Ayudas bajo sospecha
Las ayudas fiscales concedidas en base a un criterio de territorialidad siempre levantan sospechas con respecto a las normas de competencia y a su coherencia con la integridad de un mercado interior como el europeo. Esos principios son los que violaron, a juicio de la Comisión Europea, regímenes como las llamadas vacaciones fiscales vascas, con las que el Gobierno de Vitoria intentó atraer empresas hacia el territorio de Euskadi.
Un conflicto similar se ha abierto ahora entre Madrid y Bruselas. Pero esta vez no está en juego un régimen ideado para arrebatar inversiones a la comunidad autónoma vecina, sino todo un plan estatal de impulso a la internacionalización de las empresas españolas. Las ayudas potencialmente en peligro de devolución ascienden a varios miles de millones de euros y entre las beneficiarias figuran los principales nombres del Ibex, como Telefónica, Santander o Iberdrola.
La comisaria europea de Competencia, Neelie Kroes, considera que las compañías españolas se han beneficiado de una desgravación fiscal, presuntamente ilegal, cada vez que han comprado una empresa extranjera por la que han pagado por encima de su valor contable. La diferencia, conocida en términos financieros como fondo de comercio, pueden deducírsela, según la legislación española, a razón del 5% durante 20 años, lo que en la práctica les permite, llegado el caso, pujar con ventaja respecto a otras competidoras.
El Gobierno español está dispuesto a batirse por una medida que entró en vigor con la reforma del Impuesto de Sociedades en 2002 y a la que se han acogido decenas de operaciones. Para Hacienda, su legalidad estriba en que el beneficio fiscal se ofrece a todas las empresas que tributan en España, con independencia de su nacionalidad. Un argumento de mucho peso.
Bruselas, de todos modos, se pregunta por qué no se ofrece el mismo incentivo cuando las dos empresas, compradora y comprada, son españolas. La razón más evidente, aunque el Gobierno no vaya a plantearla como defensa, es que si se diese igualdad de trato a todas las operaciones, la recaudación del impuesto de sociedades podría desplomarse. Pero la CE tampoco debe olvidar que las fusiones internacionales, incluso en el supuesto mercado interior europeo, se rigen por mecanismos legales y fiscales mucho más complejos y onerosos que las nacionales, por lo que no resulta descabellado dar cierto apoyo a las primeras. Sobre todo, en un contexto en que se intenta promover la emergencia de campeones europeos para resistir los embates de la competencia mundial.
A pesar de los indudables argumentos a su favor, el Gobierno debería negociar con mucho tiento con Bruselas, con la fineza que se echó de menos en choques como los producidos alrededor de la opa de Eon sobre Endesa. La comisaria Kroes, cuya credibilidad en España quedó muy dañada por su injerencia en la opa previa de Gas Natural sobre la misma compañía, debería evitar también que este caso erosione aún más la imagen de la institución que representa. Y, en cualquier caso, la solución debe evitar a toda costa sembrar la incertidumbre sobre la situación financiera y legal de unas empresas que actuaron en todo momento respetando la legalidad vigente.