Hacia la definitiva renacionalización de la PAC
Después de la declaración de la Conferencia ministerial de la Organización Mundial de Comercio (OMC) de Hong Kong y del acuerdo del Consejo Europeo sobre las perspectivas financieras 2007-2013 de la Unión Europea, el futuro de la Política Agrícola Común (PAC) se ha despejado en gran medida. No quizás en los trazos finos, pero sí en las orientaciones generales.
En el corto y medio plazo, lo más probable es que la PAC sólo sufra ciertos retoques, forzados por ajustes presupuestarios o por las condiciones que finalmente se firmen en el acuerdo sobre agricultura de la Ronda de Doha. Dichos retoques profundizarán con toda seguridad el proceso de renacionalización política de la PAC iniciado en la Agenda 2000. Un proceso que responde mucho más a la incapacidad del Consejo Europeo para alcanzar acuerdos, agudizada por la ampliación, que a la aplicación del principio de subsidiariedad.
La última prueba la tenemos en el reciente acuerdo sobre las perspectivas financieras 2007-2013, que ha supuesto un retroceso notable para el presupuesto destinado a ayudas al desarrollo rural, retroceso que no deja de ser paradójico ya que justamente las ayudas al desarrollo rural son las que mejor responden a las demandas sociales y, además, no estarán sometidas a compromiso de reducción por parte de los acuerdos de la OMC.
Para superar tal paradoja, se ha acordado que los Estados miembros que lo deseen puedan transferir a la política de desarrollo rural hasta un 20% del gasto en ayudas directas. Dicho de otro modo, una de las grandes opciones de reforma de la PAC, la reducción de las ayudas directas y la transferencia de todo o parte del ahorro generado a las ayudas al desarrollo rural, se deja a la decisión de los Estados miembros, ahondando el proceso de renacionalización de la PAC, consolidado en la reforma de la PAC de 2003, y marcando el camino a seguir en la próxima reforma.
En el escenario más probable para la próxima reforma de la PAC, que entraría en vigor entre 2010 y 2012, la orientación actual de la PAC apenas se modificaría. La manera de conjugar la no reforma profunda de la PAC con la decisión de reducir el peso de la Política Agraria Común en el presupuesto comunitario sería la renacionalización financiera de la PAC, o sea la cofinanciación de las ayudas directas del primer pilar, que ahora son financiadas íntegramente por Bruselas.
Este escenario podría ir acompañado de algún cambio forzado por el acuerdo agrícola de la Ronda Doha, como por ejemplo la profundización de la desconexión productiva, la regionalización y la condicionalidad ambiental de las ayudas directas.
Este escenario es el más probable porque hay un importante grupo de países que están dispuestos a apoyar a sus agricultores mediante las ayudas directas aunque sea a costa de cofinanciarlas.
Es probable, además, que países que ahora son muy críticos con la PAC, como Reino Unido, dejen de serlo cuando se acuerde la cofinanciación de las ayudas directas, dejando al descubierto que el problema no era el anacronismo de la PAC sino lo que le costaba al presupuesto comunitario.
Uno de los problemas de este escenario es que la cuantía final de la ayuda fuese distinta en cada país. En concreto, los nuevos países miembros pueden tener problemas para cofinanciar las ayudas directas, de modo que sus agricultores recibirían ayudas menores. Sin embargo, es posible paliar este efecto negativo mediante el establecimiento de niveles superiores de cofinanciación de la UE para los nuevos socios, como ya se ha hecho con las ayudas financiadas por los Fondos Estructurales. Por otro lado, al ser ayudas desconectadas de la producción, alejadas ya de la política de mercados y más próximas a una política territorial rural, no perturban la concurrencia en el mercado único europeo.
España será uno de los países más perjudicados por la renacionalización financiera de la PAC, ya que el volumen de ayudas directas que perciben los agricultores españoles es muy elevado. En efecto, España es el tercer país perceptor de ayudas directas de la PAC después de Francia y Alemania. La coyuntura económica es favorable en la actualidad para adoptar la cofinanciación de las ayudas directas, pues el Presupuesto del Estado español tiene un notable superávit, en torno al 1% del PIB, y es posible que tal superávit se mantenga en el futuro. Pero aun en ese caso, se debería condicionar este importante aporte del Presupuesto español para la cofinanciación de las ayudas directas, a que el 20% del gasto en ayudas directas se transfiriese a las ayudas al desarrollo rural.
Pero con la nueva generación de estatutos de autonomía que se ha iniciado con el Estatuto de Cataluña, esta decisión y su financiación corresponderá fundamentalmente, aunque no sólo, a las comunidades autónomas.