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Editorial
Es responsabilidad del director, y expresa la opinión del diario sobre asuntos de actualidad nacional o internacional

Irlanda no puede frenar a Europa

Irlanda se ha pronunciado y ha dicho no al Tratado de Lisboa. Un país con cuatro millones de personas ha dictado sentencia sobre el proyecto político de un club de 500 millones. Con independencia del resultado, parece desproporcionado que en una comunidad como la europea unos cuantos vecinos puedan decidir el futuro de todos.

El club ya ha dedicado gran parte de la primera década del siglo XXI a intentar reformar el sistema de trabajo de sus instituciones. Sin duda, una tarea urgente y necesaria porque con 27 socios sigue funcionando, prácticamente, con las mismas reglas que fijaron en 1958 los seis países fundadores de la UE. Pero esa reforma no puede convertirse en un fin en sí misma, en el que se consuma todo el capital político de las instituciones comunitarias.

Si este periódico defendió tras la victoria del no a la Constitución europea en Francia y Holanda que se parase el proceso de ratificación para no ahondar la crisis, ahora cabe pedir lo contrario, precisamente, para no desencadenarla. La decisión de Irlanda es muy respetable, pero 18 países ya han ratificado el texto y los nueve restantes, entre ellos España, deben culminar el proceso. A finales de año, con 26 países a favor y uno, que representa al 1% de la población de la UE, en contra, Dublín tendrá que buscar una salida.

La opción de un nuevo referéndum parece difícil, al menos con el actual Gobierno. Pero más aún la renegociación del Tratado de Lisboa para dar cabida a las inquietudes del electorado irlandés, que abarcan desde un temor infundado a la armonización fiscal hasta la queja por la pérdida de peso de Irlanda en la toma de decisiones en Bruselas.

La Unión puede, por último, incorporar una buena parte de las reformas previstas en el Tratado -como el nuevo sistema de voto en el Consejo o la reducción del número de miembros de la Comisión- mediante acuerdos de menor rango legislativo, que no necesitarían la ratificación nacional. El recurso desproporcionado a la consulta popular acabaría forzando así un proceso de reforma de la UE bajo manga diplomática y sin apenas transparencia.

Por eso, a largo plazo Europa debe buscar un nuevo sistema de ratificación. Si la opción de un referéndum en toda Europa parece un objetivo tan deseable como inalcanzable en estos momentos, los cambios menores deberían convalidarse por vía parlamentaria. Y si algún país, como es el caso de Irlanda, necesita para ello cambiar su Constitución, deberá hacerlo en aras de la convivencia de un club al que pertenece y del que se ha beneficiado enormemente desde 1973.

No se trata de privar a nadie de sus derechos democráticos, sino de ajustar su ejercicio a unas normas mínimas de responsabilidad acordes con una realidad pluriestatal como es la Unión Europea. Cada día se aprueban en Bruselas a nivel ministerial -o más bajo aún- medidas de tremendo alcance para los 27 países de la Unión, desde los límites a la jornada laboral a la liberalización de ciertos servicios. Y se aplican en todos los países sin someterlas a consulta popular. Si se hiciera, probablemente nunca entrarían en vigor, porque siempre habría algún país que, por razones fundadas o infundadas, diría que no.

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