Las comunidades deberán subir impuestos para pagar la sanidad
El Ejecutivo ya maneja un documento con las guías maestras del nuevo modelo de financiación para la sanidad, en el que se hace descansar la obtención de nuevos recursos sobre el aumento de la capacidad normativa de los impuestos ya cedidos a las comunidades autónomas.
El documento ha sido coordinado por orden del presidente del Gobierno por la responsable de Economía del PSOE, Inmaculada Rodríguez-Piñero, su secretario de Política Institucional, Alfonso Perales, y la secretaria de Bienestar Social, Matilde Valentín. Ya ha sido revisado por el vicepresidente Pedro Solbes, la ministra de Sanidad, Elena Salgado, y el jefe de la Oficina Económica de Presidencia, Miguel Sebastián. Sus propuestas son concebidas desde el Gobierno como una base para alcanzar un pacto de Estado que encauce de forma definitiva la financiación de la sanidad, problema que ha conducido a las comunidades a un déficit superior a los 5.000 millones de euros a finales de 2003.
Entre las iniciativas más novedosas que ya están siendo trasladadas por el Gobierno a las comunidades destaca la transferencia de una mayor capacidad normativa sobre los impuestos que ya tienen cedidos, con el fin de dotarlas de mayor autonomía fiscal y, por tanto, de un margen más amplio para decidir sus ingresos. En la actualidad, las comunidades ya gestionan el tramo del 33% del Impuesto sobre la Renta, porcentaje que podría elevarse hasta el 50%, el de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, el de Patrimonio, los tributos sobre el Juego y el Impuesto especial sobre determinados medios de transporte, junto al impuesto sobre las ventas minoristas de algunos hidrocarburos.
Actuar sobre los impuestos especiales
Parte de los nuevos recursos se obtendrán del aumento de los impuestos que gravan tabaco y alcoholes
La principal novedad que defiende el Gobierno se basa en el aumento del margen legal que ya tienen las comunidades para modular algunas deducciones y las tarifas de estos impuestos y en la introducción de capacidad normativa sobre los impuestos especiales que gravan la gasolina, el tabaco y el alcohol. En la actualidad, el llamado céntimo sanitario permite a las regiones recargar un máximo de 2,4 céntimos por litro de combustible, cifra que se elevará. Cinco de ellas ya lo aplican para financiar su sanidad.
La propuesta sintoniza con la reforma que Pedro Solbes prevé abordar más adelante en el modelo general de financiación autonómica, con la que el Gobierno pretende que las comunidades puedan fijar, incluso, sus techos de gasto, pero también disponer de un mayor margen para decidir sus ingresos.
El probable retraso a septiembre de la Conferencia de Presidentes motivado por la tardía elección de Emilio Pérez Touriño como titular de la Xunta perjudica el calendario de Hacienda puesto que no podrá incorporar con tanta comodidad como preveía el posible acuerdo sobre financiación sanitaria a los Presupuestos de 2006. No obstante, el Gobierno intentará acercar posturas con las comunidades en el próximo Consejo de Política Fiscal, antes de que finalice julio, con el fin de que el acuerdo pueda llegar encauzado a la Conferencia de Presidentes.
Madrid, Baleares y la comunidad valenciana, tres territorios gobernados por el PP, figuran entre los que acumulan más déficit por culpa de las prestaciones sanitarias y son, por tanto, algunos de los más interesados en que haya acuerdo. En fuentes gubernamentales se percibe que éste dependerá más de la voluntad política de la actual dirección del PP que de problemas técnicos, ya que todas las comunidades, con independencia de su signo político, quieren solucionar el problema cuanto antes. El papel de oposición que está ejerciendo la ex ministra de Sanidad del PP Ana Pastor se percibe como uno de los principales obstáculos para que pueda alcanzarse un pacto.
Déficit con distintos orígenes
La propuesta del Gobierno de aumentar la capacidad normativa sobre los impuestos cedidos implica el reconocimiento de que los déficit acumulados tienen distintos orígenes, según las comunidades, pero no siempre han sido generados por una mala gestión. De hecho, el documento que está sirviendo de guía maestra para la negociación con los distintos gabinetes autonómicos reconoce que los principales factores que han disparado el gasto sanitario no se corresponden con una evolución suficiente de los recursos financieros asignados a las comunidades por el modelo de financiación autonómica aún vigente.
Desde 1999, año base del modelo vigente, la evolución global de la financiación sanitaria ha sido inferior al PIB nominal. Entre este ejercicio y el de 2002, el gasto sanitario público creció un 24%, lo que representa tres puntos porcentuales por encima del crecimiento económico.
Hacia la implantación de un sistema de información obligatorio
El informe que se ha coordinado desde la Ejecutiva federal del PSOE aboga por optimizar los recursos públicos invertidos en el sector sanitario y para ello propone una serie de medidas. Entre ellas figura la implantación en todas las comunidades de un sistema de información obligatorio que permita de forma ágil y transparente conocer resultados, en términos de eficacia y eficiencia, para su análisis y comparación entre el conjunto de los territorios. Ello contribuiría, a juicio del Gobierno, a tener referencias más claras sobre los servicios y las prestaciones sanitarias que se dan en cada comunidad.Para el PSOE, resulta primordial extender al ámbito sanitario unos métodos de evaluación sistemáticos y rigurosos que permitan conocer si se obtienen los máximos beneficios de los recursos destinados al sector.A través de estos métodos, se defiende en el informe, será posible obtener retornos significativos tanto en la práctica clínica como en los métodos organizativos y de gestión adoptados en el sistema nacional de salud.
El Ejecutivo intentará implicar en el acuerdo a empresarios y sindicatos
La gran apertura de miras y la plena disposición al diálogo con la que la Ejecutiva socialista y el Gobierno están trabajando en la reforma de la financiación sanitaria les va a llevar a trasladar sus propuestas no sólo al conjunto de las comunidades autónomas, sino también a los sindicatos, los empresarios y a las asociaciones científicas y profesionales del sector sanitario, antes de que se celebre la Conferencia de Presidentes en la que se abordará dicha reforma.Fuentes gubernamentales admiten que en esta cuestión será trascendental un acuerdo con el Partido Popular, formación que gobierna en seis de las 17 comunidades después de haber perdido Galicia en las recientes elecciones autonómicas.Para limar asperezas, una de las bases de partida de la negociación descansa en la premisa de que el esfuerzo presupuestario y fiscal que supondrá el aumento de recursos deberá ser compartido entre el Gobierno central y las comunidades. Uno de los problemas a resolver reside, precisamente, en qué parte pone el primero para aliviar el déficit acumulado.
Más funciones para el Consejo Interterritorial de Salud
El Consejo en el que se sientan los consejeros de Sanidad de las 17 comunidades autónomas es fuente de continuos choques entre los territorios gobernados por partidos de distintos signo, especialmente desde que el PP perdió las elecciones. Para superar esta situación, el Ejecutivo está trasladando a las comunidades la necesidad de convertir este Consejo en un auténtico órgano de gobierno del servicio nacional de salud, en el que todos los territorios se sientan parte y corresponsables. Ello obligará a repensar el actual Consejo Interterritorial en la línea de otros organismos sanitarios similares existentes en países como Suecia o Canadá.Esta reforma del Consejo permitiría que pudiera decidir, por ejemplo, sobre la implantación de nuevas tecnologías sanitarias en todo el Estado con cargo a los Presupuestos Generales y a los de las distintas comunidades.El documento se decanta también por reforzar las inversiones en recursos técnicos y en infraestructuras con cargo a los Presupuestos estatales y regionales, teniendo en cuenta la situación heredada.
Medidas para reducir el gasto sin disminuir la eficiencia
El documento aborda aspectos que van más allá de la mera financiación sanitaria y aspira a tener un recorrido más largo a través de los oportunos acuerdos con las distintas comunidades. Para racionalizar el gasto apuesta por ocho medidas, entre ellas la elaboración por el Consejo Interterritorial de Salud de un marco de referencia de buenas prácticas de gobierno y gestión. También aboga por implantar 'herramientas gerenciales' más acordes con la realidad para dotar a los centros asistenciales de la figura jurídica adecuada que les permita una mayor autonomía de gestión, siempre dentro del ámbito público.El Gobierno se decanta, asimismo, por establecer mecanismos de compras centralizadas para rebajar los costes en la adquisición de productos farmacéuticos y de los equipamientos médicos. Para ello se crearían unidades interautonómicas de compras.También defiende un nuevo plan estratégico de política farmacéutica, el reforzamiento de la coordinación entre comunidades, un mayor control de las contrataciones externas y nuevos programas de medicina preventina.