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Prestaciones

La mayor parte de la ayuda para dependencia no crea empleo directo

La nueva ministra de Sanidad y Política Social, Trinidad Jiménez, anunció ayer que casi 700.000 personas reciben ya ayudas por dependencia. Pero sólo un tercio de estas ayudas se presta en forma de servicios, en contra de la ley, que fija este tipo de prestación para casi todos los beneficiarios para crear empleo directo. Dos tercios son ayudas económicas.

El desarrollo de la Ley de Dependencia está levantando numerosas ampollas. Tanto entre los encargados de ponerla en marcha (Gobierno, autonomías y ayuntamientos) como entre los afectados.

De hecho, la nueva ministra de Sanidad y Política Social, Trinidad Jiménez, admitió ayer que el establecimiento del sistema de atención a las personas dependientes, que fue una de las medidas estrella de la primera legislatura socialista, ha sufrido retrasos. Y culpó de ello a que 'hay diversas administraciones implicadas'.

Por ello, reconoció que 'la coordinación efectiva y eficaz' de la Ley de Dependencia será uno de los principales retos de su mandato al frente del Ministerio de Sanidad y Política Social.

Sin duda, esta 'coordinación' va a ser necesaria y no tanto por los retrasos en el desarrollo de la ley, sino más bien por las desigualdades con las que se está poniendo en marcha y los incumplimientos de la norma por parte de la práctica totalidad de las comunidades autónomas.

El primero de estos incumplimientos contraviene el propio espíritu que inspiró la ley. El texto legal indica que las prestaciones exclusivamente económicas para los afectados deben ser 'excepcionales' y sólo deben abonarse en caso de que no pueda facilitarse una prestación en forma de servicio o para la compra de éste. Pues, en contra de la ley, sólo una de cada tres ayudas a dependientes se presta en forma de servicios

En concreto, según los últimos datos oficiales del pasado 1 de abril, son 195.566 beneficiarios los que perciben alguno de estos servicios, de un total de 628.614 perceptores de ayudas. El más usado son las plazas en residencias, que tienen el 13% de los beneficiarios; seguido de la ayuda a domicilio, de la que disfruta el 8,5% de los perceptores. En cuanto al resto de los servicios, (teleasistencia, plazas en centros de día o de noche y prestaciones vinculadas a la compra de un servicio) no superan el 3,5% de los beneficiarios de la ley en cada caso (ver gráfico).

Por el contrario, la ayuda exclusivamente económica para el cuidado del dependiente en el entorno familiar es el tipo de prestación más utilizada, en el 27% de los casos (169.987 perceptores).

Pocos empleos nuevos

Todo esto repercute en una escasa creación de empleo, ya que, mientras que la prestación de un servicio o su compra requiere trabajadores que lo lleven a cabo, las ayudas económicas sólo van a engrosar la renta familiar del beneficiario.

Así, frente a los 300.000 puestos de trabajo que el Gobierno calculaba que generaría la puesta en marcha de la Ley de Dependencia, Jiménez sólo citó ayer el alta en la Seguridad Social de casi 66.000 cuidadores familiares. De esta cantidad, el 93% son mujeres.

A todo esto hay que añadir otra disfunción en la puesta en marcha de la ley, que consiste en que las comunidades autónomas no especifican qué tipo de prestación otorgan al 42% de los beneficiarios. También en este asunto deberá poner orden la nueva ministra solicitando a las regiones información detallada sobre el desarrollo de la ley. El caso más extremo es Canarias, que no precisa el 80% de las ayudas que otorga.

Jiménez, contra las desigualdades territoriales

Una de las primeras actuaciones de Trinidad Jiménez como nueva ministra de Sanidad y Política Social ha sido convocar el Consejo Interterritorial de Dependencia, que tiene previsto reunirse hoy con las comunidades autónomas para abordar el reparto de fondos. Su intención es acelerar con ello la implantación de la ley de atención a las personas que no pueden valerse por sí mismas y que todas ellas, 'vivan dónde vivan' reciban las mismas prestaciones.Este objetivo parece poco menos que inalcanzable a la luz de la incapacidad de dicho organismo de llegar a un acuerdo en cuanto a la parte del servicio que cofinanciará cada beneficiario en función de sus rentas. Así, tras varios intentos de pactar este punto del desarrollo del sistema, el Gobierno y las comunidades acordaron que cada región definiría el copago del sistema por parte de los dependientes.Pero hay otras cifras que evidencian la desigualdad con la que se está desarrollando la Ley de Dependencia. Según los datos que las regiones facilitan al Ejecutivo central, hay varias comunidades que no cuentan con prestaciones de teleasistencia o ayuda a domicilio con cargo a esta ley. Es el caso, por ejemplo, de Aragón, Baleares, Canarias, Valencia o Madrid.Asimismo, la concesión de una plaza residencial al amparo de la ley de dependencia tiene una implantación muy desigual. Mientras que Madrid o Valencia dan esta prestación a más del 30% de sus beneficiarios de la Ley de Dependencia, Murcia o Canarias no se las facilitan ni al 4% de sus perceptores. También, se dan casos como Navarra, que da ayuda exclusivamente económica a más de la mitad de sus beneficiarios.

La cifra

1.600 millones de euros es el presupuesto de este año para continuar desarrollando la puesta en marcha de la Ley de Dependencia.

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