Montoro descarta toda posibilidad de acuerdos sobre política económica
La dureza del nuevo programa de Estabilidad enviado por el Gobierno a Bruselas, su superación por las previsiones de la propia Comisión Europea y la escasa visibilidad en la eficacia de las ayudas concedidas al sistema financiero completan un retrato en negro de la coyuntura que, en opinión del portavoz económico del PP, Cristóbal Montoro, invita a imaginarse el despacho del vicepresidente Pedro Solbes y a preguntar: ¿hay alguien ahí? Montoro advirtió ayer en una reunión con periodistas que el margen que en estos momentos existe para que el PP llegue a acuerdos con el Gobierno en el terreno económico es nulo.
La actitud del primer partido de la oposición adquiere su importancia si se tiene en cuenta que el Gobierno tiene pendiente de convocar la mesa de reformas estructurales para encauzar hacia el diálogo con el PP, empresarios y sindicatos proyectos de tanta envergadura, y a la vez tan complejos, como la transposición de la directiva comunitaria sobre servicios. Este asunto afecta a la liberalización del sector comercial, entre otros y, en paralelo, a una nueva regulación de los colegios profesionales. También está pendiente de negociación con el PP una nueva reforma en el sistema de pensiones.
El diputado y ex ministro se mostró muy crítico con la gestión que el Gobierno está haciendo del fondo de 8.000 millones de euros destinado a inversión pública municipal. Cualquiera que conozca el Ministerio de Administraciones Públicas, afirmó Cristóbal Montoro, 'sabe que carece de capacidad para gestionar un fondo de esta naturaleza', lo que posiblemente redundará, en su opinión, en una falta de filtros a la hora de autorizar los distintos proyectos y en una actuación tardía de la Intervención General del Estado.
'Si algo distingue la actuación del Gobierno frente a la crisis', concluyó Montoro, 'es la improvisación'.
Incentivos para la compra de automóviles
El PP ha registrado en el Congreso una proposición de ley para reactivar el sector del automóvil en la que defiende la supresión durante dos años del Impuesto de Matriculación, en el bien entendido que ninguna comunidad se opondrá a perder estos ingresos con tal de preservar los 50.000 empleos que hay en juego.La propuesta del PP se completa con la creación de una línea de crédito oficial para la adquisición de vehículos industriales, la recuperación de las deducciones en Sociedades y el aplazamiento de las cuotas a la Seguridad Social para las empresas del sector.