La CE exige a España que suprima el blindaje de Telefónica, Repsol y Endesa
Bruselas amenazó ayer con denunciar a España ante el Tribunal de Justicia de la UE si no acata la sentencia que anuló la acción de oro que el Estado mantiene en Telefónica, Repsol y Endesa. La Comisión Europea considera que las reformas introducidas en el mecanismo siguen sin respetar la ley comunitaria.
La saga de la acción de oro que el Estado mantiene desde 1995 en algunos de los antiguos monopolios privatizados se aproxima a su fin. Y lo hace, curiosamente, con un ministro de Economía, Pedro Solbes, que ocupaba la misma cartera en el Gobierno que adoptó la disposición original.
La Comisión Europea emitió ayer un ultimátum contra el Gobierno actual para que acate de una vez por todas la sentencia del Tribunal de Justicia europeo de mayo de 2003. Ese fallo declaró ilegal los derechos de veto y autorización que el Gobierno se había reservado sobre los posibles cambios en la estructura accionarial de las empresas recién privatizadas.
La sentencia debía haber supuesto el fin adelantado de las acciones de oro sobre Repsol (que expira en febrero de 2006), Telefónica (agosto 2007) y Endesa (2007). Pero el entonces ministro de Economía, Rodrigo Rato, se limitó a retocar la normativa sin eliminar del todo la discrecionalidad otorgada al Gobierno y la falta de garantías para el inversor que el Tribunal había rechazado. La Comisión también amenazó ayer con denunciar ante los jueces comunitarios otra polémica norma aprobada a instancias de Rato. Se trata de la llamada ley EDF diseñada para frenar las incursiones del gigante energético francés en el mercado español. El Tribunal acaba de anular una ley similar adoptada por el Gobierno italiano.
Bruselas continúa así su larga batalla contra los reflejos proteccionistas de algunos gobiernos, a los que acusa de obstaculizar, invocando razones de interés nacional, la libre circulación de capitales consagrada por el Tratado de la UE.
Los jueces comunitarios han secundado hasta ahora la ofensiva de la Comisión. El Tribunal ya ha anulado la acción de oro de los Gobiernos francés (Elf Aquitaine, integrada hoy en la petrolera Total), portugués (de carácter general para evitar las inversiones extranjeras, especialmente, las españolas) y británico (en BAA, el organismo aeroportuario). Sólo Bélgica, con una medida legislación para proteger ciertos 'activos estratégicos' ha logrado superar el examen judicial con su acción de oro sobre el sector energético.
En España, el vicepresidente del Gobierno, Pedro Solbes, ha mostrado ya su disposición a acatar la sentencia. Pero por si acaso, la CE mantiene la presión.
Bruselas denuncia la falta de legislación energética
España figura entre los cinco países a los que ayer denunció la Comisión Europea ante el Tribunal de la UE por no haber incorporado al derecho nacional, dos años después de que expirase el plazo, las directivas sobre liberalización de los mercados energéticos. Las normas ofrecen a los clientes industriales la posibilidad de elegir suministrador a partir del 1 de julio de 2004, y a los particulares, tres años después. España cumple esos objetivos. Pero el departamento comunitario de Energía, que dirige el comisario europeo de Energía, Andris Piebalgs, recordó ayer que la liberalización debe ir acompañada de 'normas para mantener la calidad del servicio, garantizar el suministro y proteger a los clientes más vulnerables'.