe descubre también que la tasa de graduación (porcentaje de alumnos que acaba los estudios en el tiempo previsto) se sitúa en el 33%, por debajo del porcentaje de la mayoría de los países del G-8. Asimismo, el porcentaje de personas de entre 20 y 29 años que estudian en España (21,8%) es inferior a la media de la OCDE. Hay más. La capacidad de las universidades para atraer alumnos extranjeros a España también es escasa, ya que se sitúa en un 1,8% de estudiantes extranjeros, frente al 8,5% de media del conjunto de países anteriormente citados. 'Otra realidad desalentadora es que la tasa de paro de los graduados en España es mayor que la de cualquier país del G-7', afirma Parellada, quien también destaca que el 40% de los doctorados realiza trabajos no relacionados con los estudios cursados, o que las empresas españolas emplean un 14% menos investigadores que la media europea.
Toda esta batería de datos, unida al elevado coste público que supone la formación de cada universitario, alerta sobre la necesidad de que la universidad asuma reformas en ámbitos como la gobernanza y la docencia. 'Se trata de dotar a las universidades de más instrumentos para tener una mayor independencia en temas prioritarios, como es la selección del profesorado, la determinación de los precios públicos, la selección de alumnos y orientar los recursos a la consecución de los objetivos', matiza Parellada. En el mismo sentido se posiciona Josep Joan Moreso, rector de la Universidad Pompeu Fabra, que considera que las universidades deberían 'decidir sus planes de estudio y seleccionar a sus profesores'.
En España, el porcentaje de personas de entre 20 y 29 años que estudian es del 21,8%
Según la evaluación de Antonio Pulido, catedrático de Economía Aplicada de la Universidad Autónoma de Madrid, 'estamos mal todavía, pero hemos mejorado mucho'. 'Antes los universitarios pensaban que los empresarios eran unos sinvergüenzas que sólo querían ganar dinero y éstos creían que los universitarios eran unos inútiles. Esta concepción se ha superado, pero todavía no hay presencia empresarial en los consejos de las universidades, hay muy poca transferencia de conocimiento y prácticamente no existe la formación permanente'.
Para Javier Monzón, presidente del comité ejecutivo de la fundación CYD, la evaluación de la situación es diferente según con qué se compare. 'La colaboración entre universidad y empresa es necesaria, eso no se discute ya. Hemos avanzado en los últimos años y en la dirección correcta, pero no es suficiente y vamos muy despacio'. El también presidente de la compañía Indra señala que otro de los problemas es que el fracaso de la Formación Profesional en España está forzando a la universidad a sustituirla, 'y esa situación tampoco es buena'.
Moreso (UPF), por su parte, señala el que a su juicio es uno de los mayores problemas en la relación entre universidades y empresa: que la sociedad no valora a los expertos que salen de las universidades. 'Hay un porcentaje muy pequeño de doctores empleados en la empresa privada y el 50% de ellos tiene una retribución inferior a 24.000 euros anuales, lo que indica que el sistema no los aprecia'. Pero hay muchas excepciones. Una de ellas es el grupo AIA, presidido por Regina Llopis y dedicado al desarrollo de aplicaciones de inteligencia artificial y muestra de que, a veces, la relación entre universidad y empresa funciona. 'Nacimos como una spin off de la universidad y tenemos dos doctores en física y uno en matemáticas, hemos incorporado algunos doctores más últimamente. A todos nos gustaría seguir continuamente con nuestra tesis, pero llega un momento en que hay que saber pactar con la imperfección, parar y aprender a hacer cosas útiles'.
Parellada señala la gobernanza como otra de las asignaturas pendientes al apuntar que el gobierno de las universidades ha cambiado en la mayoría de los países europeos. Y recuerda que España fue pionera en 1983 con la incorporación de representantes extrernos a los consejos sociales y con competencias específicas en el funcionamiento de la universidad. 'Pero desde entonces no se cambiado nada, y sí en el resto de Europa, donde se ha ido en la dirección de configurar consejos más reducidos, que proporciona más agilidad al gobierno de las universidades e implica la modificación de los claustros, mucho más orientados a temas académicos'.
Sobre la declaración de Bolonia, que supone la unificación del Espacio Europeo de Educación Superior, Solé apunta que será difícil que las universidades españolas completen el proceso hacia la excelencia por la dificultad de gobernar el aparato docente. Rafael Bonete, catedrático de Economía Aplicada de la Universidad de Salamanca, señala que Bolonia traerá consigo el aprendizaje informal, 'que tiene que ver con el aprendizaje en la empresa', al igual que la formación permanente. En el mismo sentido Llopis (AIA) advierte que se está tratando del futuro de la universidad sin tener en cuenta que pronto no existirá como la conocemos ahora. 'Será una especie de regulador, de controlador de calidad y seguirá con la investigación, pero la universidad estará en internet o en lo que la sustituya, y el profesional cambiará también, seremos mutiprofesionales que sabremos utilizar herramientas. Piensen en la industria musical, no se ha querido dar cuenta de los cambios y se está yendo a pique'.
Decálogo. Un rector como un consejero delegado
Aunque la situación no sea la idónea siempre hay margen para la mejoría. El informe CYD 2008 dicta una serie de recomendaciones para avanzar en la profesionalización de las universidades.1 Anima a la disminución del nivel de regulación del sistema universitario, a un aumento de la autonomía dentro de un marco legal de referencia, y a un incremento de la evaluación y del rendimiento de cuentas.2 Creciente presencia de miembros externos en las juntas o consejos de gobierno, y mayores atribuciones, incluyendo designar o destituir al rector, así como determinar la misión y visión estratégica de la universidad.3 El rector deberá asumir un perfil similar al de un consejero delegado, y no puede ser miembro de la universidad, ni tan siquiera académico.4 Más autonomía en el desempeño de sus funciones, tanto para el rector como para los decanos y para los directores de los departamentos y centros de investigación, pero al mismo tiempo, incremento de la rendición de cuentas sobre los resultados.5 La gestión del día a día, especialmente en las unidades de investigación e innovación, pasa por una plantilla profesionalizada con conocimientos y aptitudes específicas en las tareas de gestión de las organizaciones.6 Modificación de las funciones de los órganos representativos de la comunidad académica, como el claustro, que pasarían a desempeñar un importante papel como órgano consultivo.7 Financiación de las universidades mediante contratos ligados a resultados a largo plazo, entre tres y cinco años, así como un incremento de incentivos y de financiación mediante capital privado (mecenazgo y creación de empresas tecnológicas).8 Mayor independencia en la contratación del profesorado, jubilaciones anticipadas, esquemas flexibles de retribución y mayor movilidad entre universidades y empresas.9 Aumento de la autonomía en lo relativo a la oferta de enseñanzas y al acceso de estudiantes, así como en el precio de las matrículas.10 Permitir diferentes formas de gobierno en las diferentes universidades dentro de un mismo marco legal.