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Tribuna
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Un Gobierno para reactivar la economía

En democracia lo primero es felicitar al partido que ha sabido ganarse la confianza de la mayoría de los ciudadanos españoles. Felicidades por tanto al PSOE por la renovación de la victoria electoral.

Sin embargo, a diferencia de, por lo menos, las últimas cuatro convocatorias la situación económica a la que deberá enfrentarse el nuevo gobierno socialista presenta ahora problemas de ajuste importantes. El ministro de Economía, todo parece indicar que seguirá el hasta ahora vicepresidente Pedro Solbes, se reincorporará a su despacho en condiciones muy diferentes a las de la última legislatura. Ya no será suficiente administrar el crecimiento sino que, durante algo tiempo, deberá buscar fórmulas eficientes para gestionar un modelo económico que necesitará reformas inteligentes para tranquilizar a la población española en un entorno pesimista. La economía española que había crecido espectacularmente en los últimos 15 años señala claras muestras de desaceleración como consecuencia de fuertes desajustes del modelo de crecimiento seguido en las tres últimas décadas y por las turbulencias que está sufriendo la economía mundial, muy especialmente la estadounidense.

A los tradicionales problemas de control de la inflación, de la baja productividad y al déficit exterior, la economía española se enfrenta, además, a una profunda crisis del sector que ha sido motor principal del crecimiento de los últimos años.

Y lo peor es que todo el mundo sabía que una excesiva dependencia del sector inmobiliario no es una buena forma de gestionar la economía y que había que prepararse para cuando llegara el momento. Es cierto que el Gobierno ha sido precavido en las cuentas públicas y dispone de fondos importantes para acometer los ajustes necesarios.

Con la vivienda en desaceleración, la próxima fase de crecimiento tiene que concentrarse en inversiones más productivas que generen empleo bien remunerado por lo que el Ejecutivo tendrá que pensar en formas de trasladar la inversión en el sector de la vivienda al sector industrial y para ello deberá utilizar incentivos fiscales.

Sin duda la fiscalidad será el instrumento que con toda probabilidad utilizará el nuevo Gobierno para enfrentarse a un escenario económico cuyos efectos deberán ser repartidos de la forma más equitativa por lo que serán necesarias tanto medidas de política social como económica. Sin embargo, hará bien en elegir con mucho cuidado el tipo de medidas fiscales a aplicar. No sería bueno a largo plazo despilfarrar el superávit público conseguido en los últimos años.

En el centro de los ajustes a acometer está el de atacar de una vez por todas los males endémicos que padece nuestra economía, el primero, la inflación. En muchos países que arrastraron situaciones parecidas a la española, el éxito vino por la consolidación de un diálogo profundo entre el Gobierno, las empresas y los sindicatos. En España ya sufrimos un proceso semejante con los Pactos de la Moncloa. La construcción de un nuevo consenso deberá ser el producto de una seria discusión sobre qué parte del ajuste corresponde a los sueldos, qué parte a la reducción de los beneficios de las empresas y que parte depende del Gobierno. Es necesario que el Ejecutivo sepa convencer a los agentes económicos que una inflación creciente perjudica más, a la larga, que unos precios estables.

El modelo seguido de inflación de activos deberá ser sustituido por otro de 'desinflación competitiva' que no recurra permanentemente al endeudamiento que ha colocado nuestro déficit exterior en cifras récord por un modelo que se plantee el crecimiento de la demanda agregada mediante el establecimiento de estímulos hacia aquellos que en mayor proporción consumen, vinculando el crecimiento de los salarios a mejoras en la productividad.

El crecimiento de la productividad del trabajo es el otro reto a afrontar para mejorar la competitividad de nuestras empresas. Es necesario ser más competitivos y, dada la imposibilidad de actuar en política monetaria, ello sólo será posible generando actividades que aporten más valor añadido, mejorando nuestro sistema educativo apostando por una educación superior más técnica que ayude a crear empleo en el sector industrial.

El presidente del Gobierno ha anunciado priorizar la mejora de la inversión en investigación y desarrollo y la introducción de más innovación en el proceso productivo. Este debe ser el camino si se realiza en un entorno protagonizado por el consenso político, social y económico.

Agustín Ulied, Profesor del Departamento de Economía de Esade (URL)

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