Los grandes de Europa optan por la inmigración selectiva
Los países comunitarios asisten a una nueva llegada masiva de inmigrantes, pero no se ponen de acuerdo sobre cómo regular estos flujos cada vez mayores
Inevitable e imprescindible son los calificativos que definen la visión de Bruselas sobe el fenómeno migratorio. Europa necesita 20 millones de trabajadores antes de 2030 para mantener el mismo nivel de población activa que en estos momentos. La evolución demográfica del Viejo Continente hace impensable que ese déficit se cubra sólo con ciudadanos europeos. África y Latinoamérica, en cambio, parecen disponer, probablemente a su pesar, de esa mano de obra excedente.
La única opción realista que le queda a los poderes públicos europeos es intentar regular esos flujos migratorios para que no generen sufrimiento en los países exportadores ni injusticias en los importadores. Pero esa regulación sigue siendo competencia exclusivamente nacional y una buena parte de los miembros de la UE se niegan a comunitarizar la política migratoria.
La Comisión recuerda que Europa fue país de emigrantes durante más de dos siglos. Sólo a partir de 1950 se tornó en destino de inmigrantes. La importación de mano de obra se frenó con la primera crisis petrolera de los 70, pero aún así la inmigración neta ha continuado alcanzando como media anual las 240.000 personas, debido sobre todo, a la reunificación familiar. Otros estudios cifra la entrada en un millón anual.
Bruselas regulará en 2007 la llegada de cualificados
Las entradas netas se han triplicado de una media anual de 250.000 personas en los 80 a más de 800.000 en los 90. En 1993, se alcanzó el millón personas, y en 2000, más de dos millones. 'Este aumento no refleja sólo la nueva entrada de inmigrantes, sino también magnos programas de regularización', advierte la Comisión.
El cambio de siglo también ha traído otra novedad. La inmigración, antes concentrada en Reino Unido, Alemania y Francia, se ha extendido a países tradicionalmente exportadores de mano de obra como España, Italia o Irlanda. La generalización del fenómeno no ha tenido una respuesta global por parte de la Unión Europea.
España ya ha pedido ayuda a la Unión Europea para gestionar los flujos de inmigración ilegal procedente de África, pero lo cierto es que la política comunitaria en ese terreno apenas existe. Las marcadas diferencias entre los 25 Estados miembros en cuanto a evolución demográfica, estructura del mercado laboral y política social hacen casi imposible un planteamiento común. El presidente de la Comisión, José Manuel Durao Barroso, dijo ayer en Viena tras la reunión informal de ministros de Exteriores que 'tenemos que hacer más por la inmigración. Es una cuestión que afecta a todos los países europeos'.
El único fruto tangible de la incipiente política común es la creación de una Agencia europea para la gestión de la cooperación en fronteras exteriores (Frontex) cuya sede se encuentra en Varsovia. De momento, sin embargo, no cuenta con más de 30 funcionarios y su página en Internet no funciona todavía.
La UE ni siquiera dispone aún de estadísticas fiables y armonizadas sobre población inmigrante. Y los repetidos intentos de afrontar el fenómeno de manera centralizada sólo han generado una avalancha de farragosos documentos y algunas iniciativas en el área policial (como compartir los gastos para repatriar inmigrantes en avión).
Reticencias de los Estados
Algunos especialistas, como Sergio Carrera y Marco Formisano, del Centre for European Policiy Studies, aprecian incluso una regresión en la voluntad de los socios de la UE de abordar en común una política como la migratoria que tiene implicaciones sobre la seguridad y la soberanía nacional. El último programa de actuaciones, aprobado por el Consejo Europeo en 2004, resulta, a juicio de esos dos especialistas, 'menos pionero e innovador que su precedente, pactado en Tampere en 1999'.
La CE está convencida de que la inmigración, en su vertiente ilegal, es un problema europeo. Pero reconoce que no existe la voluntad política necesaria para darle una respuesta común. Para empezar, no todos los Estados quieren ceder soberanía en un terreno que tiene implicaciones para la política de defensa, la de seguridad y la asistencia social. En segundo lugar, sigue primando que cada país es responsable de la cantidad de inmigrantes que atrae y de su perfil.
El propio comisario europeo de Justicia e Interior, Franco Frattini, ha dicho que: 'es necesario un conjunto de derechos básicos y comunes a todos los Estados miembros: esto animará a los emigrantes a ir donde se necesite su mano de obra y su cualificación en lugar de a dónde haya mejor Seguridad Social'.
Bruselas también pone de relieve la relación directa entre economía sumergida e inmigración regular. Y, en ese sentido, no parece extraño que un país como España, con una economía sumergida equivalente al 20% de su PIB según diversos cálculos, sea uno de los principales polos de atracción para las mafias que trafican con emigrantes.
Bruselas recuerda que sólo en España, Italia, Francia, Grecia y Portugal se han regularizado desde los años 80 más de 3,7 millones de emigrantes. 'Los datos de regularización indican una clara disfunción en los sistemas de admisión de emigrantes', advierte la CE. A esto, Frattini añade que 'las decisiones de un Estado sobre la admisión de ciudadanos de terceros países afectan al resto de miembros de la UE'. De hecho, por ejemplo Alemania no ha regularizado nunca hasta ahora a inmigrantes ilegales ya residentes por considerar que, a la vuelta de la esquina, vendrán muchos más, lo que se conoce como 'efecto llamada', informa Lidia Conde.
De momento, hasta el año que viene Bruselas no prevé presentar una directiva marco sobre las condiciones de entrada y residencia de trabajadores altamente cualificados. En 2008 se espera un proyecto similar sobre los trabajadores temporales. Y sin fecha, y con pocas esperanzas de que salga adelante, se habla de plantear un permiso de trabajo europeo similar a la carta verde que obtienen los emigrantes en EE UU. La carta verde estadounidense no es la única característica de una política migratoria que envidia la UE. Bruselas observa con inquietud que los inmigrantes mejor preparados van a EE UU y Canadá, y los menos cualificados escogen Europa.
Distintas formas de buscar una solución
Francia elegirá a sus trabajadoresFrancia, viejo país de acogida de inmigrantes, no sólo laboral, sino sobre todo humanitaria -refugio político- y familiar, se apresta a endurecer las condiciones de entrada y de permanencia de extranjeros en su suelo.El Parlamento galo votó el 17 de mayo a favor de la llamada 'ley de inmigración e integración', ideada por el actual ministro de Interior, Nicolas Sarkozy. A un año de las elecciones legislativas y presidenciales, este impetuoso político defiende un país que ya no quiere 'padecer' a sus inmigrantes, sino 'elegirlos', informa Sara Acosta. Esto es, limitar el reagrupamiento familiar.En 2004, Francia entregó 160.000 permisos de residencia, y de ellos sólo 10.000 sirvieron para la búsqueda de un trabajo. El país filtrará a sus inmigrantes en función del déficit de mano de obra, por sectores y zonas geográficas. La demanda de reagrupamiento familiar deberá justificar recursos económicos suficientes al margen de las prestaciones sociales. Alemania sólo admite 'cerebros' El Dorado de los emigrantes de los sesenta cerró hace más de 30 años sus puertas. Alemania, el destino al que llegaron 14 millones de inmigrantes entre 1955 y 1973, se ha convertido en un fuerte al que su estricta Ley de Emigración sólo permite entrar grandes cerebros. Si bien, este fuerte no resulta una gran barrera para muchos ilegales. 'En este momento sólo están las puertas completamente abiertas para investigadores, profesores universitarios y especialistas altamente cualificados con sueldos anuales superiores a los 85.000 euros', afirma Jens-Wilhelm Oberwinter, abogado de Baker & McKenzie, de Fráncfort.En los primeros tres meses de 2006, se ha extendido un permiso de trabajo a 138 expertos de elevada cualificación y a 10.800 profesionales procedentes de países no miembros de la UE. A los más de siete millones de extranjeros que residen en Alemania, se suma otro millón de ilegales. Y, en caso de que se les pille, se les expulsa inmediatamente, informa L. Conde.Washington reforzará las fronterasEn EE UU hay 12 millones de inmigrantes indocumentados. Son una barata mano de obra para un país sin celo por aplicar las leyes de inmigración. Años atrás se miraba para otro lado. Ahora, muchos Estados del sur han activado la alarma por la presión social. El 11-S ha agudizado el miedo. Sin embargo, no hay consenso en la solución. Tras meses de negociación, el Senado aprobó el jueves una propuesta de ley para reforzar la seguridad de las fronteras, abrir un proceso de regularización y posible acceso a la ciudadanía, y un programa de 'trabajadores invitados' con una cuota anual de 200.000 visados.A los empresarios se les exige comprobar el estatus de los extranjeros que contraten a través de un sistema electrónico. Al presidente Bush le gusta esta propuesta. Pero tiene muchos detractores que la tildan de amnistía. En la Cámara de Representantes se votó en diciembre un texto más duro, que criminaliza a los irregulares. Ahora toca la difícil misión de conciliar los dos textos, informa Ana B. Nieto.Italia y Holanda, extremos opuestosTodo inmigrante de fuera de la Unión Europea que decida residir en Holanda debe, desde el pasado 15 de marzo, superar en su propio país de origen un examen de lengua, cultura y leyes holandesas. Se ha calculado que este examen, que incluye preguntas como ¿dónde debe reciclarse el aceite de freír?, exige, al menos, entre 250 y 300 horas de estudio. Esta es la prueba más que evidente de un claro giro proteccionista en la política de inmigración de un país como Holanda que, desde hace décadas era el paradigma de la permisividad.También Alemania ha abierto el debate sobre la implantación de este tipo de test a sus inmigrantes, tras la decisión de implantarlos en algunos de sus Estados.El nuevo Gobierno italiano de Romano Prodi tiene planes completamente distintos. Una de sus primeras decisiones ha sido la de anunciar la regularización de medio millón de inmigrantes sin papeles, que en marzo pasado solicitaron permisos de residencia y trabajo.