La simplificación de la Política Agraria Común
La Política Agraria Común (PAC) se ha convertido con el paso de los años en una regulación sectorial extraordinariamente compleja y farragosa. A ello han contribuido las sucesivas reformas, primero el cambio de un sistema de protección vía precios por otro vía ayudas directas vinculadas a la producción, y luego vía ayudas parcial o totalmente desconectadas de la producción, o la introducción de los pagos agroambientales a los agricultores que firman un contrato que incorpora el cumplimiento de una serie de cláusulas ambientales.
El hecho de que las reformas de la PAC deban ser aprobadas por el Consejo, en el que cada ministro defiende intereses nacionales en vez de comunitarios, obliga a difíciles negociaciones y equilibrios en busca del consenso, lo que no es la mejor garantía de racionalidad y sencillez de la reforma, sino más bien lo contrario. El ejemplo más claro y reciente fue la dura negociación para lograr el acuerdo sobre la reforma de la PAC de 2003. Uno de los compromisos que debieron asumir los ministros para sacar del atolladero la reforma fue la posibilidad de que las ayudas directas tengan un tramo conectado a la producción y otro desconectado, cuando la Comisión había propuesto la desconexión productiva total de las ayudas directas, posibilidad que ha complicado mucho su aplicación.
No cabe duda de que la actual PAC es más próxima a los intereses de los ciudadanos, especialmente a la conservación del medio ambiente y los recursos naturales, y es menos perturbadora de los mercados mundiales de lo que era entes. Pero a cambio tenemos una PAC muy compleja, con ayudas que tienen un tramo conectado y otro desconectado de la producción, lo que suma la complejidad de los dos sistemas; condiciones ambientales para percibir las ayudas directas, o contratos con cláusulas ambientales por los que se cobran pagos agroambientales. La aplicación de estos sofisticados instrumentos se ha convertido en una tarea muy engorrosa y costosa tanto para los agricultores como para las Administraciones.
Hace escasas semanas la Comisión celebró una conferencia sobre simplificación de la PAC, que se ha convertido en uno de los objetivos principales de la comisaria de Agricultura, Mariann Fischer Boel. En la reunión participaron las Administraciones de los Estados miembros, expertos, organizaciones agrarias y la Comisión y se llegó a importantes conclusiones. La primera es que hay un acuerdo general sobre la necesidad de simplificar la PAC. La segunda fue la necesidad de evaluar los costes que la aplicación de una PAC tan compleja supone para las Administraciones agrarias y los agricultores. Se intuye que los costes son muy elevados pero no se sabe cuán elevados son realmente. La tercera conclusión es la posibilidad de refundir todos los reglamentos sectoriales de organización común de mercado en uno solo. Y la cuarta, que debe distinguirse entre la simplificación técnica y la política.
Sobre las tres primeras hay unanimidad, mientras que sobre la cuarta hay muchos recelos por parte de agricultores y algunos países miembros, como España, que temen que la simplificación sea la excusa para la enésima reforma de la PAC, con nuevos descensos y desconexión productiva total de las ayudas directas a los agricultores. Entre otras razones porque la distinción entre simplificación técnica y política no es tan clara, puesto que, por ejemplo, la desconexión productiva total de las ayudas directas que supone una simplificación técnica es al mismo tiempo un cambio notable de política.
En las conclusiones de la conferencia no se menciona la posibilidad de introducir nuevos mecanismos de aplicación que, sin modificar la actual orientación de la PAC, podrían reducir los costes administrativos de aplicación. El caso de la verificación del cumplimiento de las condiciones ambientales permite ilustrar la potencialidad de los nuevos mecanismos de aplicación. Por ejemplo, uno de ellos, basado en la provisión privada de servicios públicos, consistiría en externalizar esta tarea de la Administración hacia empresas homologadas, que serían las encargadas de realizarlas a través de un sistema de certificación, similar al que funciona en otros temas y sectores.
En el caso de los contratos agroambientales se podría introducir la figura del contrato colectivo con una agrupación ambiental de agricultores, en vez de contratos individuales, lo que reduciría los costes de negociación y seguimiento y aumentaría los beneficios ambientales de la medida, al lograr lotes de superficie, en lugar de mosaicos de superficies, sujetos a beneficios ambientales.
En suma, la simplificación de la PAC es una urgente y noble tarea, pero que no debe ser utilizada para introducir reformas de la PAC por la puerta de atrás, sino para mejorar la eficiencia económica y ambiental de la misma.
José María Sumpsi Catedrático de Economía y Política Agraria de la Universidad Politécnica de Madrid