El asociacionismo en telecomunicaciones

La cada vez más fragmentada demanda de los servicios de telecomunicaciones abre distintos escenarios en cuanto al modelo de negocio que primará en el futuro, según el autor. Ello hace imposible, en su opinión, que una sola asociación represente a todos los agentes.

El sector de provisión de servicios de telecomunicación se encuentra en un periodo de transición que le debe llevar a nuevos modelos de negocio imbricados en una cadena de valor deconstruida (fragmentada y en reconstrucción). Al margen de los procesos en marcha de concentración y expansión geográfica, distintos escenarios son posibles en cuanto al modelo, o modelos, de negocio que primarán en el futuro, sus fundamentos y las fortalezas requeridas para su materialización, no sólo para pervivir sino para estar entre los líderes mundiales.

Esto ocurre cuando la voz se comoditiza, los datos toman mayor peso y los contenidos pueden ser los productos más demandados, mientras el acceso flexible, el nomadismo y el uso de dispositivos multifuncionales parecen ser las facilidades más apreciadas. Accesibilidad, seguridad, funcionalidad, facilidad de uso y rapidez (ancho de banda) podrían ser requisitos generales, pero aún se desconocen los productos y servicios estrella de una nueva demanda cada vez más fragmentada. La distinción clásica entre usuarios personales y de negocio ya no será suficiente, y los proveedores deberán definir los nuevos mercados potenciales para atacar los aparentemente más atractivos.

Esta incertidumbre aumenta con una regulación que evoluciona más lentamente de lo que demandan las tecnologías, los mercados y la convergencia digital, y que está condicionando las previsiones, los planes de inversión y la innovación en los mercados. ¿Aumentará la intervención regulatoria para defender el modelo de competencia establecido o cambiará éste?, ¿se desregulará el sector para integrar el entorno de convergencia?

La Administración parece cerrarse al fenómeno de representación múltiple y cierra los cauces de participación a los agentes aislados

En esta situación los agentes tienen que poner en valor sus activos -materiales o intangibles- actuales y fortalecer los que puedan ser más débiles. Redes de acceso y transporte, sistemas de gestión, servicios, aplicaciones de usuario y clientes deben de ser sus fortalezas, aun cuando su valor en el mercado pueda ser mediatizado por la rigidez regulatoria.

La defensa de sus intereses favorece la asociación con otros proveedores de parecidas fortalezas (por ejemplo, la anunciada RedTel de operadores con red), pero lamentablemente la variedad de fortalezas y de objetivos de negocio hace imposible que una sola asociación pueda representar a todos los agentes. Así, creemos que proliferarán las asociaciones y que los agentes estarán en varias para defender intereses concretos en cada una.

La Administración parece cerrarse a este fenómeno de representación múltiple y cierra los cauces de participación a los agentes aislados. El artículo 24.1. c) de la Ley 50/1997, del Gobierno, determina la obligación de dar audiencia a los interesados en los procesos reglamentarios durante no menos de 15 días, bien individualmente o a través de asociaciones reconocidas a este fin según se determine motivadamente en el expediente que proclama la audiencia. Pues bien, la disposición adicional quinta de la Ley 32/2003, General de Telecomunicaciones, determina que el informe del Consejo Asesor de las Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información equivaldrá a la audiencia a que se refiere el artículo antes citado.

Es decir, ya no se requiere motivación en el expediente para excluir la audiencia individual, ya no se respetan plazos (se suele convocar con escasos días), ya no se garantiza la audiencia (no todo se somete al Consejo), y no se asegura la participación de todos los agentes.

Queremos creer que este cambio no se ha hecho por cerrar la participación de nadie, sino por obtener una mayor agilidad en el procesado de las contribuciones. ¿Se puede justificar sacrificar la participación pública por una mejor eficiencia administrativa? Es paradójico que mientras que con esa disposición se fomenta el asociacionismo para poder defenderse frente a los cambios regulatorios, el número de asociaciones representadas es necesariamente limitada cuando estas proliferan. Además, la Administración conoce que las grandes asociaciones (supuestamente las más representativas) muy difícilmente pueden defender los intereses cada vez más contrapuestos de sus asociados, con lo que aquellos agentes con menor peso podrían no ser debidamente oídos.

Esto desvirtúa el proceso de audiencia, convirtiendo la consulta al Consejo en un mero trámite. ¿Cómo puede la Administración conocer las reivindicaciones de los agentes para atenderlas y defenderlas en la Comisión Europea y no ser un mero seguidor? Por ello, apoyamos el asociacionismo múltiple, aunque tenga que actuar por cauces más discretos.

Emilio Lera. Analista del sector de tecnología de la información [e-mail]