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Columna
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Ofertas fiscales

Desde hace años, la fiscalidad se ha convertido en uno de los elementos diferenciadores de las propuestas de los partidos políticos, pasando a engrosar el contenido de la competencia electoral. En este sentido, hace unos días el Partido Popular avanzó su propuesta de reforma fiscal, apostando por las rebajas generalizadas en el conjunto del sistema tributario, pero especialmente focalizadas en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.

Razonablemente, en las próximas semanas se irán conociendo los detalles de esta propuesta. A su vez, lo lógico es que Partido Socialista presente también la suya. Sin embargo, hasta el momento desde las órbitas socialista y gubernamental tan sólo se han percibido actitudes más reactivas que constructivas, actitudes que se orientan en tres direcciones.

Una primera dirección es la poco edificante senda de la personalización. El director de la Oficina Económica del Presidente del Gobierno, David Taguas, ha alardeado de la pretendida ignorancia en materia económica de Rodrigo Rato, basándose en que 'no tiene estudios de Economía'. Sin perjuicio de que el recurso a la titulitis como argumento no es sino el refugio de la mediocridad, el personaje parece desconocer que Rato es doctor en Economía. En todo caso, resulta sorprendente que se enarbole la titulación como arma por quien ha realizado reiterados intentos de alcanzar diversos títulos administrativos -inspector de Hacienda del Estado, estadístico facultativo del INE-, resultándole todos fallidos.

Un segundo tipo de reacción ha optado por el método de la pizarra de Suresnes, intentando falsear la historia. Así, siguiendo la estela emprendida por Pedro Solbes cuando manifestó lo vacía que se encontró la despensa en 2004 -ha de suponerse que él la dejó rebosante en 1996-, el dirigente socialista José Blanco ha manifestado que 'cada vez que la derecha anuncia bajadas de impuestos, los acaba subiendo'. La mera lectura de los informes oficiales del Ministerio de Hacienda descriptivos de los efectos de las reformas fiscales del Gobierno Aznar desautoriza estrepitosamente a dicha afirmación y a su autor.

Por último, una tercera dirección de la crítica se ha orientado a cuestionar la factibilidad de la propuesta popular, basándose en la brutal caída de recaudación que provocaría. Ocurre que hace 10 años, cuando se planeaba la primera rebaja del IRPF llevada a cabo por Rato y Costa, el Partido Socialista, con la significada ayuda de Miguel Sebastián, ya anunció que era imposible rebajar el IRPF sin poner en peligro la suficiencia del sistema fiscal en su conjunto, aumentar el déficit público y perder progresividad en el impuesto.

Los resultados, objetivos y oficiales, obtenidos en 1999 al aplicar la reforma, desmintieron con rotundidad tales presagios toda vez que: la reforma redujo la carga fiscal del IRPF -el crecimiento de las rentas gravadas triplicó el habido en la recaudación del impuesto-; la reforma logró que los contribuyentes españoles se ahorraran 800.000 millones de pesetas -diferencia entre el impuesto que pagaron en 1999 y el que hubieran pagado con la normativa preexistente; la reforma consiguió que la recaudación del impuesto creciera un 2,2%, fruto del vigor de la economía, en parte debido al aumento de renta disponible ocasionado por la rebaja fiscal; la reforma fue compatible con el logro del hito histórico de eliminar el déficit de las cuentas públicas, y la reforma hizo ganar al impuesto en progresividad, mejorando la situación de las rentas del trabajo -por primera vez desde la existencia del IRPF, su contribución proporcional a la recaudación del impuesto bajó siete puntos porcentuales-, y especialmente las de menor importe.

En base a la experiencia descrita, es esperable que el Partido Socialista abandone la estrategia de descalificación emprendida hasta el momento y centre a partir de ahora sus esfuerzos en diseñar y presentar su propia oferta fiscal para que los electores podamos elegir entre opciones alternativas. Lo cierto es que, de momento, la única propuesta de que disponemos resulta ciertamente atractiva. En efecto, reducir en varios millones el número de declarantes supone liberar de obligaciones a los contribuyentes, simplificar la gestión administrativa del impuesto y mejorar su control al reducirse la masa de declaraciones a comprobar.

Rebajar la factura fiscal a pagar resulta también positivo por varias razones. Primero, por ser un factor que favorece el cumplimiento fiscal voluntario, dado que cuanto mayor es la carga impositiva, mayor es el incentivo existente para el fraude fiscal. Segundo, porque al aumentar la renta disponible de las familias, además de aumentar su bienestar, se están inyectando recursos al sector privado, trasladando el impulso al consumo y a la inversión, y favoreciendo así la actividad económica, la creación de empleo y la calidad de vida de los ciudadanos.

Las evidencias empíricas de 1999 y de 2003 son bien elocuentes al respecto. Hay otras medidas sugerentes -mejoras específicas para las retribuciones del trabajo, tratamiento fiscal favorable para las madres trabajadoras…- que profundizan las medidas iniciadas en la reforma de 1999, y que fueron posteriormente complementadas o desarrolladas en 2003, mediante la reforma Montoro. En definitiva y considerándola en su globalidad, la oferta presentada se sitúa en línea con la política económica Aznar-Rato que propició la mejor década de la economía española.

Ignacio Ruiz-Jarabo Colomer. Ex presidente de la SEPI

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