COLUMNA

Confiando en ETA

Con agosto parece instaurarse un sosiego benéfico. El Gobierno y la clase política descansan e incluso los medios de comunicación parecen haberse puesto el bañador. Buen momento para recordar que han pasado casi tres meses desde que el Congreso aprobó una propuesta del Gobierno para dialogar con ETA si esta manifestaba 'una clara voluntad para poner fin a la violencia'. Dicha resolución provocó un abanico de reacciones y originó preguntas cuya respuesta ha sido confusa, amén de algunos artículos en favor de la iniciativa. Esa defensa puede resumirse así: una vez que ETA renuncie formalmente a la violencia podremos negociar las medidas de gracia para sus presos y todo ello porque no sólo se abre la oportunidad de alcanzar la paz sino, también, porque no puede ignorarse el respaldo electoral que miles de vascos otorgan a las organizaciones afines a ETA.

Poco o nada se aclaraba respecto a si la renuncia a la violencia suponía entrega de las armas -algo que está por ver si el IRA cumple después de su anuncio del pasado 28 de julio- y cese de todo tipo de coacciones -como la kale borroka, renovada por la combinación de una inaudita sentencia judicial, la proverbial ineficacia de la Ertzaintza y el equívoco creado por la 'oferta de diálogo' lanzada por el Gobierno-. Tampoco se explicitaba si las medidas de gracia se adoptarían sin que los condenados por los tribunales cumpliesen con los requisitos legales para su reinserción y se eludía el espinoso punto de si estamos dispuestos a aceptar que esos miles de votantes puedan seguir manifestando sus preferencias por organizaciones políticas que se niegan a confesar que el terrorismo es incompatible con la libertad y el libre funcionamiento de la democracia.

En todo caso, ETA no ha dado signo alguno de abandonar la violencia, más bien lo contrario. Y si alguien albergaba dudas respecto a sus intenciones, el plan requisado en el momento de la detención a Mikel Antza -el máximo dirigente etarra- muestra que las pretensiones de la banda para decretar un alto el fuego equivaldrían a la rendición de los Estados español y francés ante un grupo de asesinos. Pero no es fácil convencer a quienes niegan la realidad y defienden un cambio de actitud de la banda señalando que lleva más de dos años sin matar, ignorando que se trata de una hábil añagaza de ETA, que ha percibido que le resulta más rentable un terrorismo blando porque la violencia mortal es ahora patrimonio del islamismo radical y, además, ello uniría, al menos momentáneamente, a los dos grandes partidos democráticos -PSOE y PP-.

Si ETA no mata, es porque ha percibido que le resulta más rentable el terrorismo blando y asesinar uniría a PP y PSOE

La otra pieza de la trampa terrorista consiste en trasformar su derrota militar en una victoria política, convirtiendo a sus representantes parlamentarios -antes Batasuna, hoy el PCTV- en un elemento imprescindible en la escena política vasca, con legitimidad para negociar concesiones que ETA no ha sido capaz de arrancar violentamente. Y ello nos conduce a una terrible paradoja, ignorada por los defensores del diálogo con los terroristas. A saber, que jugando con la lógica ansia de paz y de evitar nuevas víctimas se empieza a justificar la impunidad de los asesinos, se les concede gratis una baza negociadora crucial -la excarcelación de sus presos- y se acaba aceptando una negociación política -la conocida como propuesta de 'las dos mesas'- sin que ETA haya desaparecido y con ella el clima de violencia y falta de libertades que sufren miles de vascos hoy. Pero aún hay más. Quienes aseveran que el proceso de paz con ETA se reduce a un acuerdo político sobre los presos están avalando un chantaje sobre las víctimas en particular y sobre la sociedad en general. En otras palabras, mediante un silogismo perverso están transformando los deseos de paz en un instrumento de coacción.

No discuto las buenas intenciones de quienes han propugnado y apoyado la iniciativa del jefe del Gobierno y la mayoría del Congreso. Afirmo, simplemente, que el abandono de la política de cerrar puertas a la violencia etarra, mostrando a esa organización la ineficacia de violencia a favor de un ambiguo diálogo, no sólo puede entenderse por los asesinos y sus portavoces políticos como una legitimación del terrorismo -ETA ha creído siempre que sus crímenes refuerzan su capacidad negociadora- sino que provocará, como ya ha comenzado a suceder, una división entre los partidos democráticos y una presión injusta sobre las víctimas, cuyo dolor se agrandará al pedirles -o imponerles- que acepten convivir con los asesinos de sus deudos sin que éstos hayan pedido perdón y pagado el precio que la ley impone para su reinserción en una sociedad a la cual desde hace tantos años han intentado aterrorizar.