Las comunidades piden 7.000 millones más a Solbes
La solidaridad interterritorial se vislumbra como el principal foco de tensión de cara al inicio de la reforma de la Lofca
El debate sobre el modelo de financiación autonómica aún no ha empezado de forma oficial pero las consejerías de Economía ya hace tiempo que tienen preparadas toda una batería de argumentos y estadísticas para defender su posiciones. Valencia y Madrid han sido las primeras en abrir fuego al asegurar que desde 2002 hasta 2007 han dejado de ingresar 2.901 y 2.476 millones de euros, respectivamente. Argumentan que el Estado reparte los recursos tomando como base la población de 1999 y, por lo tanto, se omite el significativo incremento demográfico que han sufrido ambas comunidades. Baleares, cifra la pérdida de ingresos en 1.200 millones.
Otras comunidades, como Cataluña, cuya población en este periodo aumentó un 12,6%, no han realizado el cálculo pero han pedido repetidamente actualizar el modelo vigente desde 2002. Así, sólo por actualizar la población, el Estado debería aumentar como mínimo en 7.000 millones de euros los recursos que envía a las comunidades, según los Ejecutivos regionales. Supondría un 7,1% más respecto a lo que recibieron en 2005, último año liquidado.
El hecho de tomar como referencia la población de 1999 ha perjudicado especialmente a Baleares. De 1999 a 2005 -último año liquidado-, la población de las islas aumentó en un 19,7% y la financiación per cápita lo hizo en un 25,8%, mientras que Asturias, que en este periodo ha perdido población, se ha beneficiado de un aumento de la financiación por habitante del 51,8% (ver tabla). En principio, existe consenso para que la población sea la principal variable para determinar el modelo de financiación.
La Generalitat catalana se mira en el espejo del modelo alemán federal y apuesta por un sistema de nivelación que sea sólo parcial
El tema que, a priori, se prevé que levante más encendidos debates es la forma de calcular la solidaridad interterritorial, que se materializa a través del fondo de suficiencia y cuya misión es hacer posible que todas las comunidades ofrezcan un nivel similar de servicios. En este sentido, Cataluña -una de las comunidades más activas en pro de un nuevo modelo de financiación- ha convertido el límite a la solidaridad en su caballo de batalla. Desde la Consejería de Economía catalana se ha elaborado un documento de trabajo en el que propone que los mecanismos de nivelación se aplique sólo a los servicios básicos del Estado del Bienestar (sanidad, educación y servicios sociales) que, según sus cálculos, suman entre el 65% y el 75% del total de gasto autonómico. Para el resto de servicios, defiende que no se aplique ningún sistema de nivelación.
Fuentes de la Generalitat aseguran que la mayoría de países federales, como Alemania, también utilizan mecanismos de nivelación parcial. Por el momento, Andalucía, Aragón o Cantabria ya han mostrado su disconformidad con la idea. Por contra, Valencia y Baleares -cuya propuesta también establece límites a la solidaridad- se han mostrado en consonancia con la senda abierta por el Gobierno catalán. Madrid, que a priori saldría beneficiaria del modelo propuesto por Cataluña, se mantiene en una postura equidistante.
Si bien las comunidades convergen en que la población -como sucede actualmente- sea el principal elemento para determinar los recursos, existen divergencias a la hora de decidir qué otras variables entran en el modelo. Desde Cataluña, se propone que se tenga en cuenta el peso de la población inmigrante en cada territorio. Ello abre un debate metodológicamente complejo y susceptible de caer en un discurso xenófobo, ya que, grosso modo, se trata de saber cuánto cuesta de más al Estado un inmigrante que un nativo. Por ejemplo, una escuela con más del 50% de inmigrantes requiere de unos gastos especiales que otras en las que los alumnos recién llegados son minoría.
Por contra, otras comunidades, como Andalucía, quieren que se tenga en cuenta la población infantil menor de cuatro años. Castilla y León exige que la dispersión -tal y como sucede con el actual modelo- siga siendo una variable importante a la hora de asignar recursos. Baleares, por su parte, defiende que el nuevo modelo tenga en cuenta la población flotante, es decir, aquella que no reside de forma permanente en una comunidad.
Todos estos condicionamientos representan un quebradero de cabeza para el ministro de Economía, Pedro Solbes. Un sudoku -tal y como él lo denominó- que deberá solucionarse antes del 9 de agosto si se quiere cumplir con la ley orgánica que modificó el Estatuto catalán.
Solbes es consciente de ello y en el último Consejo de Ministros aseguró que ya se han producido contactos con algunas comunidades. En breve, se convocará el Consejo de Política Fiscal y Financiera para empezar a debatir una reforma que el Gobierno sabe que será difícil pero que espera cerrar con el máximo grado de acuerdo.
En cualquier caso, todas las comunidades coinciden en pedir un aumento de los recursos con el mismo argumento: las necesidades de gasto de las comunidades aumentan por encima de las del Estado y, en cambio, sus ingresos suben a un ritmo muy similar, cuando no inferior. Y provoca lo que los expertos denominan un desequilibrio vertical. La postura del Gobierno es, en palabras de Solbes, mejorar 'los recursos, la autonomía financiera y mantener la solidaridad'. Aunque advirtió que el esfuerzo financiero 'será muy limitado' ante la desaceleración que sufre la economía española.
Andalucía. Chaves quiere más dinero por la población infantil
La Junta de Andalucía acudirá al debate para modificar el sistema de financiación con el objetivo de que el Estado tenga en cuenta la población menor de cuatro año a la hora de repartir los recursos entre las comunidades. Eso sí, como la mayoría, asegura que la población es el principio general para valorar las necesidades de gasto, aunque exige incorporar otros elementos como el 'envejecimiento de la población' o la extensión territorial. No en vano, Andalucía, junto con Castilla y León, son las dos comunidades más grandes de España.El Gobierno presidido por el socialista Manuel Chaves, exigirá que la Administración central dote de más recursos a las comunidades para hacer frente al aumento de gastos que supone, por ejemplo, la Ley de Dependencia, cuyo despliegue recae en las comunidades.
Comunidad Valenciana. Camps pide endeudarse al caer el crecimiento
La Generalitat Valenciana cerró el año pasado con una deuda de 11.550 millones de euros, tras crecer en 619 millones en el ejercicio. Sin embargo, al presidente Francisco Camps no le parece suficiente y ha buscado, y encontrado, en la Ley de Estabilidad Presupuestaria un resquicio para aumentar su capacidad de endeudamiento en 250 millones ya que el crecimiento económico será inferior al 3%. En una sesión de control en las Cortes Valencianas, Camps destacó que la Generalitat quiere invertir 'como mínimo' 3.000 millones al año para garantizar el crecimiento. Pero para ello debe tener la autorización del Gobierno para tener déficit. La legislación apunta que si el crecimiento es superior al 3%, las autonomías deben tener superávit, pero si es menor, pueden presentar un déficit del 0,25% para financiar las inversiones, informa Ximo Clemente.
Madrid. Aguirre se opone a los debates bilaterales
Madrid, una de las comunidades que más aporta a las arcas públicas del Estado, ha hecho hincapié en que la nueva ley de financiación deberá abordarse de forma multilateral. Madrid rechaza que el modelo se discuta de forma bilateral.El Gobierno de Aguirre es de los que más han protestado ante el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero para que la financiación contemplara el incremento de población. Como el resto de comunidades, Madrid exige mitigar el desequilibrio vertical y, al igual que Andalucía, piden que el Gobierno respete el principio de lealtad institucional, es decir, que aquellas decisiones de la Administración General del Estado que supongan incrementos del gasto de las comunidades se acompañe con un incremento de la financiación. Asimismo, pide incrementar los porcentajes de cesión de impuestos como el IRPF, o el IVA.
Cataluña. Castells propone reducir el grado de redistribución
Desde Cataluña, el consejero de Economía, Antoni Castells, no se opone a la solidaridad interterritorial pero considera que debe limitarse tal y como sucede en países de lógica federal como Canadá o Alemania.Considera que está fuera de toda lógica que aquellas comunidades que gozan de unos recursos tributarios más elevados acaben teniendo unos recursos per cápita inferiores a la media después de aplicarse los mecanismos de nivelación. O dicho de otro modo, consideran excesivo que los territorios que partían con menos ingresos, una vez repartido el fondo de suficiencia, adelanten a aquellas comunidades que antes de la nivelación gozaban de mayores recursos. La Generalitat está de acuerdo en aplicar un sistema de solidaridad pero se muestra contraria a que éste genere 'reordenaciones en el ranking de ingresos per cápita'.
Hacia una mayor capacidad normativa en impuestos
Una de las claves para el nuevo modelo de financiación autonómica pasa por un incremento de la capacidad normativa de las comunidades en los impuestos de los que obtienen recaudación, ya sean los propios o los cedidos por el Estado central. Supone, en la práctica la posibilidad de que los gobiernos regionales suban o bajen los gravámenes tributarios con una mayor autonomía respecto a la Hacienda central y en función de su propia política fiscal.Grupo de expertos El camino por recorrer en esta materia es amplio, según el documento elaborado por el grupo de expertos, constituido en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF). Entre las conclusiones de estos expertos figura el que, 'a pesar de haberse incrementado la capacidad normativa de las comunidades, el peso que tienen los impuestos sobre los que ellas la pueden ejercer es aún reducido'. Así, y según el mismo documento, la administración central (Estado y sus organismos autónomos) contaban hace tres años con el 44% de los ingresos impositivos y un 53% de la capacidad normativa de los mismos. Las comunidades, por su parte, sólo tenían el 20% de los ingresos y una capacidad normativa, muy inferior, del 11%. Tanto el vicepresidente Pedro Solbes, como los responsables del conjunto de las comunidades autónomas están de acuerdo en elevar la capacidad normativa autonómica. Sin embargo las discrepancias y muy fuertes, surgen cuando se va más al detalle y se analiza por impuestos. Ejecutivos como el catalán desean tener la posibilidad de modificar los gravámenes en todos ellos, incluido el IVA y el impuesto de sociedades.Espacios fiscales propios Desde el Ministerio de Hacienda, ya se ha advertido de la dificultad de modificar los aspectos normativos del IVA sin haber consultado antes a Bruselas. Además, Solbes se muestra totalmente contrario a desgajar el impuesto de sociedades, tributo que desea que se quede en el seno del Estado central, tanto su recaudación como la capacidad legislativa. La idea a desarrollar, es la de 'espacios fiscales propios', en donde comunidades y Estado central tengan muy bien delimitados los impuestos que pueden gestionar en su política fiscal.Cesta de tributos estatales A la vez de una mayor capacidad normativa, Gobierno central y comunidades autónomas están de acuerdo en incrementar la participación de éstas en los impuestos cedidos. El Estatuto catalán marca como escenario central de negociación que se eleve del 33% al 50% los ingresos que reciben las comunidades por IRPF; del 35% al 50%, por IVA; y conseguir el 58% de los impuestos espaciales (alcoholes, hidrocarburos y tabaco).Lealtad institucional Otro de los aspectos en donde hay acuerdo en principio es en respetar la denominada 'lealtad institucional' que es tanto como la necesidad de que el Gobierno central compense a las comunidades por los cambios en leyes estatales que impliquen un incremento de gasto autonómico. El problema se encuentra en la rapidez y coordinación para hacer efectivo este principio sin crear agravios comparativos entre ellas.