La ventaja como objetivo
La historia de los recuentos de población siempre ha estado viciada por el intento de unos grupos sociales de sacar ventaja relativa respecto de otros, a veces disminuyendo y otras aumentando las cifras. El autor analiza esta polémica ante la publicación del nuevo censo en España
Las últimas cifras de población a 1 de enero de 2006, a pesar de no tener todavía carácter oficial y ser provisionales, están levantando una fuerte polémica, sobre todo por la actitud de la Comunidad de Madrid, principal afectada de pérdida de población por el hecho de que cerca de 200.000 de sus residentes de nacionalidad extranjera no hayan sido contabilizados en sus correspondientes padrones municipales.
La Comunidad de Madrid intenta demostrar que existe esa población, argumentando que en el último año han aumentado las tarjetas sanitarias a inmigrantes en casi 180.000 y que la escolarización de menores extranjeros se ha incrementado en 47.000 pero, según se ha informado mediante una Resolución del Consejo de Empadronamiento, la Ley Orgánica 14/2003 de 20 de noviembre, que modificó la Ley 7/1985 reguladora de la Ley de Bases de Régimen Local, exige que la renovación periódica cada dos años de la inscripción padronal de los extranjeros no comunitarios sin permiso permanente de residencia sea un acto expreso, sin que sirvan a efectos de la renovación otro tipo de registros.
Esta norma, que fue impuesta durante el Gobierno del PP, buscaba salir al paso de uno de los inconvenientes de los padrones consistente en mantener registrados a extranjeros que podían haber retornado a su país de origen sin haberlo notificado para causar la baja correspondiente. Pero, como cualquier norma legal, para que cause efecto debe ser conocida, en este caso por un colectivo tan difícil como el de los inmigrantes, y para ello los ayuntamientos deben procurar los recursos y, en cualquier caso, verificar si los inmigrantes que no han renovado inscripción siguen en sus domicilios o han dejado el territorio municipal.
Pero esta polémica no debe ser motivo de sorpresa. La historia de los recuentos de población siempre ha estado viciada por el intento de unos grupos sociales de sacar ventaja relativa respecto de otros grupos sociales. En tiempos en los que las cifras de población servían para fijar cuotas de alistamiento militar o tributos, los pueblos de tamaño grande que podían disimular su situación disminuían maliciosamente sus cifras, como consta en las quejas de Floridablanca en su Censo de 1787, de O'Donnell en el de 1857 o de Pascual Madoz, quien en el Prólogo de su Diccionario Geográfico Estadístico Histórico de 1845 confesaba que conocer las verdaderas cifras de población era tarea poco menos que imposible.
Esta situación empezó a invertirse cuando las reformas fiscales de los años sesenta del pasado siglo comenzaron a seguir criterios de renta personal y de las cifras de población territorial, en lugar de cargas, se empezaron a derivar beneficios en forma de financiación, servicios o número de concejales. En este caso, y buscando siempre la ventaja relativa, muchos municipios dejaron de dar de baja en sus padrones a fallecidos o emigrantes e incluso a inventarse población ficticia, lo que en algún caso se hizo de forma tan pintoresca como prolongar calles que se llegaban a adentrar en el mar. Así, las evaluaciones del Censo de 1970 mostraron una sobreestimación de 780.000 personas y las del Censo de 1981 una sobreestimación próxima a las 600.000 personas.
Indudablemente, la búsqueda de ventajas no se ha limitado a las cifras de población. Por ejemplo, la Hacienda Pública española, hasta bien entrada la segunda mitad del siglo XX, no pudo contar con un verdadero catastro geográfico en el que se pudiera basar un reparto equitativo de las cargas tributarias y tuvo que seguirse apoyando en las declaraciones de los pueblos, donde los grandes terratenientes ocultaban el volumen de su producción agraria, entonces principal componente de la riqueza nacional, con lo que consiguieron mantener un sistema impositivo que, por gravar más la actividad que la producción, era privilegiado para dichos terratenientes e insoportable para los pequeños agricultores. Paradójicamente, fue en tiempos de Franco cuando se pudo contar con un buen catastro, buscando contentar a esos pequeños agricultores que eran un buen apoyo para su régimen y cuando la riqueza estaba ubicada en otros sectores productivos en los que, nuevamente, podía verse disimulada.
Podrían citarse otros muchos ejemplos de ocultación o falseamiento de datos que han impedido a lo largo de nuestra historia el conocimiento de la realidad y, con ello, han favorecido la desigualdad en el reparto de servicios o de cargas fiscales entre diferentes territorios o entre distintas clases sociales. Y ello con la aceptación de una sociedad que admira, todavía hoy, el talento de quienes son capaces de burlar las leyes para buscar sus ventajas particulares.