O2 logra que el Ombudsman europeo investigue a la CE
El Defensor del Pueblo europeo admitió ayer a trámite la queja de O2 contra la Comisión Europea. La compañía telefónica acusa al organismo comunitario de no respetar su derecho de defensa en la larguísima investigación sobre sus supuestos abusos en las tarifas de roaming.
La filial británica de Telefónica, O2, ha conseguido abrir un frente contra Neelie Kroes sin esperar siquiera a que la comisaria europea de Competencia decida oficialmente sobre los presuntos abusos de la compañía en las tarifas de itinerancia (roaming).
La operadora de telefonía móvil acusa a Bruselas de haber vulnerado su derecho a la defensa en un expediente que se prolonga desde hace más de cinco años. El Ombudsman europeo, Nikiforos Diamandouros, decidió ayer que la queja de O2 merece, al menos, ser analizada. Y ha concedido de plazo hasta finales de año a la Comisión Europea para que justifique su actuación en este caso.
'El objetivo de esta investigación es determinar si habido un caso de mala administración por parte de la Comisión', señaló el defensor del pueblo europeo en un comunicado. Si la investigación confirma las acusaciones de O2, el defensor del pueblo puede buscar una solución 'amistosa' entre la compañía y la Comisión o pedir a este organismo comunitario que adopte los pasos necesarios para enmendar los errores en la gestión del caso. Si la CE no acepta esta recomendación, Diamandouros puede utilizar su arma política más poderosa: un informe especial dirigido al Parlamento europeo sobre las negligencias o errores que encuentra en la actuación de la CE.
El portavoz de Competencia se mostró ayer confiado en que su departamento afrontará con éxito la investigación. 'Hemos respetado escrupulosamente las normas de procedimiento', aseguró. Y recordó que Competencia cuenta con 'consejeros auditores que garantizan el respeto de una compañía a ser escuchada'.
El puesto de 'consejero auditor' existe, en efecto, desde 1982, aunque la propia Comisión tuvo que revisar en 2001 su mandato porque se había convertido en una figura prácticamente superficial.
La investigación sobre el roaming comenzó en el año 2000. Un año después, Bruselas concretó sus pesquisas en las compañías de Reino Unido y Alemania. Y hasta 2004, Bruselas no comunicó los cargos que tenía contra O2. Todavía hoy, el expediente no se ha cerrado.
'No nos permitieron el acceso al expediente'
02 acusa a la Comisión Europea de 'no permitir el acceso al expediente, no conceder un tiempo razonable para responder a las alegaciones, no enviar un pliego de cargos complementario y no respetar el derecho a ser oída'. Todos los cargos apuntan, de confirmarse, a lo que el Defensor del pueblo europeo califica como 'mala administración'.La figura encargada de velar por el respeto a los derechos del ciudadanos europeos en su contacto con las instituciones comunitarias tiene experiencia sobre ese tipo de acusaciones. En 2005, resolvió 627 casos, y el 68% de las quejas eran contra la Comisión. En 114 de ellos, el Ombudsman concluyó que el ejecutivo comunitario, como afirmaban los demandantes, pecó de falta de transparencia, abuso de poder, negligencia o retrasos innecesarios. Un fallo que suscribiría O2.