¿De quién es el agua?

Aquel que controla el agua, controla la vida... es decir, el poder'. Estas palabras, pronunciadas por el teólogo brasileño Leonardo Boff en el Foro Alternativo Mundial del Agua celebrado en Ginebra, cobran enorme significado cuando se observan los efectos devastadores de la sequía.

Agotado el último ciclo húmedo en España, uno de los más prolongados de la historia reciente, la propiedad del agua y cómo debe hacerse su reparto se ha convertido en un motivo más de confrontación territorial, pese a que la legislación vigente es clara: el agua es de dominio público.

Tener o no garantizada la suficiente cantidad para el abastecimiento y los usos agrícolas en los próximos meses es ahora la cuestión capital, sobre todo teniendo en cuenta que las previsiones meteorológicas no son nada halagüeñas y las lluvias que se esperan este otoño no serán suficientes para devolver la calma.

La discusión no es nueva. Históricamente, cada vez que el país ha entrado en un periodo de sequía han surgido colectivos que urgían a elaborar un plan hidrológico nacional, nuevas infraestructuras, la modernización de los regadíos y planes para fomentar el ahorro de agua. Lo cierto es que en el pasado se ha actuado, aunque de manera parcial, en todos esos frentes.

La diferencia con el momento actual es que se está utilizando el argumento de la escasez de agua para enfrentar a unos ciudadanos con otros. Es decir, que ante la constatación de unos recursos escasos, la máxima preocupación es: ¿Cuánta agua me toca a mí? 'Bajo el lema: Nos quitan el agua y nos impiden el desarrollo, cientos de miles de aragoneses se echaron a la calle contra el trasvase del Ebro, sin saber muy bien cómo les perjudicaba, aunque yo con ese lema también hubiera ido', asegura Andrés del Campo, presidente de la Federación Nacional de Comunidades de Regantes.

En junio pasado se introdujo, mediante una enmienda parlamentaria, una modificación de la Ley de Aguas según la cual la Generalitat de Cataluña tendrá potestad para, junto con el Ministerio de Medio Ambiente, decidir sobre la conveniencia o no de todas aquellas obras que supongan una alteración del caudal del Ebro. La recientemente aprobada reforma del Estatuto de Autonomía de la Generalitat Valenciana también reserva un apartado a los derechos de la región sobre las aguas de las cuencas excedentarias. A renglón seguido, el presidente de Aragón, Marcelino Iglesias, ha hablado de la necesidad de 'blindar el Ebro'. Es lo que muchos profesionales del campo llaman 'la contaminación política del agua'.

El Gobierno intenta buscar un consenso, tratando de convencer a las autonomías más beligerantes por la derogación del trasvase del Ebro de que hay agua para todos y podrá seguir existiendo si comienza a gestionarse de forma más adecuada, ya que el aumento demográfico y los nuevos modelos de desarrollo urbanístico han disparado el consumo.

El momento de inflexión llega en 1992. Se constata que el agua no sobra y se abandona la idea de que es infinita. Al mismo tiempo aparece el factor del poder político regional y los territorios empiezan a identificarse cada vez más con sus cuencas hidrográficas. 'El agua tradicionalmente ha vertebrado pueblos. De hecho, los ríos han sido sus fronteras', recuerda el director general del Agua, Jaime Palop.

Esas inquietudes coincidieron, como ahora, con un periodo de larga sequía que no terminaría totalmente hasta 1996-1997. Antes, en 1995, el Plan Borrell, que llegó a entrar en el Congreso, basaba su política de aguas en los trasvases. Hasta 15 llegaron a plantearse, porque entonces la desalación era demasiado costosa e inviable desde el punto de vista de su impacto medioambiental. El cambio de Gobierno un año después impidió la aprobación del plan hidrológico y la llegada de las lluvias pospuso las soluciones una vez más. La economía del país ya había iniciado una sólida recuperación de la actividad que pronto se traduciría en una fuerte creación de empleo y un enloquecido desarrollo urbanístico.

Con la vista puesta en la entrada de España en la Unión Monetaria, el duro ajuste fiscal que emprendió el Ejecutivo impidió una vez más abordar la realización de las grandes infraestructuras hidráulicas pendientes, y con los pantanos al 85% de su capacidad parecía que la polémica, de nuevo, podía esperar.

A finales de la pasada legislatura, el Gabinete del PP logró presentar en el Congreso un nuevo Plan Hidrológico Nacional que en buena parte de sus actuaciones contaba con el consenso general de las principales fuerzas políticas, excepto en el caso de su actuación estrella: el trasvase del Ebro hasta Almería. Algunos sectores del PSOE mostraron desde el inicio su férrea oposición al proyecto debido a su elevado coste medioambiental y lograron el compromiso de José Luis Rodríguez Zapatero para derogar la medida si obtenía la victoria en las elecciones de 2004.

Una vez paralizado el trasvase, con la amenaza en ciernes de un nuevo periodo prolongado de sequía y con la llegada de las primeras restricciones en el suministro, la batalla político-territorial parece que no ha hecho más que empezar.

El Ministerio de Medio Ambiente defiende que el programa AGUA contiene una serie de actuaciones que posibilitarán a toda la cuenca mediterránea recibir más agua que con el trasvase, a un coste asequible y con un menor impacto medioambiental.

Por contra, el PP y numerosos colectivos agrarios aseguran que se han vuelto a perder otros 10 años en la política de aguas, se ha paralizado la planificación hidrográfica del país con el cambio de Gobierno y se ha apostado por las desaladoras sin tener en cuenta su coste energético y el problema que plantean por la eliminación de la salmuera.

Teniendo en cuenta que, de todo el agua que existe en el mundo, sólo el 3% es potable y de ese porcentaje sólo el 0,7% es accesible al consumo humano, cada vez más expertos reclaman no sólo un plan de obras hidráulicas, sino un gran pacto mundial para cambiar la gestión que se hace de ese agua, con el fin de lograr una utilización más coherente, racional y eficiente 'sin tener que mirar al cielo'.

En el caso particular de España, el Gobierno insiste en que si se quiere mantener una agricultura competitiva y un sector turístico de calidad, no se puede seguir basando la política de aguas únicamente en los métodos tradicionales que ya emplearon egipcios y romanos, como los trasvases. Por contra, la reutilización y depuración de aguas y el análisis en profundidad de cuánta agua subterránea hay se convierten en las estrategias alternativas. Todos los que reclaman el trasvase del Ebro están de acuerdo en ello, pero advierten que si se siguen dilatando las decisiones, habrá que volver a los trasvases y, entretanto, ha llegado una nueva sequía.