Los gobiernos meten mano a la propiedad privada bancaria

La entrada masiva y casi indiscriminada de los Gobiernos norteamericano y europeos en el capital de la banca supone un atropello a la propiedad privada de los accionistas, y no repara en que genera competencia desleal con la banca sana.

Los Gobiernos de todas las economías del mundo han acordado tácitamente que no permitirán la quiebra de ningún banco, vistas las consecuencias desastrosas de la bancarrota de Lehman Brothers, que ha secado radicalmente el hilillo de liquidez que hasta entonces había en el mercado. Pero lo han hecho con unos métodos que dejan bastante que desear.

En primer lugar, han garantizado los depósitos de todos los ahorradores hasta unos límites infinanciables si fuese necesario ejecutar la garantía. Han avalado las emisiones de deuda de la banca para que capte liquidez, e incluso han asegurado las operaciones del interbancario si alguien no cumpliese con los compromisos adquiridos. Pero incluso han entrado en el capital de los bancos de forma directa o con emisión de acciones preferentes, o bien con la adquisición de emisiones de obligaciones bien remuneradas, como en el casi de ING en Holanda.

Si un banco está en situación de quiebra, tiene justificación su rescate para evitar un efecto dominó indeseable. Pero resolver en un fin de semana cualquiera los problemas de capital de una entidad de forma tan arbitraria, por temor a una condena del mercado en la apertura de los lunes, es una temeridad.

El Reino Unido ha optado por la capitalización pública, siempre que los bancos no pudiesen cubrir sus necesidades de recapitalización con recursos privados. Pero no ha sido un ejemplo seguido en muchos sitios. En el caso holandés con, por ejemplo, ING, se inyectan 10.000 millones de euros en obligaciones perpetuas, remuneradas al 8,5% anual, y cuyas condiciones de recompra son de un 150% del precio de emisión. Y a cambio, los accionistas privados, se ven privados, y nunca mejor dicho, del reparto del beneficio durante una tanda de años. Capitalismo social siglo XXI.

¿A qué accionistas se han encomendado los gestores del banco para tomar semejante decisión?. ¿No deberían someter tal arbitrariedad a una junta de accionistas, en la que deberían ser desalojados de la gestión de forma inmediata?.

En España ya ha advertido el presidente de Santander, curándose en salud, que si se precisasen ampliaciones de capital (¿Se necesitan?) se cubrirían respetando el santo derecho preferente de los accionistas, y que nunca debería entrar el Estado. Tal entrada ha generado una competencia desleal descomunal con los bancos que no han mejorado sus ratios de capital, y que en teoría tienen activos y balances más sanos.

Si quieren recomponer su posición relativa, los bancos españoles deben hacer ampliaciones de capital inmediatas, o vender activos y destinar las plusvalías a reservas. Lo veremos en las próximas semanas

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