Frente a la brecha digital y por la convergencia

Hay 18 millones de móviles y líneas de banda ancha más que en 2004, pero los retos siguen siendo la lucha contra la desigualdad regional y la mejora en el ranking mundial.

Pocas pegas se pueden poner al crecimiento de las telecomunicaciones nacionales en los últimos años. Las altas en ADSL o cualquier tipo de conexión a internet de banda ancha se cuentan por millones, al igual que los nuevos clientes de móvil, los ingresos del sector o el tráfico total que transita por las redes. El resultado es que cada habitante tiene más de un celular en el bolsillo, porque la penetración superó el 100% de la población en algún momento de 2005, y que pagar por una línea de alta velocidad que no supera los 128 o 256 Kbps es ya sólo un recuerdo, aunque era así hace menos de cuatro años.

En estos momentos, hay 50 millones de usuarios de móvil y ocho millones de conexiones de banda ancha. Son doce millones de celulares más que al inicio de la legislatura y seis millones de ADSL o accesos de cable adicionales. En cuanto a la velocidad, la comparación es casi impensable. La oferta de ADSL a 20 megas está a la orden del día y Telefónica tiene en cartera el lanzamiento de 30 megas en un futuro nada lejano.

Pero los retos que estaban sobre la mesa el 14 de marzo de 2004 siguen ahora en pie. El primero es el de la convergencia con los países más desarrollados. Después de años de retraso tecnológico, España ha pisado el acelerador. El problema es que en materia de sociedad de la información no se trata de crecer, sino de crecer más que los demás. Y eso no ha sucedido. Según el Network Readiness Index, elaborado cada año por el Foro Económico Mundial, España ha retrocedido posiciones en desarrollo tecnológico. Ha pasado del puesto número 29 que mantenía en 2003 al 32 de la última edición del indicador, referida a 2006-2007.

En los últimos años se han acometido programas para extender el móvil y el ADSL

Un análisis más detallado permite comprobar que ha habido mejoras dentro de la caída de posiciones. Al término de 2003, la diferencia que separaba a España del primero de la lista, Estados Unidos, era de 1,49 puntos. Ahora esa distancia se ha reducido. España dista sólo 1,36 puntos del país más avanzado del planeta, Dinamarca.

La brecha, por tanto, se ha estrechado, aunque por el camino se han colado por delante países que la han recortado en mayor medida que España: ha habido crecimiento, pero no el suficiente.

El segundo gran reto que ha enfrentado el PSOE durante esta legislatura ha sido impedir que el avance tecnológico sea cosa sólo de los grandes núcleos de población y se haga al margen de gran parte de las regiones. Pero tendrá que mantenerse para la próxima porque es una lucha que, por ahora, se va perdiendo, por lo menos en alguna batalla.

Diferencia territorial

Así lo refleja el índice de convergencia de la sociedad de la información elaborado por la Fundación Orange. Los resultados de este indicador muestran que Madrid era -en 2004- y es -en 2006, los últimos datos disponibles- la comunidad más desarrollada de España, pero que lo es ahora más que entonces. Es decir, la capital de la nación ha avanzado hacia la perfección tecnológica, mientras otras se quedaban atrás, lo que ha elevado la distancia entre la región más desarrollada y la que menos lo está -Cantabria- entre 2004 y 2006.

El indicador de la Fundación Orange mide casi una treintena de variables, desde número de viviendas con móvil, hasta el nivel de uso de las distintas tecnologías, pasando por su adaptación en las empresas y la administración. Pero también en este estudio hay algunas situaciones positivas. Es cierto que la brecha digital entre el primero y el último de la lista ha aumentado, pero igualmente destacan ocho comunidades que han experimentado avances con respecto a su posición en 2004, y entre ellas están algunas de las menos desarrolladas.

La conclusión más tajante del estudio es que hay una relación directa entre la mejora del desarrollo tecnológico regional y la inversión pública en sociedad de la información. Las regiones que más han invertido han ganado posiciones -Galicia, Andalucía...-, mientras que las que han regateado con los desembolsos lo han pagado con descensos en su puntuación -Navarra, País Vasco...-.

El problema de las comunidades es que no todo es inversión pública regional. El mercado lo forman empresas privadas y la demanda está concentrada en las grandes ciudades, donde cada euro de desembolso tiene más posibilidades de rentabilizarse. Y es así tanto si se trata de dotar de mayor o mejor cobertura al móvil con la instalación de antenas, como si se mide la extensión de la red de banda ancha, aunque en este punto han ayudado las operadoras de cable.

Apoyo del Gobierno

El Gobierno ha entrado en juego entre la inversión autonómica y la iniciativa privada. La vieja reclamación de los territorios menos poblados de que la telefonía móvil y la banda ancha entraran a formar parte de las obligaciones de servicio universal no ha sido atendida. Desde la Comisión Europea se considera demasiado costoso para las empresas y España no ha roto la baraja. Los ciudadanos, por tanto, sólo pueden exigir un acceso funcional a internet -banda estrecha- y una línea de teléfono. Pero durante la legislatura se han establecido planes de actuación para extender la sociedad de la información por España, con especial atención a las zonas menos rentables para la empresa privada.

A este objetivo responde el plan de extensión de la banda ancha. Se inició en 2005 y prevé llevar la alta velocidad a la mayoría de los municipios antes de que termine el año, gracias a ayudas públicas a las operadoras. Eso sí, la cobertura nunca será del 100% del territorio y los precios y condiciones en las localidades agraciadas difieren de las ofertas comerciales normales. La velocidad mínima, por ejemplo, es más propia de 2004 que de la actualidad, pero a cambio la disponibilidad de la banda ancha ha pasado en poco tiempo del 80% al 96% de la población.

También ha habido iniciativas gubernamentales para extender la cobertura del móvil, como el concurso que se convocó para repartir frecuencias de GSM que se habían liberado de otros usos. Fue en 2005 y el Gobierno usó las frecuencias como reclamo para conseguir de las operadoras compromisos de inversión en zonas estratégicas o localidades de baja población. El problema en este caso es que no todos los compromisos asumidos por las compañías que ganaron el concurso se han cumplido y en su debido momento.

Con este panorama llega a escena el que será uno de los cambios tecnológicos de mayor calado en la historia de las telecomunicaciones. Tras 80 años de despliegue de la red telefónica básica que recorre toda España y que llega a los hogares a través de llamado par de cobre, las operadoras están preparando una nueva infraestructura, que sustituirá la red actual por fibra óptica.

Telefónica ha comenzado ya a construir esta red de próxima generación, al igual que otras compañías, con inversiones milmillonarias, y será durante la próxima legislatura cuando empiecen a llegar las primeras ofertas comerciales. La capacidad más común permitirá ofrecer 100 megas de acceso a internet, diez veces más que los máximos reales que tienen ahora los internautas al alcance de su mano con las archifamosas propuestas de 20 megas, que en el mejor de los casos se quedan en diez.

¿Y para qué se necesita tanta velocidad? Para cualquier cosa que se quiera hacer en el hogar de un futuro que no está ya tan lejano. No es sólo la conexión a internet, sino los juegos online, la televisión de alta definición, la videoconferencia, la telefonía IP, el control de los electrodomésticos o las alarmas. Y en este campo el reto de estrechar la brecha digital se multiplica. Son muchas inversiones y las operadoras tendrán mucho cuidado de concentrarlas allí donde se puedan rentabilizar. El papel de las autoridades será evitar que se creen varias Españas tecnológicas.

Los reguladores y la rebaja de precios

El Gobierno no ha sido la única institución que ha velado en los últimos años por el desarrollo de las telecomunicaciones. Los dos reguladores con potestades en el tema, la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT) y la Comisión Europea (CE), también han puesto su grano de arena, aunque desde otra óptica.Ambos organismos han optado por la batalla en los precios, tanto en telefonía móvil como en ADSL o banda ancha. No pueden exigir rebajas de tarifas, porque los precios finales a clientes están liberalizados, pero sí han cuestionado el nivel de los costes por encontrarse en la parte alta de la comparativa europea.En móvil, la CMT ha optado por el mecanismo indirecto de aprobar los móviles virtuales, llamados a incentivar la competencia y plantar cara a las tres operadoras consolidadas, Telefónica, Vodafone y Orange.Para la banda ancha se han aprobado rebajas de precios mayoristas.

Programas de los partidos

PSOE. Habrá un 'defensor del internauta'El Partido Socialista tiene todo un capítulo de su programa electoral dedicado a la sociedad de la información y a las fórmulas para extenderla lo más posible, tanto de forma física, al favorecer el despliegue de redes de banda ancha fija y móvil que eviten la brecha digital, como sociológica, con la intención de incorporar a todos los colectivos -mayores, mujeres...- al desarrollo tecnológico. No hay demasiadas referencias a los planes concretos para conseguirlo, pero buena parte se hará en el marco del Plan Avanza, responsable de la llegada de la banda ancha a núcleos rurales y zonas menos favorecidas durante esta legislatura, que se prolongará hasta 2012. Otro punto en el que el PSOE quiere incidir es en la protección a los usuarios, con un nuevo marco normativo que incluye la creación de la figura del Defensor del Internauta, para velar por el cumplimiento de las buenas prácticas y la protección del menor.PP. Una agencia única para las antenasPara el Partido Popular, uno de los problemas de mayor envergadura durante esta legislatura han sido las dificultades de las operadoras para instalar nuevas antenas, sobre todo en telefonía móvil, por las imposiciones de cada municipio dentro del 'caos' que suponen las normativas específicas de 17 comunidades autónomas, en palabras del secretario ejecutivo de Nuevas Tecnologías del PP, José Ignacio Echániz, pronunciadas durante un debate en el foro Thursday. La propuesta de su partido es 'abordar el problema desde una perspectiva nacional, mediante una única agencia de gestión de espectro radioeléctrico'. El PP también ha prometido generalizar al final de la legislatura el acceso a la banda ancha, con servicios a 30 megas en toda España y de 100 megas en el 50% de hogares, aunque no da demasiados datos sobre las fórmulas para hacerlo posible, ya que estas redes las están desarrollando empresas privadas.