Sancho Panza y el 'ladrillazo'
El Gobierno ha optado por aplicar una terapia paliativa para intentar atajar la grave situación económica, considera el autor. Esta actitud gubernamental dista, en su opinión, de las políticas activas propuestas por los analistas, que abogan por rebajar la presión fiscal
Ahora que medio país contiene la respiración viendo cómo una de nuestras empresas inmobiliarias más importantes está inmersa en pleno proceso concursal, no está de más recordar el regocijo indisimulado e irresponsable con el que más de uno -y alguno con nivel de representación pública- recibió los primeros síntomas de la crisis del sector inmobiliario.
Lo que se calificó como el principio del fin de la burbuja inmobiliaria fue celebrado por muchos, con motivaciones diversas y ninguna afortunada. Unos lo celebraron pues suponía el término de los extrabeneficios de terceros. Mala cuestión, pues como dijo Sancho, 'donde reina la envidia no vive la virtud'. Otros lo hicieron pretendiendo apuntárselo como éxito de su política. Torpe empeño, aunque según Panza, 'las necedades del poderoso pasan por sentencias'. Lo cierto es que pasado un tiempo, los españoles observan ciertamente preocupados que, parafraseando al personaje de Cervantes, 'todo el mal nos viene junto, como al perro los palos'.
En efecto, transcurridos 18 meses desde los primeros síntomas de crisis y próximo a llegar el cabodeaño del estallido de las subprime, ha ocurrido lo que preveía el escudero de Don Quijote: 'Todo saldrá en la colada'. Veamos: la economía española ha dejado de crecer; nuestra Bolsa se desploma en caída libre; la inflación vuelve a galopar; el desempleo aumenta de continuo, y el déficit amenaza de nuevo las cuentas públicas. Lo cierto es que al menos la gravedad de los últimos datos ha traído la virtud de enterrar el debate previo, estéril y absurdo, sobre la existencia o no de crisis, situando la vela en lo realmente trascendente que son el tiempo empleado en la adopción de medidas y el contenido de las mismas.
Rebajar los impuestos, además de aumentar el dinero en manos de los agentes privados, facilitaría la competitividad de las empresas españolas
Respecto a la primera cuestión, ya dijo el pretendido gobernador de la ínsula Barataria que 'en la tardanza está el peligro'. En este sentido, es claro que la rapidez de respuesta no ha caracterizado la actuación de nuestros responsables económicos. Hasta hace unas semanas -con evidente retraso- no se ha elaborado un conjunto articulado de medidas anticrisis y, en todo caso, el recetario no ha merecido el aprobado en el ruedo de los analistas.
Frente a la grave situación económica, el Gobierno ha adoptado una actitud nihilista según la cual, la crisis no tiene causas internas; ergo, no podemos combatirla; ergo, sólo podemos aliviar sus males. Así, optando por una terapia exclusivamente paliativa, nuestros gobernantes intentan reducir el grado de las consecuencias recaídas en determinados colectivos. Es el caso del denominado cheque bebé, del de los 400 euros o de determinados aumentos anunciados en algunos instrumentos de protección social. Es innegable que las ayudas son bien recibidas por los receptores, pero la cuestión a dilucidar consiste en si es esa la respuesta adecuada ante la gravedad de la crisis, pues como dijo el cuidador de Rocinante 'el dar y el tener, seso ha menester'.
Frente a la actitud gubernamental, muchos analistas consideran necesario realizar una política más activa que reactiva que se orientara en una dirección antes curativa que paliativa. La receta dista de ser compleja: rebajar efectiva y significativamente la presión fiscal. De ese modo, además de aumentar el dinerario en manos de los agentes privados, se facilitaría la competitividad de las empresas españolas, y ambos efectos trasladarían un impulso reactivador a nuestra economía. La rebaja de impuestos debería acompañarse de una reducción del gasto público -también efectiva y significativa- que evitase una presión al alza de los tipos de interés, y de reformas estructurales de signo liberalizador, a fin de contrarrestar el impulso inflacionista.
En este contexto, la insolvencia de Martinsa Fadesa, con un pasivo de 5.000 millones de euros, ha provocado diversas reacciones dentro del equipo económico del Gobierno. El vicepresidente Solbes, muy en su línea, ni ha dicho nada insensato ni ha avanzado ninguna idea. Por su parte, los responsables de Industria y Vivienda han propuesto la adquisición pública -a través de la compañía estatal Sepes- del suelo propiedad de promotores y empresas inmobiliarias, como medio de inyectarles liquidez a fin de evitar las insolvencias -la conocida y otras que pueden estar larvándose-. Es evidente que la venta de sus varios millones de metros cuadrados de suelo -se cifra en torno a los 20 millones- permitiría a Martinsa, como a cualquier compañía inmobiliaria, superar su actual problema de iliquidez, pues según el popular refranero de la ficción cervantina, 'un asno cargado de oro sube ligero la montaña'.
No obstante, con independencia de la falta de adecuación de la propuesta a la actividad empresarial y quehacer corporativo de Sepes, se echa en falta un análisis profundo que estudie con seriedad las causas y motivos de haber alcanzado la actual situación, pues siguiendo al asistente del caballero andante, 'aventuras y desventuras nunca comienzan por poco'.
Ignacio Ruiz-Jarabo Colomer. Ex presidente de la SEPI y presidente de EDG-Escuela de Negocios