Un sistema de control más transparente para las ONG

La opacidad legal en la que desarrollan su actividad las ONG les está pasando una factura muy cara. El colectivo de organizaciones no gubernamentales, que deben su fuerza a la confianza que inspiran en la sociedad, está viendo perjudicada gravemente su imagen por los escándalos que afectan sólo a algunas entidades. ¿Hay que tomar cartas en el asunto y buscar nuevos mecanismos de control o son sólo casos aislados que no tienen por que dañar al movimiento en su conjunto?

Las mayores organizaciones sí ven motivos para la alarma y ya han emprendido una cruzada para garantizar la máxima transparencia por la vía de la autorregulación, pero los casos de malas prácticas no han logrado convertir en unánime la evidencia de que las ONG deben pasar a la ofensiva y defender su gestión con más controles y auditorías obligatorias. Aunque muchas voces de dentro y fuera del sector ya piden una regulación clara de estas organizaciones que acabe con las sospechas, todavía sobresale una actitud defensiva que asegura que los controles son más que suficientes para garantizar la transparencia. En lo que sí coinciden todos es en reclamar mayor diligencia a las instituciones públicas como la Agencia Española de Cooperación Internacional (AECI), encargadas de vigilar por ejemplo las cuantiosas subvenciones públicas que reciben las ONG.

Sólo en España, las 1.500 asociaciones que se registran manejan más de 1.700 millones de euros y movilizan a más de un millón de voluntarios. Se calcula que como media un 60% de estos fondos tienen un origen privado, mientras que el resto es público. ¿Pueden asegurar todas ellas que sus cuentas están claras y que sus políticas son eficientes y correctas? De entrada, no existen normas comunes de obligado cumplimiento y las cuentas no se encuentran disponibles de inmediato para el donante que quiera consultarlas. Tampoco existe un registro único de fundaciones.

En la parte de las garantías, muchas ONG tienen códigos de conducta estrictos e iniciativas privadas como la Fundación Lealtad, que intentan recopilar con sus auditorías información sensible para ponerla a disposición de los donantes, otorgando a las entidades que lo soliciten un sello de buenas prácticas. Tanto las fundaciones como las asociaciones deben remitir periódicamente memorias económicas y de actividad, pero las auditorías no son obligatorias. En el caso de los proyectos con fondos públicos, los controles son más exhaustivos y todas las ONG con un presupuesto mayor de 300.000 euros se someten además voluntariamente a una auditoría externa, una actuación a la que no suelen recurrir las más pequeñas.

Sin embargo, la prueba de que esto es insuficiente es el caso de asociaciones como Intervida, que logró salvar todos estos exámenes y a la que la Fiscalía Anticorrupción acusó de una estafa de 200 millones de euros por desviar cantidades millonarias a fines distintos de los previstos.

La Fundación Lealtad, que sí reclama cambios como un registro online de asociaciones y fundaciones con información contable homogénea, acota sin embargo el problema asegurando que la mayoría de las ONG españolas tiene un grado muy alto (85%) de cumplimiento con las buenas prácticas. En la parte de los déficits, los estudios de esta entidad reguladora admiten que sí existen muchas carencias en cuanto al funcionamiento de los órganos de gobierno o en la eficacia y eficiencia de sus políticas.

Pero el debate no se limita a España, sino que tiene ámbito internacional, ya que los escándalos derivados de la opacidad del llamado tercer sector han afectado a distintos países. Se ha visto recientemente con la ONG francesa El Arca de Zoé, que trataba de sacar de manera ilegal a más de un centenar de niños de Chad, o con el caso de una docena de bancos británicos que habrían obtenido miles de millones de libras mediante complejos acuerdos financieros que utilizaban como pantalla fundaciones supuestamente benéficas. Esta sospecha se cierne sobre entidades como el banco Northern Rock, que se valía de una pequeña fundación para niños con síndrome de Down para obtener fondos.

La Unión Europea ha decidido intervenir en esta falta de transparencia de los lobbies en general con una medida que ha generado polémica, la identificación de estos grupos de presión entre los que se incluyen las organizaciones no gubernamentales. La idea es crear un registro con el nombre y los objetivos de cada una de estas organizaciones, lo que ha llevado al sector a proclamar que se pone en peligro su razón de ser.

Pero la revisión de planteamientos afecta también a los propios ciudadanos que colaboran desinteresadamente con la crucial labor de las ONG, unos protagonistas que deben implicarse en la derrota de la opacidad exigiendo cuentas del resultado de sus aportaciones. De esta forma, las entidades cobrarán conciencia de que deben rendir cuentas hacia arriba, a las autoridades competentes, pero también hacia abajo para contentar a sus socios. Este papel de guardianes de la transparencia y de una gestión de excelencia en la ONG que muchos reclaman para los donantes es un síntoma de que la sociedad ya no cree tan incondicionalmente en estas asociaciones sólo por sus fines solidarios. Ahora, además, deben demostrar con nuevas políticas de luz y taquígrafos que son dignos de confianza también por su gestión. Las principales organizaciones comparten ya este análisis de que las irregularidades detectadas son una oportunidad para mejorar y mantener la privilegiada posición que ocupan como las entidades más valoradas y en las que más confían los ciudadanos. También se está extendiendo el recurso de realizar auditorías.

Conscientes de que un escándalo en una ONG tiene más repercusión y se percibe con mayor gravedad que en cualquier otra entidad en atención a sus altos fines, las 11 principales organizaciones internacionales de desarrollo social, medio ambiente y derechos humanos del mundo han aprobado públicamente la primera Carta Mundial de Rendición de Cuentas del sector no lucrativo. Respaldaron el compromiso ONG como Ayuda en Acción, Amnistía Internacional, Greenpeace u Oxfam Internacional.

El objetivo de este documento es demostrar que las ONG 'valoran profundamente la confianza del público y no la dan por sentada'. Además, esta carta establece valores básicos y principios de funcionamiento para las organizaciones internacionales, entre los que figuran el buen gobierno y la gestión, la recaudación de fondos y el compromiso con todas las partes interesadas. El número de escándalos futuros demostrarán si esta nueva sensibilidad da resultados o hay que regular el sector.