De aplicación inmediata
La mayor parte del nuevo paquete de medidas anticrisis presentado ayer por el presidente del Gobierno en el Congreso, con un montante de 11.000 millones de euros, se destinará al sector de la construcción por la vía de los ayuntamientos, como adelantó CincoDías. Las corporaciones canalizarán 8.000 millones para obras del nuevo Fondo Extraordinario de Inversión Pública en el Ámbito Local, al que se añadirán cerca de 1.000 millones más para rehabilitación de edificios o viviendas y obras de medio ambiente. También habrá dinero para el automóvil, el turismo y la asistencia social ligada a la dependencia. Y, de forma horizontal, se anuncia un nuevo impulso a la I+D+i, con 500 millones. El Gobierno prevé que estos fondos lleguen a las cuentas de las empresas y den por resultado 300.000 nuevos empleos en 2009. Un plausible objetivo, aunque se antoje de difícil consecución en la actual coyuntura si la estrategia se queda sólo en inyecciones como las anunciadas.
El plan sí tiene una virtud indiscutible: la inmediatez de su puesta en marcha. La exigencia de cumplir fechas le añade credibilidad. El lunes 13 de abril de 2009 las corporaciones locales que requieran dinero para obras deberán haberlas licitado, lo que deberá contribuir a recomponer muchas maltrechas carteras de pedidos de constructoras y otros sectores. Sería deseable que la maquinaria esté en marcha cuanto antes.
La gravedad de la economía crece y, en esa misma línea de perentoriedad, el Ejecutivo debería acelerar algunas de las medidas aprobadas ya, pero que aún no han entrado en vigor. Especialmente, aquellas destinadas a las pymes, como los 19.000 millones de euros del ICO destinados a que financien su circulante. No hay razones de peso para esperar. También ayudará a la salud financiera de las empresas que se acelere el pago de facturas que adeudan las Administraciones.
El nuevo paquete de medidas es un plan tan urgente como necesario para intentar frenar la sangría de empleo. Pero son poco más que recetas keynesianas clásicas, que serán previsiblemente útiles para unos meses. Y ese será su punto final. Nada más. En España hay un problema productivo que la crisis ha sacado a flote con más crudeza que nunca y que se agravará cuanto más profunda y larga sea la recesión. Abordar esta seria carencia es tan urgente como las medidas de choque.
Hay que aplaudir la oferta de José Luis Rodríguez Zapatero de convocar a los partidos políticos para negociar cambios, a fin de modernizar el modelo productivo español. Así como que se marque una fecha tope en la agenda para la primera reunión. Pero todo será inútil sin la voluntad de llegar a acuerdos. Por ello, estas negociaciones se deben abordar como un problema de Estado, y sin apriorismos como los que ayer, una vez más, lució gran parte de la oposición. El Gobierno no puede pretender de sus adversarios políticos que rubriquen los proyectos a ojos cerrados, ni la oposición hurtar el rol director al Ejecutivo. Pero unos y otros dilapidarán una oportunidad histórica e incumplirán sus compromisos con los ciudadanos si, a estas medidas de urgencia bautizadas como Plan Español de Estímulo a la Economía y el Empleo (PEEEE), no añaden cambios más profundos y ambiciosos que sirvan para conformar una economía más potente y competitiva.
