COLUMNA

Del UMTS a la eurotarifa

El Parlamento Europeo ha dado finalmente el visto bueno al acuerdo sobre precios máximos en las llamadas de móvil en itinerancia ('roaming'). La eurotarifa supone, según el autor, la contrapartida positiva de la pasada incapacidad de coordinar los procedimientos y los precios de concesión de las licencias de UMTS

El pasado jueves el Parlamento Europeo aprobó el acuerdo alcanzado con el Consejo para abaratar las llamadas de móviles realizadas o recibidas en el extranjero (roaming). Nace así la eurotarifa, un sistema de precios máximos para el uso del móvil desde un país de la UE distinto del de origen que afecta a 147 millones de europeos. Si la presidencia alemana consigue que entre en vigor el 29 de junio, beneficiará a los millones de europeos que se desplacen en sus vacaciones, evitando, como a veces ocurre, que la factura del teléfono sea más cara que la del hotel.

Atrás quedan meses de duras negociaciones entre el Parlamento Europeo y el Consejo sobre la propuesta de reglamento presentada por la Comisión después de constatar la resistencia de los operadores telefónicos a reducir las tarifas en itinerancia, injustificadamente elevadas, poco transparentes e insensibles a la competencia entre ellos. Hace ya dos años que la Eurocámara aprobó una resolución advirtiendo de los precios injustificados del roaming. La falta de respuesta de los operadores ha obligado a establecer una norma a escala europea que constituye un buen ejemplo de la utilidad de la UE para resolver problemas cotidianos de sus ciudadanos.

No ha faltado quien se alarme por una intervención administrativa en la fijación de precios que un mercado competitivo debería autodeterminar. Pero estamos ante uno de esos fallos de los esquemas teóricos de la competencia, que no es ni pura ni perfecta, y además se trata sólo de fijar límites máximos para proteger al consumidor de manifiestos abusos.

La eurotarifa es un ejemplo de la Europa de los proyectos y prueba de la capacidad de las instituciones europeas para coordinarse y actuar en defensa del consumidor y del desarrollo del mercado interior. Es la contrapartida positiva de la pasada incapacidad de coordinar los procedimientos y los precios de concesión de las licencias de la telefonía móvil de tercera generación, UMTS, que quizás convenga ahora recordar. Esas licencias se vendieron a un precio bajo en España, intermedio en Francia, y muy caras en Alemania, Reino Unido e Italia, lo que introdujo una gran distorsión en la competencia en un mercado único en el que las divergencias de costes de producción no dependen sólo de los costes salariales, sino también de las políticas fiscales y tecnológicas como son, a fin de cuentas, las ventas de las licencias UMTS por los Gobiernos.

Queriendo o sin querer, se favoreció entonces a los antiguos monopolios públicos que podían pagar caras las licencias porque diluían su coste entre su amplia base inicial de clientes, o a los operadores internacionales con grandes mercados domésticos y una imposición débil sobre las nuevas tecnologías. En el fondo, los elevadísimos precios exigidos por las licencias UMTS fueron como impuestos de los que los operadores de telecomunicaciones no podían librarse. O se excluían a medio plazo de la evolución tecnológica o tenían que pagar precios sin relación con el valor económico de las licencias, sobre todo si, contra toda lógica económica, se les obligaba a construir su propia red.

Trasladado al consumidor, vía precios, el coste de las licencias actuaría como un IVA adicional sobre las comunicaciones telefónicas y el acceso a internet. Si la competencia impidiese ese traslado de costes a precios, las licencias actuarían como un incremento del impuesto sobre los beneficios de los operadores. En cualquier caso, se generó una sobreimposición del desarrollo de las nuevas tecnologías que no fue lo más adecuado para recuperar el retraso de Europa con EE UU, objetivo tantas veces proclamado en el marco de la estrategia de Lisboa.

Entonces se consideró políticamente correcto vender caras las licencias de UMTS como reacción a los fuertes incrementos bursátiles de las empresas de telecomunicaciones privatizadas. ¡Los inversores han ganado mucho dinero, que paguen…! Pero el dramático desplome de las cotizaciones bursátiles de las grandes empresas de telecomunicaciones europeas reflejó su incapacidad de rentabilizar los elevados precios pagados por las licencias de UMTS. La redistribución perseguida, si ese era el objetivo, no se produjo y algunos Gobiernos acabaron sufriendo pérdidas patrimoniales muy superiores a los ingresos obtenidos por la venta de las licencias.

Ahora, la intervención política ha tenido por objeto limitar los beneficios generados en un sector de actividad de los operadores que escapaba a la competencia y en el que no todos los países tienen los mismos intereses. Los receptores de gran número de turistas, España entre ellos, eran más reticentes a reducir los beneficios de sus operadores y eso explica la dificultad de llegar a un acuerdo en el seno del Consejo. El Parlamento Europeo, por su parte, ha defendido el interés del ciudadano europeo en general y por ello solicitado reducciones mayores de las finalmente aprobadas.

Pero es muy probable que los límites de precios no sean aplicados, que los operadores ofrezcan tarifas considerablemente inferiores y que se proponga una tarifa plana europea. Los primeros en ofrecerlos serán los ganadores del mercado. Los consumidores que pidan primero la eurotarifa serán también los más beneficiados.

Así se avanza en la creación de un mercado interno de telefonía móvil y se estimula la competencia superando errores del pasado. Y se demuestra además la utilidad de las instituciones y las políticas europeas. Bienvenida sea la eurotarifa.

José Borrell Fontelles. Eurodiputado y ex presidente del Parlamento Europeo