2006, un buen año para la agricultura
No es malo comenzar el año 2006 con los mejores augurios. En primer lugar, debido a que el Reino Unido tardará bastantes años en volver a ocupar la presidencia de la UE. Además, dado el hábito estadístico de comparar la evolución económica con lo sucedido el año anterior, en agricultura es casi seguro que tendremos un buen año. Yo al menos así lo espero, contradiciendo las cenizas previsiones climatológicas del Ministerio de Medio Ambiente.
También hay que valorar que iniciamos este año con bastantes dudas despejadas. La cumbre de Hong Kong de la Organización Mundial de Comercio (OMC) ha parido un ratón. Ha sido un chasco para muchos, aunque alguno de los compromisos adquiridos podría considerarse como histórico. Así hay que valorar que se haya adoptado 2013 como horizonte para la completa supresión de las ayudas directas o indirectas a las exportaciones agrarias. Desde hace muchos años el GATT, y posteriormente la OMC, debería haberse centrado más en este objetivo.
Efectivamente, el apoyo a las exportaciones de excedentes agrarios de los países desarrollados ha utilizado mecanismos muy variados que, en definitiva, han distorsionado gravemente los mercados mundiales. Tal vez el apoyo más transparente, al tiempo que grosero, hayan sido las denominadas restituciones a la exportación de la UE. Se trata de un puro dumping, siendo los Presupuestos comunitarios los que compensan la diferencia entre los precios de intervención comunitarios y los precios del mercado mundial, habitualmente mucho más reducidos. Dado que, desde la reforma de 1992, la Política Agraria Común (PAC) está restringiendo o suprimiendo los sistemas de intervención en los mercados, estas ayudas a las exportaciones pueden considerarse como un residuo histórico. En la actualidad se trata más bien de un elemento de negociación, para que nuestros competidores desmantelen, a su vez, sus respectivos mecanismos de apoyo a la exportación, algo más sofisticados sin duda.
EE UU practica la entrega gratuita o subvencionada de excedentes agrícolas desde el final de la II Guerra Mundial. Primero fue mediante la Public Law (Ley Pública) 480 y la Ley de Excedentes Agrícolas que beneficiaba a muchos Gobiernos amigos, entre otros a la España franquista con excedentes de soja y su aceite y maíz. Posteriormente se han utilizado los programas de ayuda alimentaria. Sobrepasando el correcto uso de estas en situaciones de excepción se provoca una competencia desleal a los productos indígenas, sustituyéndose producción propia por excedentes agrícolas de los países desarrollados.
Pero también son habituales prácticas más sofisticadas a través de programas de seguros a la exportación, financiación privilegiada, sostenimiento de empresas públicas o semipúblicas que monopolizan ciertas exportaciones agrarias o facilitan infraestructuras comerciales de apoyo. Aún habría que añadir los obstáculos al comercio derivados de medidas fito y zoosanitarias, no siempre suficientemente justificadas, y otras restricciones basadas en normativas específicas de cada mercado singular, como el caso reciente de las introducidas por EE UU para luchar contra el denominado terrorismo alimentario.
No será sencillo llevar a la práctica las decisiones adoptadas en Hong Kong, que requerirán un complejo análisis técnico. Ello demuestra que avanzar en la apertura comercial internacional no es una cuestión simple. En cualquier caso, hay que felicitarse por el acuerdo alcanzado y desear que su aplicación práctica elimine los instrumentos de distorsión más flagrantes.
Además, este 1 de enero entró en vigor la reforma de la PAC en España. Esta nueva política agraria tiene ya, desde su inicio, los días contados. El horizonte previamente establecido, 2013, es ya objeto de disputas internas en la UE y es muy probable que sufra recortes presupuestarios y una revisión en profundidad no más tarde de 2010. Ciertamente restan aún por despejarse incógnitas trascendentales, especialmente el grado de recorte arancelario que se acuerde en la Ronda Doha, así como las reformas pendientes en los sectores del vino y frutas y hortalizas, tan sensibles para la economía agraria española.
De cualquier modo, es evidente que avanzamos hacia un escenario de competitividad creciente en el que será necesario mantener y elevar la eficiencia y profesionalización de nuestras empresas agrarias y agroalimentarias, sus sistemas organizativos y su integración intersectorial.
Una buena parte del complejo agroalimentario español está en condiciones de lograr su inserción en los futuros mercados. Otra cuestión distinta es el futuro de amplios espacios rurales que progresivamente van a quedar en la marginalidad económica. Ese ya es un problema político y de ordenación del territorio inevitable con las actuales tendencias de la política económica europea.