Compromiso para reducir la distancia con la Unión Europea
En España, el gasto sanitario no supera el 7,5% del Producto Interior Bruto, mientras que la media de la Unión Europea ronda el 8,3%. Esta realidad lleva al Gobierno a incorporar a su propuesta de negociación con las comunidades dos principios básicos: el planteamiento en términos estratégicos de una senda de aumento de recursos que permita reducir esta distancia con la media comunitaria y, en segundo lugar, el mantenimiento de una garantía de crecimiento de los recursos financieros del sistema sanitario de acuerdo con el PIB nominal.
Además de proponer el aumento de la capacidad normativa sobre los Impuestos cedidos, el documento con el que trabaja el Gobierno plantea la creación de un nuevo fondo para la mejora de la financiación sanitaria que garantice la igualdad en todo el sistema nacional de salud. Sus recursos ayudarían a reducir las desigualdades existentes entre comunidades en los principales indicadores sanitarios, el principal de ellos derivado del aumento de población, y a compensar los desajustes entre la evolución de sus necesidades de financiación y los ingresos tributarios. Como la evolución de la población es una de las variables más importantes a tener en cuenta, desde el Gobierno se ve razonable considerar también otros aspectos relacionados con ella como la dispersión de los habitantes, la superficie, las zonas de montaña o la insularidad.
El Ejecutivo considera plausible fijar algunos condicionantes para el acceso de las distintas regiones a este fondo, como pudiera ser la medición del esfuerzo fiscal, el cumplimiento de la obligación de aportar información sobre gasto, personal, instalaciones, equipamientos y actividad sanitaria, o bien la imposición de techos en el crecimiento de la masa salarial de los presupuestos destinados a sanidad. Es evidente que algunas comunidades han elevado muy por encima de la media el salario de los médicos de la sanidad pública.
El Gobierno propone una tarjeta sanitaria individualizada para todo el Estado
Se prevé crear un fondo para reducir las desigualdades entre territorios
En el documento que ha empezado a ser entregado a los responsables de Sanidad de las distintas comunidades, se apuesta también por revisar la regulación del fondo de cohesión sanitaria, con el fin de que cumpla su papel compensador y sirva para garantizar que financia servicios básicos y comunes a todos los territorios. Si las comunidades están de acuerdo, en la nueva regulación se tendrían en cuenta todos los supuestos que implican los gastos de los ciudadanos desplazados. Para que la cohesión sea efectiva, el informe propone la introducción de una tarjeta individual sanitaria compatible en todas las comunidades autónomas.
El problema que genera la atención sanitaria a los ciudadanos desplazados a otras comunidades, sobre todo en periodo vacacional, y los pagos a cuenta entre la Administración central y las distintas regiones tienen que ser solventados, según el Gobierno, sin que suponga costes añadidos para las comunidades.
Atención a extranjeros
En el caso de la asistencia a extranjeros, los autores del documento proponen que los saldos netos por asistencia sanitaria puedan asignarse al Instituto Nacional de la Seguridad Social, a la vista de la dificultad de identificar en cada ejercicio el origen y destino de los desplazados que reciben la atención. Al final de cada ejercicio, se distribuirían los saldos netos por prestaciones sanitarias en función de la comunidad autónoma de residencia de estos ciudadanos, a partir de los datos que publica el Instituto Nacional de Estadística.
En el caso de la cobertura de accidentes laborales y enfermedad profesional, el Gobierno propone evitar costes de gestión mediante el establecimiento en cada ejercicio de un porcentaje de cuotas recaudadas que correspondan a los costes reales de las contingencias atendidas por el sistema nacional de salud, con el fin de transferirlas posteriormente a las comunidades que hayan sufragado estos gastos.