EDITORIAL

Retoques para el Estatut

El Parlamento catalán aprobó el viernes un proyecto de reforma del Estatut que cuenta con el apoyo de todos los grupos representados en la Cámara excepto el Partido Popular. Nos encontramos, pues, ante un documento que goza de amplio respaldo social y político en Cataluña. Sin embargo, existen serias dudas sobre la constitucionalidad de varios de sus artículos, incluidos los relativos al sistema de financiación autonómica.

El texto propone que Cataluña recaude, gestione e inspeccione todos los tributos en su territorio, ya sean autonómicos o de ámbito estatal. La comunidad autónoma aportaría al Estado central una cantidad por los servicios que éste le presta, más otro fondo en concepto de 'solidaridad' con el resto de las regiones. El modelo se asemeja bastante al 'cupo' de las Haciendas forales vascas y la navarra. Un derecho histórico que de ninguna manera puede extenderse exclusivamente a determinadas regiones de primera división, en detrimento del resto, y que difícilmente puede implantarse en todas y cada una de las comunidades autónomas.

El tripartito argumenta que Cataluña, a diferencia del País Vasco y Navarra, establecerá un fondo de solidaridad con el resto de las comunidades. Pero dicho fondo sería negociado bilateralmente entre Madrid y la Generalitat. Es decir, que la solidaridad pasaría a negociarse vis à vis, en lugar de hacerse con carácter multilateral a través del Consejo de Política Fiscal y Financiera, que agrupa al Gobierno central y las 17 comunidades. Cataluña ya no tendría que rendir cuentas ante el resto de los Ejecutivos regionales, que habrían de conformarse con lo pactado por la Generalitat y el Gobierno central.

Cataluña, al igual que las demás comunidades, tiene todo el derecho a exigir un modelo de financiación eficiente, en el que goce cada vez de mayor poder en la gestión de sus tributos. El camino correcto es avanzar en la corresponsabilidad fiscal, la autonomía del gasto y una creciente capacidad normativa en materia de impuestos. Pero avanzando todos juntos, sin privilegios ni rupturas.

El presidente catalán, Pasqual Maragall, dijo hace meses que el Estatut pasaría sin problemas el filtro del Parlamento nacional porque, según señaló, 'no pediremos la luna'. Sin embargo, la dura negociación mantenida con los socios de ERC y la necesidad de contar también con el apoyo de CiU ha llevado al PSC a aceptar un documento que bordea en varios puntos el marco de la Constitución.

A menos que se opte por una reforma constitucional que implante un modelo federal (algo para lo que no parece haber apoyo mayoritario en el país), el Parlamento nacional tiene no sólo el deber, sino también la obligación de retocar en profundidad el proyecto de Estatut remitido el viernes. Será un proceso largo y proceloso en el que los grupos parlamentarios, especialmente los catalanes, deberían huir de la estridencia política. Una vez presentado a bombo y platillo ante sus votantes el estatuto que querrían, el PSC y sus socios deberían bajar de la luna, poner los pies en la tierra y volcarse en conseguir el mejor de los estatutos posibles dentro del marco de la Constitución.