TRIBUNA

Inflación, balanza de pagos e inversión

Al finalizar 2005, la economía española era la que tenía la tasa de inflación más alta de la zona euro. Además, incluyendo los países de la UE que no pertenecen a la zona euro, tan sólo Lituania y la República Checa superaban nuestra cifra. La evolución de los precios en los meses de enero y febrero del presente año indica que esta situación se acentúa, alcanzando un diferencial récord respecto a la inflación media de la zona euro de 1,8 puntos.

Es probable que se deba atribuir este repunte al ritmo de crecimiento de la economía española, y que sea la expansión de la demanda la que esté arrastrando los precios hasta estos niveles, pero no se puede negar que subyacen en problemas estructurales que la hacen más proclive a la inflación que otras economías de la zona.

No vamos a analizar estas razones estructurales, que ya están siendo ámbito de debate, sino que quisiéramos incidir en el efecto del diferencial de inflación sobre nuestra balanza comercial y por extensión sobre nuestra balanza por cuenta corriente. Ambas han alcanzado unos déficits muy elevados: el déficit por cuenta corriente alcanzó en 2005 el 7,6% del PIB. Un porcentaje superior a la del déficit por cuenta corriente de EE UU, que hace que se rasguen la vestiduras los analistas de ambas orillas del Atlántico, y cada vez más, de ambas orillas del Pacífico.

Como consecuencia del comportamiento de las balanzas de pagos, algunos empiezan a señalar con el dedo a la economía española y a la italiana como dos casos en los que el aparato productivo no parece adecuarse como sería debido al entorno de una moneda única, e incluso advierten (los más alarmistas) de la posibilidad de que se vean obligadas a abandonar esta moneda única.

Dejando de lado los problemas estructurales de oferta, que los hay, quisiera insistir en los problemas que aparecen por el lado de la demanda. Uno de los inconvenientes que tiene para la economía la incorporación a la moneda única es que el tipo de interés oficial deja de basarse exclusivamente en las condiciones de nuestra economía y, por tanto, pierde parte de su función informativa sobre los agentes económicos. Dada nuestra elevada inflación, el tipo de interés real es muy bajo, y esto favorece un excesivo endeudamiento de las familias y propicia niveles de consumo demasiado elevados.

El tipo de interés real también afecta a la inversión, que tiende a dirigirse a sectores como la construcción donde este bajo tipo real, en un entorno especulativo, genera importantes rentabilidades a corto plazo, pero va en detrimento de la inversión en el sector productivo. Uno de los puntos débiles de nuestra economía es el escaso avance en la productividad de las empresas, con niveles de I+D entre los más bajos de Europa. A esto hay que añadir que en las últimas décadas la inversión pública no ha primado el factor de eficiencia sino el de redistribución, algo normal dado el punto de partida, pero que debe disminuir a medida que converjan las rentas disponibles de los distintos territorios. Además, también ha cedido con frecuencia a los intereses y rentabilidades políticas, lo que en última instancia es pernicioso para toda la economía. Como ejemplo, que a principios del siglo XXI nuestra economía aún no esté conectada con el resto de la red europea por el tren de alta velocidad es de difícil justificación.

En cualquier caso, es necesario racionalizar las decisiones económicas con un horizonte a medio y largo plazo. Frenar el consumo privado y conseguir una mayor tasa de ahorro privado que permita el aumento de la inversión. Y aumentar la eficiencia de la inversión pública. Todo ello para conseguir un aumento de la productividad de nuestras empresas. De tal manera que nuestra inflación sea sólo fruto de la convergencia real. De lo contrario, la actual euforia consumidora podría suponer, simplemente, pan para hoy y hambre para mañana. Y sin euros para saciarla.