La Estrategia de Seguridad y Salud en el Trabajo

La Estrategia de Seguridad y Salud en el Trabajo recién aprobada en Consejo de Ministros es uno de los frutos más relevantes del diálogo social, según el autor, que analiza sus principales planteamientos. En su opinión, lo más destacable de la nueva normativa es el esfuerzo por facilitar su cumplimiento en las pymes.

Después de un largo proceso de negociación, no exento de dificultades, se ha aprobado el viernes pasado, por el Consejo de Ministros, la Estrategia Española de Seguridad y Salud en el Trabajo para el periodo 2007-2012. Se trata de uno de los frutos más relevantes del diálogo social, que si inspira efectivamente la política de los poderes públicos, así como la actividad de los sujetos que intervienen en la organización y desarrollo de la prevención de riesgos laborales, y de los propios empresarios y trabajadores, permitirá avanzar en la mejora de los indicadores de siniestralidad y de salud laboral.

Lo más destacable de la Estrategia, en mi opinión, es el esfuerzo por facilitar el cumplimiento de la normativa preventiva en las pequeñas y medianas empresas. Olvidando los planteamientos puramente sancionadores, aunque sin bajar la guardia en la persecución, administrativa y penal, de los incumplimientos, se prevé la adopción de medidas para la adaptación de las exigencias legales a las circunstancias específicas de las pymes.

La simplificación burocrática y la atenuación de la carga documental para las empresas de hasta 50 trabajadores constituye, en ese sentido, una vía segura para un mejor cumplimiento en las mismas de la normativa preventiva. También, acertadamente, se incentiva la asunción de las correspondientes obligaciones con medios propios, con recursos preventivos de la propia empresa. Se permite que el empresario pueda desarrollar personalmente la actividad de prevención en las empresas de hasta 10 trabajadores y se exime de la obligación de auditoría externa a las empresas de hasta 50 trabajadores que organicen su sistema de prevención con recursos propios.

En materia de vigilancia de la salud se apuesta por la colaboración, sin duda más fructífera para alcanzar los objetivos pretendidos que la confrontación

Igualmente, se prevén bonificaciones en las cotizaciones sociales para las empresas que decidan, sin estar obligadas a ello, tener servicios propios, y también para la contratación de trabajadores designados, con formación de nivel intermedio y dedicación efectiva a tareas preventivas, o que formen parte de los servicios propios. æpermil;stos, además, podrán subcontratar determinados y concretos medios necesarios para la realización de las actividades preventivas, cuando la dispersión geográfica de los centros de trabajo o el elevado coste de tales medios así lo justifique.

Todo ello, unido al establecimiento de criterios de calidad y eficacia para los servicios de prevención ajenos, trata de corregir la tendencia a la excesiva externalización de las actividades de prevención. La ausencia total de recursos preventivos propios en las empresas trata, así, de erradicarse, ya que sin algún recurso preventivo propio, simplemente no hay prevención.

Más discutible resulta la prohibición impuesta a las empresas con obligación de disponer de servicio de prevención propio de formar parte de servicios de prevención mancomunados 'sectoriales', aunque sí se permiten los constituidos para empresas del mismo grupo. Ello limitará el recurso a una figura, el servicio mancomunado, cuya potencialidad no ha sido hasta ahora suficientemente explotada.

Por otra parte, se potencia el papel asesor de la Inspección de Trabajo, que podrá establecer programas de apoyo y asesoramiento a las empresas de hasta 50 trabajadores, para que puedan planificar actuaciones preventivas de mejora de la seguridad y salud. En tales programas se evitará la propuesta de sanciones para las empresas, siempre que se cumpla la planificación establecida y se consigan los objetivos de mejora programados (y en ausencia de accidentes de trabajo graves, muy graves o mortales y de enfermedades profesionales).

Se recupera también la idea, tan insistentemente reclamada como ayuna de toda concreción normativa, de adaptación de las cotizaciones sociales por riesgos profesionales a la siniestralidad de las empresas. El compromiso asumido es, sin embargo, débil, ya que simplemente se dice que el Gobierno deberá proceder 'al estudio de la posibilidad de establecer' sistemas de reducción de dichas cotizaciones, cuando las empresas acrediten que su índice de siniestralidad está por debajo del promedio de su sector de actividad.

Novedosa e importante es la previsión de un Plan Renove de equipos de trabajo obsoletos en aquellos sectores en los que los datos de siniestralidad u otros datos objetivos pongan de manifiesto la conveniencia de modernizar la maquinaria. Esta renovación de equipos de trabajo, junto a la mayor atención a la investigación en seguridad y salud laboral, puede ser una vía muy importante de reducción de la siniestralidad.

Por último, hay que reseñar la mayor atención a la vigilancia de la salud y a la medicina del trabajo y la apuesta por la implicación en las tareas preventivas de empresarios y trabajadores, en particular en las pymes carentes de representación laboral. Ello se hace, siguiendo el modelo del sector de la construcción, por medio de un organismo paritario sectorial o territorial. Se apuesta, así, por la colaboración, sin duda más fructífera para alcanzar los objetivos pretendidos, que la confrontación.

Si se avanza, efectivamente, en todos estos planteamientos, y si se está atento, como se dice, a la adaptación permanente del modelo de prevención a los cambios en el mercado de trabajo y en el tejido productivo, estaremos en el camino adecuado para mejorar nuestra salud laboral y reducir las estadísticas de siniestralidad a una dimensión más acorde con nuestro desarrollo económico, social y cultural.

Federico Durán López. Catedrático de Derecho del Trabajo. Socio de Garrigues