'Bancos malos'
El esquema de un 'banco malo' que gestione los activos dañados de las entidades financieras tiene perfecta cabida en el sistema español, afirma el autor, que analiza aspectos técnicos y jurídicos derivados de esta medida, así como de los mecanismos alternativos
La creación de un banco malo es una solución incorporada desde hace tiempo a los manuales de crisis. En síntesis, se trata de sacar de los bancos existentes los activos dañados, para incorporarlos a una institución instrumental creada ad hoc, que los gestionará como buenamente pueda, con respaldo público. Se cita como precedente la experiencia sueca. El esquema se ha aplicado, con distintos alcances, en otras latitudes. Recordemos que, en España, los Fondos de Garantía también pueden, ante una crisis singular -que es la dimensión para la que están diseñados-, funcionar como banco malo, adquiriendo activos.
Se supone que, liberados del lastre de sus malos activos, los bancos podrán seguir operando con normalidad, y el planteamiento tiene sentido. Digamos que es una posible herramienta de solución. En rigor, y simplificando mucho, es una de las dos vías que las autoridades tienen para recapitalizar las entidades de crédito; la otra es la aportación de recursos de capital, es decir, la nacionalización total o parcial.
Desde un punto de vista técnico, se dice que el esquema del banco malo tiene el inconveniente de que es necesario saber con cierta exactitud cuál es el volumen de activos dañados de cada entidad, para saber qué y por qué cuantía hay que transferir. En realidad, es una objeción que, llevada a su extremo, vale también para la otra alternativa, porque es tanto como decir que sería deseable conocer el coste del saneamiento. Ciertamente, es deseable, pero no sabemos si es muy factible. La experiencia española enseña que sólo es posible conocer el impacto de una crisis bancaria muchos años después de su eclosión, una vez que pueda decirse a ciencia cierta que el proceso de gestión ha concluido.
Desde una perspectiva jurídica, sin embargo, sí es posible plantear algunas cuestiones. De entrada, no parece haber razón alguna de principio por la que el esquema no pueda caber en nuestro sistema, sin perjuicio de las dificultades que pueda plantear el diseño de los instrumentos jurídicos adecuados. Tiene, además, una ventaja importante sobre la alternativa de la recapitalización por aporte de recursos: resulta más respetuosa con la iniciativa privada, por cuanto los bancos saneados conservarían una gestión autónoma.
Se dirá que también es posible la aportación de recursos financieros estables -en una especie de nacionalización blanda- sin interferencias en la gestión, pero hay que preguntarse si esto tiene sentido. Si, finalmente, los contribuyentes tenemos que convertirnos en accionistas bancarios por necesidad, ¿querríamos hacerlo, además, de manera pasiva, sin derecho de voto? Sin duda, la creación de un banco malo y la recapitalización son fórmulas de saneamiento que pueden llegar a ser equivalentes desde el punto de vista económico, pero ni lo son ni tienen por qué serlo desde los puntos de vista político y jurídico.
La virtud citada de menor incidencia en la gestión posterior puede ser un defecto si lo que se pretende es hacer una distribución justa de los costes de la crisis. ¿Deben los bancos agotar sus recursos de capital antes de ser saneados con dinero público? Dicho de otro modo, ¿deben los accionistas -y los tenedores de otros instrumentos financieros que obliguen a soportar pérdidas- asumir su parte del saneamiento? Si esto es así, y la respuesta no es tan obvia como parece, la fórmula de la recapitalización puede ser más apropiada, agotando el capital primero para recapitalizar después con recursos públicos. Podrían arbitrarse fórmulas de efecto similar en esquemas de compra de activos, pero resulta más complejo.
En todo caso, lo que es evidente es que, tanto el planteamiento de la solución del banco malo como la de la recapitalización (masiva) dejan traslucir la idea no sólo de que los mecanismos corrientes de gestión de crisis van a ser absolutamente insuficientes sino de que, en general, van a serlo las soluciones de sector privado. En España, al menos, ello implicaría quemar demasiadas etapas demasiado rápido.
Fernando Mínguez; Asociado de Cuatrecasas