Indudablemente, de todos y para todos

El debate del agua no es nuevo y se presenta de forma recurrente en la historia política de nuestro país. Las comunidades del arco mediterráneo tienen un importante déficit hídrico. Y, al mismo tiempo, la riqueza natural de la península Ibérica hace que existan otras cuencas excedentarias.

La consideración del agua como recurso natural, elemental y básico, se presenta como una cuestión incontrovertida. Naciones Unidas la califica como un bien público indispensable y el acceso a la misma como un derecho humano imprescindible. Es evidente que el agua como recurso indispensable para la vida del planeta y del propio ser humano es de todos y para todos.

Que en España el agua es un bien público nadie lo puede poner en duda. Por lo tanto, el debate sólo se puede generar en cuanto a las modalidades de su gestión. Varias han sido las soluciones que se han planteado a una cuestión tan conflictiva. El Partido Popular aprobó el Plan Hidrológico Nacional (PHN) como solución definitiva e integral para resolver de la forma más racional y respetuosa una cuestión fundamental para la prosperidad nuestro país.

Un proyecto que contaba con el respaldo y el consenso necesario y que aunaba toda la experiencia adquirida a lo largo de años de estudio y debate. Un ejemplo de justicia y de solidaridad interterritorial con un planteamiento bien sencillo: trasvasar el agua que sobra en unas regiones a las regiones que realmente la necesitan. Y en esa política, llevar los excedentes del Ebro hasta la Comunidad Valenciana, Murcia, Almería y Barcelona era el principal trasvase de solidaridad.

El Gobierno de Rodríguez Zapatero, en un preludio de su fragilidad y de su particular concepción de España, lo primero que hizo fue liquidar este trasvase a toda prisa, mediante su derogación. No tuvo en cuenta ni las advertencias de riesgo de sequía, ni planteó ninguna alternativa, salvo su promesa-eslogan de más agua, más barata y en menos tiempo, que en sólo un año y medio ha quedado totalmente desacreditada.

He intentando entender por qué se han planteado opciones claramente contrarias a nuestros intereses que, además, son opciones que no benefician a nadie.

He intentado comprender porqué se han tomado decisiones inexplicables como parar la ejecución de un trasvase, o modificar el trazado de otro cuya ejecución está prácticamente a la mitad.

He intentado descifrar alguna clave oculta en propuestas tan alejadas de la realidad y del sentido común, cuyas consecuencias son un derroche de energías, dinero, tiempo y oportunidades.

Y después de mucho esforzarme, ni entiendo, ni comprendo, ni descifro tanto despropósito.

La ministra de Medio Ambiente se ampara actualmente en una supuesta política comunitaria para demonizar los trasvases, que antes ella misma apoyaba, propugnando actualmente una política basada en la autarquía hídrica, es decir que cada comunidad autónoma se autoabastezca. Sin embargo, precisamente la construcción europea si por algo se ha caracterizado ha sido por ser un proyecto de solidaridad, basado en la planificación racional y la puesta en común de los recursos estratégicos.

Cuando la necesidad es indiscutiblemente de primer orden, la discusión no debería ser política, sino técnica. ¿Acaso alguien pone en duda la necesidad de repartir la energía eléctrica desde las zonas donde se produce hasta las que se consume, que son todas?

Prefiero la solidaridad y la entrega por los demás a la sinrazón de la autarquía. æpermil;sta únicamente conduce a la fragmentación, la ruptura y al enfrentamiento entre comunidades por el agua, que siempre será un bien escaso. La Comunidad Valenciana es un territorio solidario y pide solidaridad.

En la Comunidad Valenciana siempre hemos defendido una política de ahorro y eficiencia para optimizar el uso del agua. Hacemos un importante esfuerzo económico en las redes de abastecimiento y distribución, en la depuración, en la reutilización y en la modernización de los regadíos. Las políticas desarrolladas fomentando el uso responsable del agua, nos han permitido ser la única comunidad autónoma que ha reducido el consumo de agua agrícola durante el pasado año. Además, el 50% de las hectáreas de regadío se han transformado a riego localizado, mientras que en el resto de España sólo se ha actuado sobre una quinta parte de nuestro logro. Con ello hemos conseguido ser una de las comunidades más eficientes en cuanto al nivel de producción por hectómetro cúbico. Por si esto fuera poco, durante este año invertiremos 700 millones de euros en paliar la sequía, más del doble de lo que gastará el Gobierno central en toda España.

Pero todo ello no es suficiente. La Comunidad Valenciana necesita agua y los trasvases son necesarios y el del Ebro es vital para las comunidades mediterráneas. Y además, es posible económica y ambientalmente.

El 15% de la economía valenciana gira en torno a la agricultura y necesita agua, igual que la industria y el turismo. No podemos permanecer impasibles mientras se nos dice que los trasvases no son viables, ni desde el punto de vista ambiental, ni económico, y vemos cómo se plantean soluciones imposibles, carentes de toda solvencia.

Por eso apelamos a la seriedad y a la solidaridad colectiva para resolver este problema, que no sólo afecta a una parte de España, sino a todo su conjunto, como ente cohesionado que es. Unidos hemos sido capaces en estos años de alcanzar los mejores momentos y los niveles más altos de desarrollo de toda su historia. Y debemos seguir unidos para distribuir un recurso que es de todos.

Condenar a la sequía a una parte de España violenta el principio constitucional de la solidaridad y pone en entredicho la unidad efectiva de España. Asuntos tales merecen mayor altura de miras.