Superávit para afrontar la desaceleración
La Administración cuenta por primera vez con margen presupuestario y financiero suficiente para enfrentarse a una etapa de menor actividad económica.
Cuando el actual Gobierno llegó al poder en marzo de 2004, tanto la oposición política como muchos analistas y empresarios ponían en duda la capacidad del nuevo Ejecutivo para mantener el proceso de consolidación fiscal iniciado en los años 90 y que aproximó a España a los estándares de estabilidad presupuestaria de la Unión Europea para su entrada en el euro. Un Gobierno en minoría con apoyos puntuales de partidos afincados a la izquierda presuponía la apertura del 'grifo del gasto' público para asegurarse el apoyo parlamentario necesario. Nada más lejos de lo que ha ocurrido en realidad, al menos hasta el momento. El gasto público del conjunto de las administraciones, medido en porcentaje del PIB se ha mantenido casi invariable en los últimos cuatro años (ha pasado del 38,9% en 2004 al 38,7% en 2007).
Además, se ha conseguido que las cuentas públicas pasen de números rojos a números negros, con un superávit creciente en el tiempo y que en el último ejercicio (2007) ha llegado a cotas históricas, (2,23% del PIB, 23.368 millones de euros), nunca visto antes en la democracia. La explicación a este 'milagro' pasa por dos aspectos fundamentales. Por un lado, el mantenimiento de una política fiscal rigurosa por parte del vicepresidente económico Pedro Solbes, muy parecida, por cierto al de su antecesor en el cargo Rodrigo Rato (diseño presupuestario con moderación y reducción continua de la deuda pública para dar margen a futuros gastos).
Por otro lado, destaca una época de bonanza económica, mejor incluso que la de la anterior legislatura, que ha permitido obtener recursos tributarios suficientes, tanto para alcanzar por primera vez un superávit público como para realizar rebajas tributarias (IRPF e impuesto de sociedades), y financiar los mayores gastos sociales y de inversión que han ido imponiendo los socios parlamentarios para que se aprueben los Presupuestos del Estado.
El Estado central es el que ha realizado el mayor esfuerzo de consolidación
Ahora bien, hay que hacer varias matizaciones. En primer lugar, el Gobierno ha tenido que pagar otras 'facturas políticas' para salir adelante como la reforma de la Ley de Estabilidad Presupuestaria y la inclusión en algunos estatutos de autonomía (Cataluña es el ejemplo) de cláusulas que garantizan inversiones temporales del Estado, algo nunca visto hasta ahora, porque supone una cierta discriminación con respecto al resto de territorios.
Gasto autonómico
En cuanto a la reforma de la Ley de Estabilidad Presupuestaria, aunque el Solbes siempre fue partidario de cambiar varios preceptos para hacerla más flexible con respecto a la que aprobó el anterior Gobierno del PP (ésta exigía equilibrio o superávit público a todas las administraciones), la presión de algunas comunidades autónomas ha determinado que esa flexibilidad sea mayor de lo pensado en un primer momento por Economía. De esta forma, las comunidades pueden incurrir en déficit presupuestario si el crecimiento de la economía está por debajo del potencial. Además se permite un déficit adicional del 0,5% del PIB para 'inversiones productivas', que queda a discreción del Consejo de Política Fiscal y Financiera (órgano presidido por el Gobierno central, con la participación de las comunidades).
Esta discreción fue fuertemente criticada por el PP cuando se aprobó la ley, en 2006, ya que, en su opinión, se abre la puerta a que algunas comunidades sean tratadas mejor que otras por su buena o mala relación con el Gobierno central.
Otra matización a tener en cuenta es que la evolución de la ejecución presupuestaria no ha sido homogénea en todas las administraciones públicas. El Estado central y los organismos autónomos han hecho la mayor parte del esfuerzo de consolidación fiscal, pasando de un déficit del 1,30% del PIB en 2004 a un superávit del 1,29% en 2007. La Seguridad Social se ha mantenido con fuertes excedentes presupuestarios en torno al 1,1% (1,25% en 2007). En cambio, las comunidades y municipios han mantenido un tono errático. Sobre todo los Ejecutivos autónomos, que no han conseguido en ninguno de los cuatro años de la legislatura presentar unas cuentas con superávit. En 2007, elevaron su déficit al 0,17% (1.745 millones de euros) por la menor recaudación de impuestos ligados a la vivienda.
Deuda pública
Otro punto a destacar en la legislatura es la extraordinaria reducción del peso de la deuda pública. Se ha reducido 12,5 puntos de PIB en cuatro años. Para hacerse una idea de lo que ello supone en cuanto a liberación de recursos, si el ratio de deuda se hubiese mantenido como en 2004, el volumen de endeudamiento sería 131.000 millones superior al nivel actual. Con todo, el margen con que cuenta el Gobierno central para hacer política económica es estrecho. En un año excelente de crecimiento económico como 2007 apenas alcanzó los 70.000 millones en su conjunto, y buena parte del Presupuesto, dos tercios, va para gasto comprometido, en política social o pago de pensiones.
En cambio, los Presupuestos regionales cada vez se ensanchan más, duplicando muchas veces los servicios del Estado central y dejando, en cambio, a los municipios que asuman parte de sus competencias en materia social.
Programas de los partidos
PSOE. Superávit a lo largo del cicloLa propuesta central del PSOE para la próxima legislatura es mantener el superávit 'a lo largo del ciclo'. Esto supone la posibilidad de incurrir en déficit en algún ejercicio si fuera preciso para reactivar la economía, aunque con un objetivo excedentario para el conjunto de la legislatura. Otras líneas presupuestarias son:Mantener el conjunto del gasto público en el entorno o por debajo del 40% del PIB.Utilizar el margen presupuestario disponible para realizar rebajas impositivas (IRPF y sociedades). Ello implicará también la simplificación de los impuestos en deducciones y número de tramos.Intensificar la lucha contra el fraude fiscal como un recurso más para obtener ingresos.Espacio fiscal propio para las comunidades autónomas, con mayor capacidad para gestionar sus impuestos y modificar su normativa. Se abordará con una reforma de su financiación.PP. Reforma de la Ley de EstabilidadEstabilidad fiscal es el principio rector del programa electoral del PP. Para ello ofrece una reforma de la Ley General Presupuestaria y de la Ley de Estabilidad Presupuestaria de forma que garanticen la 'viabilidad de las finanzas públicas', así como la creación de una Oficina Presupuestaria en el Congreso.Plantea también elevar el superávit de las administraciones públicas hasta el entorno del 3% del PIB al final de la legislatura. Se conseguiría, entre otros asuntos con la contención del gasto corriente. El gasto público deberá crecer por debajo del PIB nominal.Se establecerá por ley la obligación de que se apruebe en el primer semestre de cada año, no sólo el techo de gasto del Estado sino también el volumen máximo de beneficios fiscales del ejercicio siguiente y una revisión del gasto financiero del Presupuesto.Se creará una Oficina de Información y Seguimiento de los Precios.CIU. Garantía de inversiones públicasLa intención de los nacionalistas catalanes pasa por combinar la estabilidad presupuestaria con la garantía de inversiones para Cataluña. Su oferta es:Aplicación flexible de la Ley de Estabilidad Presupuestaria, para que las comunidades puedan incurrir en pequeños déficit por inversión.Nuevo modelo de financiación 'singular' para Cataluña a partir de la aplicación del Estatuto, que contenga una cláusula de excepción para la comunidad.Publicación de las balanzas fiscales como requisito previo para alcanzar acuerdos parlamentarios con otras fuerzas políticas.Pago del Estado de 1.500 millones a Cataluña por atrasos en ejecución inversora.IU. Servicios públicos más eficientesIzquierda Unida apuesta por 'recuperar' la idea de servicio público. Para ello propone:Defensa de la gestión pública de los servicios públicos. Se planteará el retorno a la gestión pública de servicios esenciales cuya gestión esté privatizada, como el abastecimiento y saneamiento, los transportes y los residuos urbanos.Regulación más estricta de la contratación pública, para evitar la falta de transparencia en las licitaciones.Creación de un ente regulador de los servicios estatales para la evaluación de la calidad de los servicios prestados. Además, se establecerá un plan general de racionalización del gasto público para mejorar su eficiencia.