COLUMNA

Los obispos y la estadística

El episcopado ha esgrimido las estadísticas sobre estado civil y nacimientos para justificar un supuesto deterioro de las relaciones familiares en España, del que culpa directamente al Gobierno. El autor analiza el trasfondo de estas cifras que, en su opinión, manejadas fríamente favorecen la alarma social y la manipulación

No es de extrañar que nuestros obispos presten atención a los datos estadísticos porque en España, muchos años antes de que el Concilio de Trento declarara en 1564 obligatorios los libros parroquiales, en nuestras iglesias se comenzaron a registrar los matrimonios, los bautizos y los enterramientos, proporcionando así una base de datos demográficos de inestimable valor histórico. De ahí la natural alarma que sienten al apreciar que, por ejemplo, desde 1991 hasta 2003, los matrimonios civiles han aumentado desde el 21% del total de matrimonios hasta el 33,1%; que los nacidos de madre no casada han variado desde el 10% hasta el 25,1% y que el total de separaciones y divorcios casi se ha duplicado en el periodo, pasando de 67.061 a 126.933 y, lo que es más significativo, esas rupturas matrimoniales son algo más de la mitad que el número de nuevos matrimonios, que en 2003 sumaron 212.300, incluidos los civiles.

En principio, cabe congratularse de que la estadística sirva para diagnosticar una realidad social, en este caso los procesos de formación y disolución familiar, y para conformar un estado de opinión. Sin embargo, no está tan claro que la opinión sustentada por los obispos españoles, que felizmente no ha encontrado el apoyo del Papa en su reciente visita a Valencia, tenga el necesario soporte científico. En efecto, echar la culpa del deterioro de las relaciones familiares a la legislación de los Gobiernos socialistas, que en su día legalizaron el divorcio y recientemente han sacado una norma para acelerar los procesos de separación, así como otra para permitir las parejas homosexuales, quizás mal llamada de matrimonio de personas del mismo sexo, parece una exageración que está fuera de lugar en quienes debieran dar ejemplo de ponderación en sus opiniones.

Es una lástima que, en este caso, esa estadística que tan puntualmente deja constancia de acontecimientos tan elementales como contraer matrimonio, tener hijos o separarse no sea capaz de explicar las razones que, por ejemplo, llevan a las personas a disolver sus relaciones, siendo legítimo preguntarse si la legislación es capaz de provocar dichas disoluciones o, por el contrario, sólo pretende facilitar la normalización de situaciones que, sin ser deseables, se dan en las relaciones humanas como parte de un proceso natural. Y es una lástima porque, al no facilitar la estadística las necesarias claves de interpretación de cuanto ocurre, se favorece la alarma social y la manipulación de la opinión pública.

Es lícito preguntarse si la legislación es capaz de provocar la disolución matrimonial o, por el contrario, sólo pretende facilitar la normalización de situaciones propias de las relaciones humanas

No obstante, lo paradójico del caso está en que quienes interpretan tan ligeramente datos estadísticos como los citados, están aprovechando para sus propios intereses el silencio que ellos mismos han impuesto en determinadas materias de esas relaciones familiares tradicionales que defienden con tanta vehemencia. Así, por ejemplo, la violencia que haya podido existir en relaciones familiares a las que no podía ponerse término por imperar el principio del matrimonio indisoluble, el sufrimiento de personas que, por estar condenada la homosexualidad, no podían normalizar sus relaciones con personas de su mismo sexo, las desviaciones que producía el celibato de los religiosos y tantas otras cuestiones ligadas con la moral tradicional, no han sido investigadas estadísticamente y sólo se conoce su existencia a nivel anecdótico, cuando la magnitud de algún acontecimiento brutal o de algún escándalo impedía su ocultación.

Una mirada al pasado permite vislumbrar lo que ocurría en tiempos más ortodoxos. Por ejemplo, a finales del siglo XVI, el 12% de las causas establecidas por la justicia eran delitos contra la moral, ocupando entre ellas un lugar destacado los casos de amancebamiento y de adulterio. Entre los delitos contra la moral se encontraban, con muy escasa entidad por los altos niveles de ocultación, las disputas conyugales y el denominado pecado nefando contra natura, que incluía las relaciones sexuales entre personas del mismo sexo o con animales, delito para el que en 1598 se comenzó a exigir el testimonio de tres testigos, seguramente para poner coto a las venganzas que podían ejercerse contra algún enemigo denunciándole sin fundamento de mantener ese tipo de relaciones. Sobre otros aspectos, como hijos nacidos fuera del matrimonio, los indicios de finales del siglo XVI muestran que, por ejemplo, en una parroquia cercana a la Universidad de Salamanca, cerca del 60% de los niños bautizados eran ilegítimos, hijos de estudiante y de soltera, cifra muy superior que el actual 25,1% de hijos de madre soltera por más que, entonces, se localizara en muchachas víctimas del abuso de los jóvenes privilegiados que conseguían acceder a los estudios universitarios.