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Editorial
Es responsabilidad del director, y expresa la opinión del diario sobre asuntos de actualidad nacional o internacional

Por un urbanismo ordenado

El presidente de la Junta de Andalucía ha decidido poner orden al crecimiento desmesurado y desordenado de la actividad constructora en Andalucía, una comunidad con sobresaliente pujanza turística y en la que los desarrollos inmobiliarios han registrado una explosión en la última década, salpicada con varios episodios de corrupción. Es intención del nuevo plan de ordenación de la región limitar los crecimientos en los próximos ocho años a un 30% de la superficie construida o al 30% de la población de cada núcleo urbano.

Dada la oposición radical expresada por los empresarios, temerosos de que la iniciativa gubernamental frene una actividad económica que ahora es una de las más florecientes del país, según reconoció el propio Manuel Chaves ayer en el Foro Cinco Días ante una numerosa representación empresarial, la Junta está dispuesta a llegar a un gran pacto regional entre todos los agentes económicos y políticos en torno al desarrollo del mercado de la vivienda. El planteamiento merece una reflexión por parte de los empresarios andaluces para lograr un desarrollo equilibrado y sostenible de una actividad que absorbe muchos recursos económicos, pero que tiene un recorrido productivo limitado.

El modelo económico andaluz, y el español también, están más que necesitados de una revisión de su estructura. La industria manufacturera, los servicios de alto valor añadido y todos los proyectos que precisen de alta participación de capital tecnológico deben abrirse camino, y las decisiones de la Administración en esa materia deben ayudar a la iniciativa privada.

Poner en su justa medida la participación de la construcción residencial es una necesidad, aunque seguramente, además de una limitación taxativa como la elegida en Andalucía, deben utilizarse mecanismos más disuasorios que no afectan a la libre iniciativa de la oferta y la demanda. Por tanto, el debate andaluz debería extenderse al resto del territorio y disponer de una alternativa para el caso de que hubiese un ajuste no deseado en el negocio de la construcción.

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