COLUMNA

¿Se puede demandar a la OPEP por cártel?

Los acuerdos entre empresas para fijar la producción y los precios están prohibidos por las normas de competencia en más de 100 naciones. Estas disposiciones podrían aplicarse ahora a los pactos entre países, como sucede con la OPEP, el cártel que controla el mercado del petróleo, si prospera un proyecto legislativo en EE UU

Con el precio del barril de crudo por encima de los 70 dólares y los países miembros de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) negándose a incrementar la producción para ayudar a bajar el precio, más de uno se hará la misma pregunta que aparece en el título. La respuesta es que no es fácil, pero Estados Unidos lo intenta. El pasado 6 de abril miembros del Comité Judicial del Senado de Estados Unidos, liderados por el senador republicano Arlen Specter, dieron un paso más en su cruzada para acabar con el cártel del petróleo: aprobaron una propuesta de ley dirigida a permitir las demandas contra los países miembros de la OPEP por infringir el derecho de la competencia al fijar el precio del crudo. Y decimos cruzada porque ésta es sólo una de las medidas que dichos senadores han venido aprobando en los últimos años para contener el precio del crudo, aunque por ahora sin poder convertirlas en ley.

Que la OPEP es un cártel, es decir, un acuerdo restrictivo de la competencia, es un hecho incontestable. Sus miembros, 11 países que reúnen cerca del 40% de la producción de crudo mundial, persiguen, como reconoce la propia OPEP, 'coordinar y unificar sus políticas relativas al petróleo (…) asegurándose la estabilización de los precios para eliminar las dañinas e innecesarias fluctuaciones'. Para ello, la OPEP fija la cuota de producción de crudo de sus miembros, consiguiendo situar el precio del barril en el nivel que les interesa. Como es sabido, los acuerdos para fijar la producción son considerados como las prácticas restrictivas de la competencia más graves: todo acuerdo de este tipo persigue como único objetivo fijar los precios por encima del nivel que prevalecería en situación de competencia, perjudicando a los consumidores. Y que éste es el único fin de la OPEP lo reconoció en su día Álvaro Silva, ministro de Energía de Venezuela, país miembro de la OPEP: 'Nadie quiere una guerra de precios'. 'Si competimos', dijo Alí Rodríguez, secretario general de la OPEP, 'todos perderemos'.

Los acuerdos para fijar la producción y los precios están prohibidos por las normas de competencia y son sancionables con fuertes multas en más de 100 países. Entre las más relevantes, los prohíben la Sherman Act en Estados Unidos, que incluye penas de cárcel, y el Tratado de la Unión Europea aplicable en los 25 Estados miembros. En ambos casos el cártel podría en teoría ser perseguido por dichas normas en la medida que los acuerdos de la OPEP producen efectos tanto en Estados Unidos como en Europa: el precio del litro de gasolina que se paga en una gasolinera de Miami o Valencia es superior a lo que podría pagarse si los miembros de la OPEP no acordasen contener sus respectivos niveles de producción de crudo.

La Petroleum Industry Antitrust Act quiere evitar que los países que conspiren para fijar el precio del petróleo se amparen en la teoría de la 'inmunidad soberana'

Entonces ¿por qué no se aplican estas normas al cártel de la OPEP? Simplemente porque las normas de competencia, tal y como se encuentran redactadas en la actualidad, se dirigen a prohibir acuerdos entre empresas en el ejercicio de sus actividades comerciales, no, como es el caso de la OPEP, entre países en ejercicio de sus respectivas competencias gubernamentales. Y es éste el punto que Estados Unidos desea modificar.

A través de la propuesta Petroleum Industry Antitrust Act 2006, los países exportadores de crudo que conspiren para fijar el precio del petróleo no podrán ampararse en la teoría de la inmunidad soberana para escapar a la prohibición de la normativa de competencia estadounidense: a partir de ahora se considerará que dichas actividades son comerciales y no gubernamentales.

Habrá que esperar a ver si esta propuesta, tildada de populista por algunos en la medida que se une a otras destinadas a reducir el nivel de concentración en el sector petrolero estadounidense (los senadores no han ocultado también su deseo de recortar los ingresos récords de las petroleras en estos últimos años de encarecimiento del crudo), recibe el apoyo de la Casa Blanca para convertirse en ley y, por primera vez en la historia, sienta en el banquillo de los acusados y embarga los bienes en Estados Unidos de algún príncipe saudí o de cualquiera de sus 10 colegas de conspiración de la OPEP.

En Europa no se ha planteado aún la posibilidad de modificar la normativa de competencia para perseguir este tipo de acuerdos. Sin embargo, no sería de extrañar que, de convertirse en ley la propuesta norteamericana y obtener resultados satisfactorios en su aplicación, en Europa siguiéramos el camino de Estados Unidos, algo que habitualmente hacemos en materia de competencia.