COLUMNA

Urge un nuevo modelo de crecimiento

El modelo de desarrollo adoptado por España después del ingreso en la Unión Económica y Monetaria tuvo una razón de ser: el fuerte paro existente, que era necesario reducirlo en el menor tiempo posible. La fuerte caída de los tipos de interés y el tradicional desfase que la sociedad española tenía respecto a la vivienda alentaron la demanda de la misma y España ha tenido un fuerte desarrollo de la demanda interna, tanto de inversión en vivienda como de consumo de las familias derivado del fuerte empleo originado en el sector de la construcción.

Este modelo de crecimiento empezó a decaer a finales del pasado año, y el estallido de las hipotecas basura en EE UU está teniendo efectos en todo el mundo, especialmente en nuestro país por el fuerte endeudamiento exterior, el segundo país del mundo detrás de EE UU. El modelo de crecimiento señalado ha conducido a una fuerte pérdida de competitividad, como lo pone de manifiesto los continuos y fuertes déficits de la balanza de pagos, en 2006, del 8,6% del PIB ¿Qué hacer para salir lo más rápidamente de la crisis que afectará intensamente al empleo, ya que las previsiones de crecimiento para el próximo año de los organismos internacionales se mueven en el entorno del 2,7% -la mía es incluso más baja, 2,5%-?

El objetivo prioritario tendría que ser el incremento de la productividad, lo que permitiría reducir la inflación, ya que con los mismos inputs se logra producir más cantidad de bienes y servicios, mejorando la balanza comercial. La cuestión está en cómo incrementar la productividad, que no es tarea fácil, ya que no se logra por decreto, sino transformando información en conocimiento, éste en innovación y ésta en crecimiento. En la economía moderna esta posibilidad depende del capital humano y del tecnológico, pero es necesario que la gestión de estos factores se efectúe con eficiencia, pues de nada servirá que los Presupuestos asignen más recursos a ellos, ya que se acumulará ineficiencia sobre ineficiencia.

La cuestión está en cómo incrementar la productividad, que no es tarea fácil, ya que no se logra por decreto

Las TIC tienen un impacto sobre el crecimiento del PIB del 0,038, superior a las infraestructuras, del 0,02

La educación es por tanto un instrumento para aumentar la productividad, por lo que pasamos a analizar la gestión de la misma en función de sus resultados. Los dos informes efectuados por la OCDE: el PISA y Desde la Universidad al Trabajo muestran la grave situación que España tiene tanto en la educación media como en la universitaria, encontrándose en los últimos lugares de los países analizados. Los alumnos son incapaces de transformar información en conocimiento, y sin ello es imposible la innovación, que constituye la base del crecimiento. En tanto no transformemos todo nuestro sistema educativo, un mayor gasto público en educación no servirá para nada, la ineficiencia será cada vez mayor.

Pero no se trata de hacer una nueva Ley de Educación, en los últimos 25 años han sido promulgadas ocho leyes, lo que supone que la duración media de las leyes de educación está situada en España en tres años, y el problema ha ido empeorando cada vez más. La educación es el resultado de un proceso productivo en el que se combinan factor trabajo (los profesores), factor capital (escuelas, institutos, universidades, mobiliario y otro equipo capital), consumos intermedios (bienes y servicios consumidos en el proceso productivo), y el último es la organización de la producción. El consumo del producto final es efectuado por los alumnos de primaria, de bachiller y de universitarios.

De los informes de la OCDE citados resulta que la eficiencia de los procesos educativos es de muy baja calidad ya que los alumnos son incapaces de transformar información en conocimiento y éste en innovación, que constituye la base para el crecimiento. A mi juicio, el principal factor causante de ineficiencias se encuentra en la mala organización del sistema educativo, en la falta de responsabilidad de los agentes del sistema (centros, profesores, alumnos y familia), en la no organización de un sistema público de educación donde exista un mercado regulado competitivo de la educación entre centros públicos y privados, con libertad de elección de centro y donde el dinero público siga al estudiante.

La calidad se convertiría así en el instrumento de cada centro para conseguir estudiantes, si no hay estudiantes no hay subvención pública. Hace ya tres años que se creó la Agencia de Evaluación de Políticas Públicas sin que yo conozca que, en una cuestión de tan vital importancia como es la educación, se haya hecho una evaluación de dicha política pública.

A la educación universitaria se ha trasladado en la práctica el principio de gratuidad, ya que en la actualidad los estudiantes universitarios sólo pagan, a través de las tasas, entre el 15% y el 20% del coste de la educación que reciben; el resto se financia con fondos públicos a través de los impuestos generales.

Dado que la educación universitaria no es un bien público puro, sino que es un bien preferente que genera externalidades positivas, su financiación en la forma que se realiza hoy produce falta de equidad en el sistema, así como ineficiencia en su gestión. No se garantiza la equidad, ya que los fondos públicos que financia la Universidad provienen de impuestos que son pagados por todos, ricos y pobres.

Los alumnos universitarios, en cambio, provienen proporcionalmente en mayor número de familias de renta media alta y muy alta y de familias con estudios universitarios, generando efectos distributivos perversos, ya que se redistribuyen recursos desde las familias más pobres a las más ricas. Ello va en contra de lo dispuesto en el artículo 40.1 de la Constitución, que establece que los poderes públicos promoverán las condiciones favorables para una distribución de la renta personal más equitativa, y del 31.2, que dispone que el gasto público realizará una asignación equitativa de los recursos públicos.

Los nuevos manuales de la OCDE distinguen dos conceptos de capital: el capital riqueza y el capital productivo. En el primero incluye las infraestructuras y en el segundo las tecnologías de la información y el conocimiento (TIC), resultando que la elasticidad de las últimas tiene mayor impacto sobre el crecimiento del PIB (0,038) en tanto que la de las infraestructuras es sólo del 0,02. Los nuevos caminos para el crecimiento de la productividad van por tanto por las TIC. En España sólo se ha asignado a éstas un porcentaje ínfimo del gasto público, las preferencias han estado por las infraestructuras. Ello no quiere decir que estas últimas deban ser abandonadas, sino que la ponderación en la relación infraestructuras-TIC hay que dar más peso a estas últimas.

La reforma del mercado de trabajo sería otro instrumento para aumentar la productividad. Es cierto que la liberalización de este mercado no puede ser total, pues el trabajo no es una mercancía, pero de esto a lo que tenemos hay un abismo que hay que desregular. Los convenios deben negociarse a nivel de empresa, teniendo en cuenta la productividad de cada una y no a nivel de cúpula, como se hace ahora. Y el coste de las regulaciones de empleo no puede estar tan alejado de la media europea. Si las medidas que he expuesto se toman rápidamente será posible salir de la crisis en un tiempo razonable, si no fuera así el recorrido del túnel será largo.

José Barea

Catedrático emérito de la Universidad Autónoma de Madrid