Homologación
La síntesis de las transformaciones que la economía española ha experimentado en los últimos treinta años bien podría ampararse en un solo enunciado: homologación. También de la organización y de la convivencia política. Y ambas dinámicas tienen en las instituciones europeas su principal referencia de contraste, de validación, en definitiva. Europa constituyó el denominador común de las soluciones que se planteaban a la salida de la dictadura, en la articulación institucional y en la conducción de las políticas económicas. Aun cuando los itinerarios que proponían los distintos partidos políticos difirieran, ninguna de las opciones con un respaldo significativo de los ciudadanos prescindía de esa meta, asimilada a la modernización que los sistemas político y económico españoles precisaban.
El año que define el inicio de esas tres décadas es suficientemente emblemático de esa simbiosis en la que convergen las aspiraciones de modernización política y económica. Es el que reúne a todos los partidos políticos en torno a los Pactos de la Moncloa con el fin no solo de poner freno a un deterioro creciente de la economía española, sino de asegurar que ese no acabe convirtiéndose en la principal amenaza a la recién nacida democracia. La prioridad fue la neutralización de las tensiones laborales, la definición de un diagnóstico y sobre él un horizonte en el que asentar las reformas y la reconversión de un modelo industrial obsoleto desde hacia años. Con independencia del grado de cumplimiento de esos acuerdos, del protagonismo que los historiadores atribuyan a los distintos partidos o agentes sociales lo cierto es que constituyeron el ejercicio más visible de conjunción de esfuerzos por la modernización política y económica del país.
Aun cuando fue tras las lecciones democráticas celebradas en ese mismo año de 1977 cuando se solicitó formalmente la integración de España en la Comunidad Económica Europea, no sería hasta 1985 cuando se firmó el correspondiente acuerdo de adhesión. Y en 1986 se hizo efectiva. A partir de entonces, todos los Gobiernos han estado en la primera línea de los proyectos de perfeccionamiento de esa dinámica de integración, desde el Mercado æscaron;nico Europeo, hasta el último y más significativo de unificación monetaria. Sin la preservación de esa estrategia implícita desde la transición, favorable a la consolidación del proyecto europeo, es difícil entender las transformaciones experimentadas en la economía española, en sus instituciones así como en el comportamiento adaptativo de sus agentes. Una adaptación que fue primero costosa, con ajustes particularmente severos en el tejido industrial, y más tarde generadora de esos dividendos que han impulsado una de las más favorables fases expansivas de la economía española.
La apuesta primero por la definición del proyecto de unificación monetaria de Europa, y las inequívocas pretensiones por superar las exigencias de acceso en términos de convergencia nominal con las economías más estables, alimentaron esos catorce años de crecimiento ininterrumpido que significan la fase actual.
La desaparición de la peseta y la adopción del euro y de la política monetaria común, eliminaron esa prima de riesgo que diferenciaba a la economía española de las más estables y avanzadas, encareciendo su financiación y dificultando esa otra homologación no menos relevante que la formal, como es la de las condiciones competitivas de las empresas.
La transición a la fase final del proceso de unificación monetaria, en 1999, no solo completa la homologación institucional española con el núcleo de la UE, sino también la de sus agentes económicos. A la superación de la crisis global de comienzos de los noventa le suceden ritmos de expansión significativamente más elevados que los promedios europeos, acompañados de una creación de empleo igualmente sin muchos precedentes.
Los esfuerzos que se hicieron por alcanzar una estabilidad macroeconómica equiparable a las demás economías no solo se ha mantenido, sino que en lo que hace al saneamiento de las finanzas públicas se han superado significativamente, afianzando la capacidad de respuesta a eventuales perturbaciones externas, como las que ahora, de la mano de la crisis crediticia global, están teniendo lugar.
Con el cumplimiento de estos treinta años verificamos lo que ha de ser la homologación más relevante: la del bienestar de la población española. El PIB por habitante ha crecido de forma significativa en los últimos años superando la media de la UE-27 actual y aproximándose al promedio de los países con los que compartimos moneda.
La preservación de esa senda de convergencia real, de homologación en la prosperidad, lejos de estar garantizada, va a seguir exigiendo un esfuerzo si cabe mayor para afrontar un nuevo reto de homologación, en este caso con aquellas economías europeas que sin hipotecar las bases sobre las que se asienta la igualdad de oportunidades hoy ocupan las posiciones competitivas más avanzadas del mundo, gracias a su exitosa inserción en la economía del conocimiento. Esta es la homologación pendiente de esta ya larga pero exitosa transición de la economía española.
Emilio Ontiveros. Presidente de Analistas Financieros Internacionales (AFI)