La UE se despide del sueño constitucional
Los países se conforman con un mero acuerdo institucional.
La UE no está acostumbrada a enterrar sus grandes proyectos. En 50 años de historia sólo ha oficiado dos o tres funerales de envergadura, como los de la abortada unión de defensa en la década de los 50, los del vanguardista informe Werner para una unión monetaria en los años 70 o los del primer sistema monetario europeo (SME), que a comienzos de los 90 no resistió los ataques especulativos.
Esa falta de costumbre quizá haya sido la causa de que los 25 hayan necesitado un año para resignarse a decir el adiós definitivo al sueño constitucional europeo. Ayer se cumplió el primer aniversario de la victoria del No a la Constitución en Francia; y sin esperar a que pasado mañana se repita idéntica efeméride en Holanda, los socios de la Unión ya aceptan sin tapujos que la Constitución ratificada por 15 países (entre ellos, España) no va a entrar nunca en vigor.
'Será casi imposible tener la Constitución que aprobamos', reconocía ayer en Bruselas el primer ministro italiano, Romano Prodi, que ocupaba la presidencia de la Comisión Europea cuando se firmó el texto en 2004.
Su sucesor, José Manuel Barroso, se lo toma también con filosofía. 'Los dos referendos negativos suponen un desafío, pero no hay mal que por bien no venga', afirmó el domingo con motivo del 25 aniversario del ingreso de Grecia en la UE.
Barroso cree que el descarrilamiento de la Constitución 'es una oportunidad para reenganchar a los ciudadanos con Europa y para inyectar energía en la consecución de nuestro proyecto europeo'.
Pocas capitales comparten el optimismo del portugués. La mayoría de los Gobiernos, como se ha puesto de manifiesto en la reunión de ministros de Exteriores del pasado fin de semana en Austria, se conforman ya con buscar una solución pragmática que permita superar las incongruencias institucionales del actual tratado de Niza sin necesidad de aprobar ninguna Constitución.
El calendario para esas reformas empieza a ser apremiante porque la entrada de dos nuevos socios (Rumanía y Bulgaria) se producirá en 2007 o 2008, como muy tarde, lo que elevará a 27 el número de comisarios europeos en Bruselas.
El ingreso de nuevos socios agrava también los desequilibrios del sistema de voto del Consejo pactado en Niza, el cual otorga un peso desproporcionado a los países menos poblados y complica sobremanera la adopción de decisiones por mayoría cualificada.
Mark Leonard, del instituto de estudios londinense Centre for Europea Reform, apunta también a la supresión de la presidencia semestral de la UE y a la unificación de la política exterior comunitaria (ahora en manos del secretario general, Javier Solana, y de la comisaria de Exteriores, Benita Ferrero-Waldner) como dos de las reformas que deberán acometerse en el nuevo Tratado.
Berlín, sin duda, podría conformarse con esos retoques, siempre que el nuevo sistema de voto refleje de manera proporcional, como hacía la Constitución, el peso demográfico de Alemania (el país más poblado con 82 millones de habitantes).
La situación puede ser más delicada para el Gobierno español, que se mostró dispuesto a sacrificar los abundantes votos obtenidos en Niza en aras de la integración política prevista en la Constitución. La propuesta de Bruselas de profundizar en la política común de justicia e interior podría servirle de consuelo.
El texto ni siquiera ha alcanzado el umbral del 80% de ratificaciones
Los redactores del proyecto constitucional ya habían calculado que el proceso de ratificación en 25 países podía tener algún tropiezo. Por eso incluyeron una 'declaración' en la que hacían constar que, si transcurrido un plazo de dos años desde la firma del Tratado constitucional las cuatro quintas partes de los países habían avalado el texto 'el Consejo Europeo examinará la cuestión'.El plazo se cumple en octubre de este año, pero parece imposible que el umbral del 80% se consiga entonces. De los ocho países que aún no se han pronunciado (Reino Unido, Polonia, Suecia, Finlandia, Portugal, Dinamarca, Irlanda y República checa), sólo Finlandia ha indicado su intención de sancionar el texto en los próximos meses. Aún así, seguirían faltando cuatro países para alcanzar el umbral fijado por la propia Constitución. Y cinco de los países pendientes (Reino Unido, Polonia, Dinamarca, República checa e Irlanda) ya han indicado que no tienen intención de celebrar su referéndum mientras Francia y Holanda no muestren su disposición a votar de nuevo. Una hipótesis que nadie contempla, salvo los partidarios más integristas del proyecto constitucional.Para colmo, según revelaba ayer el diario bruselense Le Soir, Bélgica, uno de los países que se cuenta entre los que han ratificado el texto, aún no ha completado el proceso 'por un problema político, más que jurídico'.En todo caso, el abandono de la Constitución no disipará los problemas de ratificación. Mark Leonard, del Centre for European Reform, advierte que los últimos referéndum 'han aumentado la presión política para que se celebren otros aunque los cambios que se introduzcan en el Tratado sean modestos'.