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Tribuna
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Admitir las dificultades, el primer paso

El presidente del Gobierno ha elegido la presentación de su informe económico para anunciar nuevas medidas que atajen el frenazo de la economía en el último semestre. Ha optado por la prudencia, evitando referencias que susciten dudas sobre la relevancia que concede a la economía. No podía ser menos; la situación está lo suficientemente deteriorada como para que su gestión haya pasado al primer plano de atención del Gobierno. Desde el debate electoral entre Solbes y Pizarro, en que un 2,4% de crecimiento económico parecía catastrofista, el propio Gobierno ya maneja crecimientos oficiales por debajo del 2% a cierre de año.

Tras el despliegue de cifras económicas, dos cuestiones saltan a la vista. El primero, que los responsables del plan han evitado un veto interno dentro del propio Gobierno al no poner en cuestión el espíritu y la letra de la Ley de Estabilidad Presupuestaria. Aun incurriendo en gasto contracíclico, el plan es moderado. Pero ello no es necesariamente bueno, depende de si lo que hemos visto no se intensifica. Por el momento no observamos un suelo en la evolución de la economía.

En segundo lugar, la presentación de ayer pone de manifiesto que reformas regulatorias sencillas, fáciles de entender y basadas en el sentido común, como a las que apuntan los índices Doing Business (del Banco Mundial) o Product Market Regulation (de la OCDE), acaban calando, aun en la política. El decálogo de medidas a adoptar en el sector servicios, incluida no sólo la liberalización del ámbito gremial (como el de los colegios profesionales), sino del transporte aéreo y ferroviario, había sido ya recogido en documentos de trabajo de diversas fundaciones en España. Pero cualquier Gobierno capaz de filtrar el ruido continuo de peticiones de reforma, exacerbado en tiempos de crisis, y centrarse en algunas pocas debe ser valorado positivamente.

Por desgracia, no basta la buena voluntad para realizar buenas obras. Y dos puntos suscitan ahora la mayor preocupación de la economía española. Por un lado, su elevada necesidad de financiación exterior. Por otro, la existencia de un sistema productivo doméstico con dificultades objetivas para generar dinamismo más allá del ladrillo, aunque conviva con empresas capaces de competir en el escenario internacional, como a las que hizo ayer referencia el presidente. No hay soluciones sencillas a ambos problemas, pero es preciso intentarlo.

Hubo palabras de afecto por parte del presidente hacia el sector financiero en particular. Y presentó medidas concretas de apoyo a la financiación a través del ICO. æpermil;ste ve incrementadas las líneas de avales que proporciona para transformar vivienda libre en protegida por encima de las anunciadas el 18 de abril. También se incrementa la financiación que presta a pymes y empresas medianas. No obstante, es dudoso que el sector público sea capaz, por sí solo, de generar un crecimiento del crédito suficiente para el que precisa la economía. No es extraño, es así en prácticamente cualquier otra economía de la OCDE. Además, los problemas en el ámbito financiero van más allá del crecimiento que precisa la economía. Impera la estigmatización de España y la prima de riesgo se ha incrementado para el sector privado, pero también para la deuda soberana, siguiendo el curso de los países periféricos. Lejos, por tanto, de Francia (y no digamos ya de Alemania).

Por último, el presidente enfatizó en su discurso la necesidad de potenciar la formación profesional para sentar las bases de un crecimiento sostenible de España a largo plazo. æpermil;ste exige que la economía sea capaz de captar e instruir, con la misma avidez con la que ha sido capaz de hacerlo en el sector de la construcción, a profesionales de los servicios. No está claro sin embargo si ése es, necesariamente, el único camino posible a seguir. Los países de la OCDE que han liderado el crecimiento en los últimos años (Estados Unidos, Irlanda, etcétera) no son, precisamente, bastiones de ésta.

Carlos Maravall. Analistas Financieros Internacionales

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