Corregir las rigideces de la contratación
En plena crisis económica, con casi 3,5 millones de parados y más de 100.000 nuevos desempleados cada mes, es inevitable que surja el debate sobre si el mercado laboral español funciona bien o no. Lógicamente, las respuestas varían según el interlocutor, por lo que es útil contar con comparaciones, lo más objetivas posibles, con otros modelos. El Banco Mundial acaba de realizar una comparativa a nivel mundial que analiza estas rigideces en cinco variables: dificultad de contratación, flexibilidad de los horarios, dificultad en el despido, coste del despido e índice de rigidez laboral. En las cinco, España muestra problemas muy superiores a la media de los países de la OCDE, lo que no indica nada bueno.
Lo más llamativo del análisis del organismo internacional es, sin embargo, que la mayor rigidez radica en la dificultad para contratar. Y lo más preocupante es que sitúa a España en la cola -no de la OCDE, sino de todo el planeta-, equiparándonos con Bolivia, Bosnia, Madagascar, Congo o Pakistán, por citar algunos poco edificantes ejemplos. Nunca, pero menos en estos momentos de destrucción de empleo, pueden hacerse oídos sordos a esas conclusiones. El mayor condicionante que nos arrastra a semejante posición es la escasa variedad de contratos y su duración. Para paliarlo, el organismo aconseja aprobar modalidades intermedias entre fijos y temporales con plazos entre cuatro o cinco años. Los sindicatos dicen que estarían dispuestos a discutir estos contratos, por lo que no hay razón para que el Gobierno no abra esa negociación.
Respecto a la dificultad del despido, el informe constata lo que se viene repitiendo en muchos foros: en España no es complicado despedir, simplemente es caro. El Banco Mundial resalta que en España cada trabajador despedido recibe de media 56 semanas de salario frente a 25 de la OCDE. Sin embargo, es obvio que en esta recesión el coste legal del despido no frena que las empresas reduzcan plantillas, por lo que no parece ser una prioridad en una hipotética negociación de reforma laboral. De hecho, la fórmula de despido objetivo reduce la indemnización a 20 días por año trabajado, con un máximo de 12 mensualidades. Sería suficiente, si no fuese porque en la práctica la indemnización se dispara en ocasiones por encima de los 60 días que se han pactado en algunos ERE. Esta diferencia está provocada por la exigencia extendida entre las consejerías de empleo autonómicas de no aceptar un ERE si no es pactado entre empresa y trabajadores. Por tanto, el problema no es legislativo, sino político, y para atajarlo no es necesaria una reforma legal, sino la voluntad política de los Gobiernos autonómicos.
Sea cual sea el contenido de una futura reforma laboral, lo importante es que se acelere el diálogo cuanto antes. El informe del Banco Mundial viene a constatar esta urgencia, aunque es imprescindible que la negociación se afronte con una agenda amplia y alejada de dogmatismos.