Instituciones formales e informales en España
Existe un consenso creciente de que las instituciones (formales e informales) son condicionantes de primera magnitud de la evolución de la productividad. Elaboran las normas y disposiciones de distinto orden que regulan la actividad económica y las organizaciones públicas y privadas que se crean para el desarrollo de esa actividad, pero también son responsables de cómo se gestionan las regulaciones, el grado de cumplimiento de las normas y contratos y los códigos de conducta imperantes. El día 11 presentamos en la Fundación Ramón Areces los resultados de un estudio con un doble objetivo: a) fundamentar y matizar ese enfoque y b) caracterizar la realidad institucional española, avanzando en la hipótesis de que la divergencia en productividad que estamos viviendo hace 20 años sobre los países más avanzados está afectada seriamente por una peor calidad institucional.
En la primera parte, tras detectar que las experiencias exitosas de crecimiento vinieron precedidas de cambios en las instituciones económicas y que los procesos sostenidos de convergencia con los países más ricos han estado acompañados de reformas continuas, se obtiene el resultado de que la percepción que tienen los empresarios (actores fundamentales de la economía) de las regulaciones que les afecta depende de la seguridad jurídica (en sentido amplio) reinante en el país. Este hecho es importante en la comparación de España con los países de la OCDE y apunta, además, a que cambios normativos pueden no generar los efectos deseados si no se mejora el entorno en el que se aplican.
De acuerdo con los indicadores de Governance del Banco Mundial (BM) para 2006, España está situada en el puesto 20 dentro de los países de la OCDE tanto en seguridad jurídica como en control de la corrupción. De los países más ricos sólo Italia se encuentra peor.
Los españoles tienen una escasa confianza en la Administración pública y en la de justicia
De la base de datos Doing Business del BM, que recoge para un centenar de países 39 medidas objetivas agrupadas en diez áreas diferentes de la vida empresarial, se obtiene que España se encuentra muy alejada (en el sentido de peor situación) del centro de los 22 países más avanzados de la OCDE en cuatro de los aspectos y bastante lejos en uno. Los primeros son: creación de empresas, contratación y despido de trabajadores, obtención de créditos y cierre de una empresa. En protección a los inversores hay una distancia apreciable al centro pero menor que en las anteriores. En los otros cinco aspectos España se encuentra más o menos en la media de los 22 países, pero en ninguno sobresale positivamente.
Si pasamos del análisis comparado del estado de las regulaciones al análisis comparado de las percepciones de los empresarios, la imagen empeora aún más. De la Executive Opinión Survey (EOS) del World Economic Forum podemos elaborar una serie de 15 indicadores institucionales que cubren desde aspectos sobre el funcionamiento de la Administración a la calidad del sistema científico-técnico, pasando por la presencia de conductas irregulares y la seguridad jurídica. Y prácticamente en todos ellos (salvo en las percepciones de los impuestos y de las restricciones financieras) España no sólo se encuentra en puestos más bajos del 20 entre los 30 países de la OCDE, sino que la distancia al mejor país en cada aspecto es más del doble que la distancia al país peor clasificado. Varios de los indicadores institucionales se encuentran correlacionados con el nivel de la productividad y con el grado de absorción de nuevas tecnologías (el motor del avance en productividad).
A partir de la propia EOS y de una encuesta a 1.800 empresarios que Metroscopia hizo para nosotros, podemos obtener la visión que los empresarios españoles tienen sobre su entorno institucional. El mal funcionamiento de las Administraciones públicas y las deficiencias en la justicia aparecen como limitaciones de primera magnitud. También la presencia de conductas irregulares. Y, en ligera menor medida, la legislación laboral y la calidad de los servicios e infraestructuras públicas. Si nos preguntamos por valores relevantes que tienen los españoles y algunas características de sus códigos de conducta, obtenemos información de la Encuesta Europea de Valores y de algunos estudios específicos.
Los españoles tienen una confianza interpersonal medio-baja y una escasa confianza en la Administración pública y en la justicia. Su satisfacción con el puesto de trabajo es relativamente baja y son de los europeos con una mayor valoración de la seguridad en el puesto de trabajo y una menor valoración de que éste les permita realizar su propia iniciativa. Tienen una tolerancia media-baja con varias conductas irregulares, pero alta con la reclamación injustificada de ayudas estatales. Algunos estudios específicos revelan un grado de cumplimiento de normas y acuerdos menor que el de los países europeos más avanzados. La necesidad de reformas es evidente y la complejidad para emprenderlas también. Pero estaría bien empezar por estar de acuerdo en el diagnostico.
Carlos Sebastián. Catedrático de Análisis Económico de la Universidad Complutense