Inflación y paro frenan la renta real
El desempeño de la economía española ha cambiado radicalmente en los últimos meses. La crisis financiera, surgida en julio, ha funcionado como un elemento multiplicador de la desaceleración, a la que estaba abocada la economía española como consecuencia del agotamiento natural, tras 14 años de avance por encima del potencial, y de la excesiva concentración de los esfuerzos inversores en la actividad residencial. Pero es sorprendente la velocidad con la que la actividad inversora y el consumo han perdido fuelle y han pasado, en menos de un año, de avances muy sólidos a tasas negativas, hasta el punto de poner contra las cuerdas al propio crecimiento.
Una triple dificultad ha condicionado la situación actual en España. Una crisis financiera global que ha paralizado los flujos de crédito hacia todos los sectores económicos, tanto empresas como familias, aunque con diferente intensidad; un avance desconocido de los precios de las materias primas, desatado por una cotización del petróleo estimulada por el crecimiento de los gigantes emergentes (China, India, Brasil y Rusia), que ha llevado la inflación a valores muy preocupantes; y el excesivo sesgo de la inversión en España hacia los inmuebles, que precisa de grandes flujos de liquidez a precio razonable, y que drena ingente cantidad de recursos que serían más productivos en otros sectores.
Además, esta tercera dificultad ha tenido un perjuicio adicional. Ha situado a España en el foco de los temores, por considerar que si la naturaleza del crecimiento era similar a la estadounidense por la sobreexplotación inmobiliaria, debería padecer los mismos problemas, tanto para los hogares como para los bancos. Transcurridos diez meses de crisis en el sistema bancario mundial, las dudas están despejadas, y parece impuesta la creencia de que las instituciones españolas, tuteladas por el rigor de la autoridad monetaria, están limpias de polvo y paja, sin más riesgo que el que pueda suponer el avance de la morosidad.
Pero el derrumbe de la construcción ha provocado un súbito avance del paro, y un estancamiento del empleo. Esta circunstancia, junto con el tirón de la inflación, han puesto sobre las cuerdas al motor del consumo y del propio crecimiento: la renta real de los asalariados, que suponen el 90% de los ocupados del país, y dos terceras partes del PIB. Tras 14 años de fuerte avance, la renta real se ha estancado en el primer trimestre, y amenaza con retroceder en este segundo.
Más allá de los alivios que suponen inyecciones de liquidez, como las de los 400 euros de este año, que serán tragadas por la inflación, todas las políticas deben ir encaminadas a asegurar el empleo existente y a combatir la escalada de los precios. Reformar mercados para que la oferta se desenvuelva mejor y tire de precios y tarifas para abajo, es fundamental. Suelo, energía, trabajo, agua, distribución, educación y formación. Son reformas que no admiten demora, sobre todo para que cuando termine el ajuste de los excesos pasados reactiven la economía de inmediato. Los cambios deben hacerse cuando las cosas van bien. Duelen menos. Pero como no es el caso, debe aprovecharse que el ciclo político está en la primera parte de la legislatura, el que más fortaleza y confianza proporciona a los gobiernos, para pasar de la literatura a las matemáticas.